¿Acaso han caído en la trampa de la "verdad" según las televisoras, que tienen como objetivo desacreditar al único órgano del Estado capaz de meterlas en orden? El IFE, obligado a vigilar que los medios no reciban "gratificaciones" por coberturas especiales a determinados candidatos, y facultado para distribuir los espacios publicitarios para la transmisión de spots de campañas, es el enemigo a vencer por las televisoras. Para ellas es imprescindible desautorizarlo.
Lo han intentado a través de incontables recursos legales en contra de sus decisiones. Han pretendido revertir las reformas electorales, y para ello se han servido -o les han sido favorables- de las opiniones vertidas por muchos que han clamado en contra de dichas reformas como atentado a la libertad de expresión.
Han buscado librarse de sus obligaciones atreviéndose a hacer reformas a las reformas, como el dictamen que hace poco más de 15 días fue aprobado en apenas 10 minutos por el pleno de la Cámara de Diputados; iniciativa que seguramente habría sido enviada y aprobada por el Senado si no hubiese sido por la indignación generalizada que consiguió lo imposible: frenar la reforma. Así, en un insospechado revés para las televisoras, el mismo pleno de la Cámara baja ordenó no enviar la iniciativa al Senado por encontrar vicios de procedimientos y "dudas de constitucionalidad".
Y la más reciente afrenta, que no será la última: por un lado, la decisión del dueño de TV Azteca de no transmitir el debate de los candidatos a la Presidencia de la República, sino un partido de cuartos de final de la liguilla, entre los Tigres y el Morelia, equipo del que también es propietario; y por el otro, la decisión de Televisa de hacerlo en el Canal 5, de mucho menor alcance nacional.
Es pertinente aclarar que la fecha y la hora del debate fueron acordados por los representantes de los candidatos presidenciales y que, antes de que se definieran los equipos que disputarían la liguilla, el IFE informó del acuerdo a las televisoras y a la Federación Mexicana de Futbol, pidiendo valorar la posibilidad de no programar encuentros en ese poco habitual horario.
Y si bien nadie puede sentirse sorprendido de que el autor del "Chiquihuitazo" sea capaz de confrontar al Estado -utilizando para ello su control sobre concesiones de bienes de la nación-, sí asombra que existan quienes justifiquen esa posición bajo el argumento de que está en su derecho "empresarial".
Les quiero recordar que las señales que le permiten a ese "dueño" transmitir la programación de sus canales son concesionadas por el Estado y están sujetas a las condiciones establecidas en la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece que "la radio y la televisión tienen la función de... fortalecer las convicciones democráticas..." (entre las que no se encuentran los partidos de futbol). Es cierto que la Secretaría de Gobernación podría obligar a las televisoras a "transmitir informaciones de trascendencia para la nación", pero encomendarse a ese santo no permite esperar ni un milagro: con las elecciones en puerta, no hay duda de que "su juicio" se verá obnubilado por el miedo a contrariar a los medios.
Pero hay más detrás de la decisión de TV Azteca o la de Televisa. El candidato puntero está seguro, promoviéndose a través de spots que apenas proyectan una imagen. Él o su equipo decidieron participar en apenas los dos debates organizados por el IFE, reduciendo al máximo el riesgo de verse confrontado con ideas y sin teleprompter. A los otros candidatos no les queda más que intentar exhibir la vacuidad y la falta de propuestas en esas dos únicas ocasiones.
Siendo uno de los dos únicos debates a los que todos los candidatos accedieron, es obvio que su transmisión con cobertura nacional no es un asunto frívolo que pueda ser definido en términos de rentabilidad para las televisoras: es una cuestión de interés y prioridad nacional. Esto es, a menos de que alguien se atreva a defender que el resultado del juego entre los Tigres y el Morelia lo es más. Para ellos sí, ni qué decir. Pan y circo para el pueblo.
Leído en http://www.reforma.com/editoriales/nacional/656/1310113/
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