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| Jaime Sánchez Susarrey |
El contenido del informe es el siguiente:
No se aportan elementos de prueba para acreditar que se presentó la compra y coacción de votos.
Los partidos siempre tuvieron acceso a los medios de impugnación.
Se garantizó la emisión del voto de forma libre y secreta.
No se cuenta con los elementos para determinar si hubo rebase de topes de gastos de campaña.
Las encuestas no son propaganda electoral.
No existe certeza que las tarjetas Soriana y Monex fueron recibidas por los medios que refieren. Su simple existencia no revela que su entrega haya sido condicionada.
Las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista carecen de valor probatorio.
El IFE ha atendido todas las quejas, por lo que no hay omisión o inacción de la autoridad.
Lo anterior significa, en resumen, que la integración de las quejas y las pruebas es completamente insuficiente y no resisten un examen jurídico. A lo que se añaden dos consideraciones fundamentales: la compra y coacción del voto no es causal de nulidad de una elección presidencial, como tampoco lo es que algún partido hubiese rebasado los topes de campaña.
En el segundo caso lo que procede, porque así lo marca la ley, es una multa proporcional al monto con que el partido hubiese rebasado el tope de campaña. Por eso en 2003 se multó al PRI con mil millones de pesos y al PAN con poco más de 300 millones de pesos por haber rebasado los límites en la elección presidencial de 2000.
Esto significa que la demanda de anulación de la elección presidencial no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Aun cuando se demostrara, si efectivamente se aportaran las pruebas, que el PRI rebasó los topes de campaña, lo que procedería legalmente sería una multa. Nada más.
Por otra parte, el Movimiento Progresista ha solicitado la invalidez de la elección que no es idéntica a la anulación de la elección. Para hacerlo tomó como precedente el fallo del Tribunal Federal Electoral en la elección de Morelia en 2011, donde se invocó inequidad en la contienda para invalidar la elección. El motivo fue el logo del PRI en el calzoncillo del boxeador Márquez en una pelea en Las Vegas, que fue transmitida por TV Azteca.
Pero en el caso del fallo de Morelia hay dos hechos que vale recordar. De entrada, la diferencia de votos a favor del partido ganador era de menos de 1%. Y además, el mismo Trife decidió, sobre la base del mismo expediente, no invalidar la elección para gobernador en Michoacán.
Es por eso que la demanda de invalidez de la elección presidencial con un resultado de 6.66% afavor de Peña Nieto, que se traduce en más 3 millones de votos, no tiene posibilidades de prosperar.
Todo lo anterior lo sabe y lo entiende el Presidente de la República. Por eso Felipe Calderón recibió a Peña Nieto en Los Pinos. El revuelo que causó la entrevista entre los líderes del PRD es entendible, pero no atendible.
La propia secretaria del PAN, Cecilia Romero, lo explicó con toda claridad: “De hecho, el conteo rápido, el PREP y los cómputos distritales fueron prácticamente iguales. De hecho, Enrique Peña Nieto tiene un reconocimiento como candidato ganador y cualquiera de las impugnaciones presentadas no llevará, de acuerdo con la legalidad que nos rige actualmente, a una anulación”.
Quienes también lo saben y lo entienden son AMLO y sus más cercanos. Por eso el miércoles pasado por la tarde le dieron un giro a la denuncia. La cuestión ya no está en la compra de votos ni en el exceso de gasto, sino en la procedencia –supuestamente- ilícita de esos recursos. Se planteó, incluso, la posibilidad de que provinieran del crimen organizado.
En esa conferencia, López Obrador adelantó cuál será su respuesta en caso que su demanda de anular o invalidar la elección no sea satisfecha por el Trife. Después de haber acusado a Enrique Peña Nieto de haberse beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita, advirtió que si hay impunidad, “vamos a proceder contra las autoridades responsables”.
En otras palabras, López Obrador no está demandando que se abra una investigación y se determine si efectivamente se violó la ley o no. Lo que su Señoría está exigiendo es que su sentencia se ejecute. Él ya determinó que el PRI y Peña Nieto violaron la ley y deben ser sancionados con la pena máxima: la anulación o invalidez de la elección. Un fallo diferente equivaldrá a colusión e impunidad.
Así que quienes albergaban alguna duda acerca de si AMLO aceptaría la resolución del TRIFE ya tienen la respuesta. No, no lo hará y, por lo tanto, tampoco reconocerá la legalidad de la elección presidencial.
De ahí las contradicciones y oportunismo de AMLO y el Movimiento Progresista. La solicitud de la invalidez de la elección presidencial no se extiende a las elecciones de senadores y diputados. No importa que hayan sido los mismos ciudadanos, las mismas urnas y los mismos votos. Por eso el primero de septiembre los legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano se sentarán en su curul y recibirán puntualmente su dieta.
En este circo de tres pistas, hay un solo personaje que desconcierta: el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, que se sumó a Jesús Zambrano para exigir que la PGR investigue el presunto lavado de dinero. ¿Para qué y por qué? Es materia de otro artículo.
Leído en: http://www.periodico.am/leon/columna-circodetrespistas-12051.html
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