Estuvo fuera de lugar el protocolo celebratorio del priismo y las felicitaciones hechas por los jefes de Estado. Menospreciaron el discurso pronunciado por Leonardo Valdés la noche del domingo. Dio las cifras del conteo rápido y recordó algo elemental: los "resultados legales son los que arrojará el cómputo de los 300 consejos distritales" y las cifras finales las dará la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo hará a más tardar el 6 de septiembre, después de revisar las inconformidades. Así pues, en las próximas semanas los equipos de Andrés Manuel López Obrador armarán los expedientes que, como en el 2006, probablemente terminen integrándose en un solo recurso ("madre", se le llamó en el 2006).
Es legal que Andrés Manuel López Obrador exija el esclarecimiento de las irregularidades. Son ridículas las críticas que se le hacen cuando las impugnaciones son normales después de cada elección; entre el 1996 y el pasado 30 de junio los partidos presentaron al Tribunal Electoral 1,022 juicios de inconformidad. Es legítimo que la impugne porque se multiplican los indicios de que hubo irregularidades; tengo meses machacando este punto y presentando información de diverso tipo.
Alianza Cívica ha estado documentando una tendencia a la alza en la compra y coacción. En la federal de 2003, el 3 por ciento de los electores la padecieron; el pasado domingo esa organización desplegó observadores en 21 estados y, según una encuesta levantada con una muestra estadística representativa, el 28.4 de los electores estuvieron expuestos al menos a una práctica de compra y coacción. Las redes sociales y el internet hierven con evidencia que deberán ponderar los partidos de izquierda mientras arman sus expedientes.
Es difícil que la impugnación proceda porque, como me comenta el abogado especializado en asuntos electorales Joel Reyes Martínez, no existen precedentes de que el Tribunal haya modificado los resultados de una elección con tanta diferencia en puntos. Se desprende la importancia de contar con un documento impecable en su lógica y soporte fáctico. Si el Tribunal termina desechándolo, al menos quedará un registro histórico de los agravios contra la democracia cometidos por Peña Nieto y algunos poderes fácticos ante la pasividad de los árbitros electorales.
Por eso, me quedé desagradablemente sorprendido cuando me enteré, gracias a fuentes confiables de la izquierda partidista, de los errores y omisiones cometidos por los tres partidos de izquierda y Morena.
No realizaron estudios propios con la metodología adecuada para documentar los excesos en gastos de campaña, la parcialidad de algunos medios o la compra y coacción. Sus expedientes sobre esos temas, me dicen, se armarán con lo recopilado este domingo y, en el caso de lo sucedido con anterioridad, con la evidencia reunida por el IFE sobre el comportamiento de los medios, con notas periodísticas, con denuncias ciudadanas o con investigaciones independientes.
Otra barbaridad es que se despreocuparon por combatir los ilícitos documentados por organismos independientes. En las elecciones federales del 2009 Alianza Cívica encontró que tres distritos del Estado de México tenían la mayor incidencia de compra y coacción en el país: Valle de Chalco con 56.8%, Toluca con 42.3% y Ecatepec con 38%. Pese a que conocieron esos estudios, la izquierda mexiquense no elaboró programas especiales para frenar o reducir el festival de abusos, tal vez porque no querían que surgiera evidencia de que ellos también los practican.
Estaría finalmente una repetición de lo sucedido en 2006: falló la coordinación entre los tres partidos y Morena y una de las consecuencias que eso tuvo es que, según una de las fuentes consultadas, sólo cubrieron un 63 por ciento de las casillas con representantes de partidos de izquierda (el dato requiere verificación).
El panismo y las izquierdas aceptaron competir con reglas impuestas por el PRI, el gran maestro de la prestidigitación electoral. Por eso rinden malas cuentas a los ciudadanos que les dimos el voto confiando en que lo defenderían. Me irritan ahora esas denuncias virulentas porque pienso en la displicencia con la cual han defendido nuestros votos. Las cúpulas partidistas rebosan satisfacción por ser la segunda fuerza, ¿sabrán representar a sus electores o volverán a dilapidar la energía social despertada?
Es correcto que López Obrador lleve esta elección a tribunales que deben dar certidumbre democrática corrigiendo las irregularidades demostradas. Es incomprensible la reticencia de AMLO a la autocrítica porque, si esta corriente quiere cambiar al país y representar a sus electores, tendrá que transformarse a sí misma. Y rápido.
Fuente: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/664/1326371/default.shtm
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