viernes, 27 de julio de 2012

Elecciones: corrupción y delincuencia. Por José Enrique



Si existió dinero de procedencia ilícita, en la campaña del candidato  Enrique Peña Nieto o del candidato Andrés Manuel López Obrador, o de cualquier otro, significaría que los recursos, y que los intereses criminales de la delincuencia organizada, han penetrado al sistema político mexicano; y que sus intereses estarán representados en el próximo gobierno, es decir, que serán parte del poder político de la nación, y en cualquiera de las esferas de gobierno que hayan penetrado.

Más aún, significaría que los candidatos y sus respectivos partidos políticos, manejaron recursos financieros, “por sí y por interpósita persona”, y “con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”, e “impidiendo [asi], conocer su origen, localización, destino o propiedad”, alentando con ello, las actividades criminales; en los términos prescritos por el artículo 400-bis del Código Penal Federal. Y como este precepto se encuentra en el capítulo de Encubrimiento de dicho Código, también significaría que las actividades del tráfico de drogas, de las personas, del secuestro, y la extorsión, de las organizaciones criminales, como la de los Zetas, de la Familia, la del Cartel del Pacifico, o de cualquier otra, se encuentran ligadas y protegidas por la complicidad de la clase política. Pero al proceso electoral, no solamente llegan los recursos de la delincuencia organizada, o de procedencia ilícita; también los recursos de procedencia lícita, los recursos públicos, y el dinero de la corrupción; que aparentemente menos violenta, no por ello menos importante. Esto es, que el financiamiento público, y los recursos destinados para la educación, la salud, la vivienda o la seguridad pública, también terminan financiando proyectos y carreras políticas. “Los recursos económicos de que dispongan el gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, … se administrarán con eficacia, eficiencia y honradez”, establece la Constitución en el artículo 134. Si el Gobierno Federal o el de la Ciudad de México, utilizaron recursos públicos, para financiar las campañas políticas de sus candidatos; serán tan criminales y corruptos como los otros. Produciéndose así, la entropía del sistema político nacional.

“La corrupción a altos niveles del Estado representa una amenaza para la estabilidad política y social de México, ya que atenta contra la legitimidad y legalidad del mismo Estado. Cuando esta corrupción se vincula con la delincuencia organizada, una amenaza se extiende a la seguridad nacional de México.” Por lo tanto, el sistema político mexicano representa un canal efectivo ‘para que la delincuencia organizada logre “matar dos pájaros de un tiro”: es decir, lavar dinero y a la vez “comprar políticas públicas” que aseguren la protección estratégica de sus grupos criminales.” Escribe Eduardo Buscaglia en “Terrorismo y Delincuencia Organizada”. Ed. UNAM. La “Captura Potencial del Estado”, es un proceso así denominado, por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, que representa una medida de factor de gobernabilidad que evalúa si las políticas públicas de una nación están o no sesgadas por grupos de presión legales o ilegales. En cualquier medida o en la proporción que sea, si las leyes e instituciones de la república no fueron capaces de proteger al sistema democrático y de representación, de la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada; entonces el orden político ha entrado en una etapa profunda de descomposición institucional. Si el sistema financiero, el ejército mexicano, los representantes populares y el sistema de justicia han sido penetrados por el crimen y la corrupción, debería de ser esta, una señalar de alarma, que promueva la unidad nacional y no el pretexto para el enfrentamiento y el cobro de facturas políticas.

Finalmente, el “Lavado de Dinero” se ha venido transformado, de una simple actividad financiera del crimen, a todo un mecanismo a través del cual las organizaciones criminales, logran proteger, ocultar y consolidar el producto de sus delitos, dirigiéndolo hacia la adquisición de recursos materiales y del control político y del sistema legal; para la consecución de sus fines, entre los que se encuentran el fortalecimiento de sus estructuras y capacidades delictivas y la penetración y control de las instituciones públicas de seguridad y justicia.

José Enrique

Editado a petición del autor.

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