Si existió dinero de procedencia ilícita, en la
campaña del candidato Enrique Peña Nieto
o del candidato Andrés Manuel López Obrador, o de cualquier otro, significaría
que los recursos, y que los intereses criminales de la delincuencia organizada,
han penetrado al sistema político mexicano; y que sus intereses estarán
representados en el próximo gobierno, es decir, que serán parte del poder
político de la nación, y en cualquiera de las esferas de gobierno que hayan
penetrado.
Más aún, significaría que los candidatos y sus
respectivos partidos políticos, manejaron recursos financieros, “por sí
y por interpósita persona”, y “con conocimiento de que proceden o representan
el producto de una actividad ilícita”, e “impidiendo [asi], conocer su origen,
localización, destino o propiedad”, alentando con ello, las actividades
criminales; en los términos prescritos por el artículo 400-bis del Código Penal
Federal. Y como este precepto se encuentra en el capítulo de Encubrimiento de
dicho Código, también significaría que las actividades del tráfico de drogas,
de las personas, del secuestro, y la extorsión, de las organizaciones
criminales, como la de los Zetas, de la Familia, la del Cartel del Pacifico, o
de cualquier otra, se encuentran ligadas y protegidas por la complicidad de la
clase política. Pero al proceso electoral, no solamente llegan los recursos de
la delincuencia organizada, o de procedencia ilícita; también los recursos de
procedencia lícita, los recursos públicos, y el dinero de la corrupción; que
aparentemente menos violenta, no por ello menos importante. Esto es, que el
financiamiento público, y los recursos destinados para la educación, la salud,
la vivienda o la seguridad pública, también terminan financiando proyectos y
carreras políticas. “Los recursos económicos de que dispongan el gobierno
Federal y el Gobierno del Distrito Federal, … se administrarán con eficacia,
eficiencia y honradez”, establece la Constitución en el artículo 134. Si el
Gobierno Federal o el de la Ciudad de México, utilizaron recursos públicos,
para financiar las campañas políticas de sus candidatos; serán tan criminales y
corruptos como los otros. Produciéndose así, la entropía del sistema político
nacional.
“La corrupción a altos niveles del Estado representa
una amenaza para la estabilidad política y social de México, ya que atenta
contra la legitimidad y legalidad del mismo Estado. Cuando esta corrupción se
vincula con la delincuencia organizada, una amenaza se extiende a la seguridad
nacional de México.” Por lo tanto, el sistema político mexicano representa un
canal efectivo ‘para que la delincuencia organizada logre “matar dos pájaros de
un tiro”: es decir, lavar dinero y a la vez “comprar políticas públicas” que
aseguren la protección estratégica de sus grupos criminales.” Escribe Eduardo
Buscaglia en “Terrorismo y Delincuencia Organizada”. Ed. UNAM. La “Captura
Potencial del Estado”, es un proceso así denominado, por el Banco Mundial y las
Naciones Unidas, que representa una medida de factor de gobernabilidad que
evalúa si las políticas públicas de una nación están o no sesgadas por grupos
de presión legales o ilegales. En cualquier medida o en la proporción que sea,
si las leyes e instituciones de la república no fueron capaces de proteger al
sistema democrático y de representación, de la violencia, la corrupción y la
delincuencia organizada; entonces el orden político ha entrado en una etapa
profunda de descomposición institucional. Si el sistema financiero, el ejército
mexicano, los representantes populares y el sistema de justicia han sido
penetrados por el crimen y la corrupción, debería de ser esta, una señalar de
alarma, que promueva la unidad nacional y no el pretexto para el enfrentamiento
y el cobro de facturas políticas.
Finalmente, el “Lavado de Dinero” se ha venido
transformado, de una simple actividad financiera del crimen, a todo un
mecanismo a través del cual las organizaciones criminales, logran proteger,
ocultar y consolidar el producto de sus delitos, dirigiéndolo hacia la
adquisición de recursos materiales y del control político y del sistema legal;
para la consecución de sus fines, entre los que se encuentran el
fortalecimiento de sus estructuras y capacidades delictivas y la penetración y
control de las instituciones públicas de seguridad y justicia.
José Enrique
Editado a petición del autor.
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