La doctora María de Lourdes Chávez Briones analizó minuciosamente pieza por pieza. Desde hace cuatro años el hallazgo de narcofosas contiene la esperanza de localizar a los desaparecidos. Entre las cenizas de uno de los tambos utilizados para quemar cuerpos con gasolina o distintos químicos había únicamente dos piezas para identificar, el resto era imposible. Resultaron ser dos personas cuyo ADN coincidía con dos familiares que desde hacía meses andaban buscando a sus desaparecidos. Ambos decidieron sepultarlos juntos, ya que la ceniza era imposible separarla. No todos han tenido la suerte de estas dos familias.
En México existen más de 10 mil cadáveres sin identificar en cientos de fosas comunes, según denunciaron activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paralelamente, según cálculos oficiales, hay 20 mil desaparecidos, aunque el número se eleva hasta 30 mil de acuerdo a distintas organizaciones no gubernamentales. La cifra crece cada día al igual que el número de muertos.
La esperanza de que esos cadáveres NN (No nombre) puedan ser identificados es mínima. No existe un banco de datos nacional para cruzar datos. Los familiares tienen que vagar de estado a estado repitiendo las pruebas de ADN buscando a los desaparecidos.
En algunas ocasiones las pruebas realizadas en Nuevo León, pueden servir en Coahuila, pero no en Durango, por eso tienen que repetirlas. No hay un protocolo de seguimiento, ni de cooperación entre los estados, ni tampoco la posibilidad de acudir a un archivo nacional que contenga toda la información genética y forense de cada cuerpo. El peregrinar de los familiares por cada anfiteatro del país es una agonía cruel e ineficaz. Los resultados son nulos.
El país esta cubierto de narcofosas bajo el desprecio del gobierno que considera a los cadáveres sin identificar, estorbos que hay que quitarse de encima, supultando en fosas comunes, luego de tres meses de no ser reclamados por nadie, para posteriormente olvidarse de los mismos. El territorio mexicano está cubierto de narcofosas.
En 26 entidades de las 32 que componen el país se han encontrado narcofosas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala en su último informe que las fosas clandestinas de 2007 a la fecha en el país suman ya 321 con mil 271 cadáveres, la mayor parte de ellas sin identificar.
El problema surge a la hora de atender el hallazgo de los cementerios clandestinos. No hay protocolos a seguir en cada uno de los estados; por ejemplo, en Durango el estado que ocupa el primer lugar en número de cadáveres localizados en fosas, un total de 290, algunos son sepultados luego en fosas comunes al no ser identificados, pero sin practicarles la autopsia de rigor y las pruebas de ADN. Esto quiere decir, que en algunas ocasiones los cadáveres NN se van a las fosas comunes sin el número correspondiente de expediente que determine todos los detalles de cada personas para faciliten su identificación: cicatrices, tatuajes, ropa, edad aproximada, ficha dental…
Según las estadísticas se han encontrado narcofosas con importante número de cadáveres en Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. El año pasado se encontraron 211 cementerios clandestinos con 768 cadáveres. Una buena parte de los NN son migrantes centroamericanos. Tampoco existe comunicación entre los departamentos de genética forense de esos países con los distintos estados de la República.
El otro problema es la prevención de las desapariciones. La impunidad invita a la repetición del delito. Más del 40 por ciento de las desapariciones son cometidas por fuerzas del Estado: Ejército, Marina y las distintas policías. Además, el delito de “desaparición forzada” no está tipificado en la mayoría de los estados. Al final del sexenio, México terminará repleto no sólo de narcofosas, sino de fosas comunes. El Estado ha reaccionado tarde ante estos crímenes imprescriptibles y hace tan sólo unos días la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Nueve de los 189 artículos que conforman la ley fueron modificados y se adicionó el artículo 71 para fijar un monto de 500 veces el salario mínimo mensual para reparar el daño. Ahora hay que esperar a que el Congreso apruebe la legislación. No será suficiente, la medida debe ir acompaña de otras acciones.
Además de la tipificación se requiere el fin de la impunidad militar. El Ejército es la institución con mayor número de denuncias por violaciones a los derechos humanos y con el fuero militar poseen una patente de corso que los protege para no ser sujetos a juicio como el resto de los mexicanos. Durante los últimos 37 años, Rosario Ibarra de Piedra se ha dedicado a la búsqueda de más de 600 desaparecidos durante los últimos sexenios. Hace unos días inauguró la Casa de la Memoria Indómita, un lugar que pretende reivindicar la memoria de los desaparecidos que lucharon por valores democráticos que actualmente disfrutamos. Los saldos del sexenio de Felipe Calderón dejan 30 mil desaparecidos.
No serán suficientes ninguna de las medidas, mientras el Estado no cree una Comisión de la Verdad para determinar que paso con ellos y para analizar y entender los estragos de esta guerra. No podemos olvidar a los desaparecidos, porque son nuestros desaparecidos, habrá que seguirlos buscando, hasta encontrar el último. Mario Benedetti lo explica en uno de sus poemas: “Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada, nadie les ha explicado con certeza, si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos…”.
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