Es de vital importancia comenzar a señalar a quienes eligen cada día seguir utilizando a la infancia a su antojo. Les utilizan como seres desechables para la delincuencia organizada, para la política, para la industria del sexo comercial que incluye la pornografía infantil; y claro está, para este viejo fenómeno denominado “niñas y niños soldados” que se da en varios países desde África hasta América Latina.
Por eso es vital señalar a Thomas Lubanga, psicólogo de profesión, graduado de la Universidad de Kisangani, quien se atrevió a secuestrar entrenar y manipular a niños y niñas de menos de quince años para convertirles en “pequeños soldados” en el Congo. Lubanga comandó la milicia Reagrupación Congoleña por la Democracia-Movimiento de Liberación, y en el 2001 fundó la Unión de Patriotas Congoleños; entre 2002 y 2003 organizó masacres y se dedicó a manipular y entrenar a estos pequeños para asesinar adultos. La Corte Penal Internacional (CPI) lo arrestó en 2006 y hace unos días le sentenciaron con bombo y platillo con la ridícula pena de 14 años de prisión (como ya lleva seis años preso durante el juicio, en menos de ocho años podría salir libre).
Es cierto que la sentencia de la CPI es histórica y ya hacía falta que se juzgaran y castigaran los delitos de lesa humanidad contra la infancia en el contexto de guerra (sin embargo, se pedían al menos 30 años de cárcel y la fiscalía prepara ya la apelación). Pero la sentencia no es suficiente, falta hacer la reflexión psicosocial sobre la naturalización de la violencia en el discurso público.
Está claro que Lubanga fue niño alguna vez, como lo fueron los entrenadores de “niños soldados” en El Salvador y Nicaragua, como lo son los líderes de sicarios de cárteles colombianos, brasileños y mexicanos que secuestran, reclutan y manipulan psicológicamente a chicas y chicos para utilizarles en sus redes delictivas. Pero ¿cómo llegaron hasta allí?, ciertamente ninguno de ellos es un monstruo, son seres humanos entrenados para violentar los derechos de las y los demás, educados a veces en la pobreza y otras en la riqueza, pero siempre en contextos de banalización de la violencia, del reconocimiento tácito del machismo ilustrado que reivindica que para alcanzar el poder, la democracia y la justicia, hace falta mentir, matar y utilizar a terceros vulnerables. Casi todo encuentra justificación en el uso de la violencia como medio.
Detrás de la gran mayoría de sicarios y hombres como Lubanga, apodado de una manera extrañamente respetuosa el “Señor de la guerra” (The Lord of war) hay una historia de violencia heroica normalizada que, por lo escandaloso de los casos, impide ser analizada puntualmente. Penalizar a una o un adulto que comete estos delitos no es suficiente, apenas es útil para la sociedad si no se analizan las circunstancias en que éstos descubren que los niños y niñas de sus comunidades son rentables para sus causas, justo porque les eximen del riesgo que conlleva contratar o cooptar a personas adultas que eventualmente pueden ser utilizadas en juicios en contra de sus líderes. Para sus niños victimados Lubanga es un héroe como de película. Para los niños utilizados como espías en la elección, sería imposible explicar cómo se dio una transacción que el TRIFE consideraría un delito y la criatura valora como un divertimento
Todos los casos, desde el que parecería un asunto menor como el de los niños que espiaron en las elecciones del 2012 a cambio de un juguete, o 200 pesos, hasta el gravísimo de las chicas y chicos que trabajan para el narco en las favelas brasileñas, las barriadas colombianas y las mexicanas, responden a una gran irresponsabilidad del Estado para establecer políticas públicas congruentes que reconozcan como primordial el bienestar de ellas y ellos como el bien jurídico tutelado de mayor importancia.
Las niñas y niños son utilizados por políticos porque nombrarlos favorece un discurso de grandes dividendos. Se legisla sobre su sexualidad (para prohibirla argumentando su inocencia), mientras les niegan información que evitaría que sean cooptados por pedófilos. Se legisla para juzgarlos como adultos maduros y capaces de tomar decisiones informadas cuando antes de la pubertad son entrenados para matar o robar. Se les usa como títeres para invocar ternura electoral y a la vez los exponen a jugar a la democracia tramposa. Se les usa para indignarse contra los abusos, pero ni el 2% del presupuesto se dedica a rescatarles de las calles y de la violencia intrafamiliar con programas efectivos de largo plazo. Se penaliza la pornografía infantil, pero casi nadie busca a esas criaturas abusadas para rescatarles y darles opciones dignas.
Todos los casos son graves, desde el del niño a quien se enseña a matar y la niña que se utiliza para mover droga y vender sexo, hasta el que es entrenado para violar las reglas electorales. En todos los casos hay un adulto corruptor detrás, es a ellos a quienes hay que señalar y castigar; además de invertir grandes recursos públicos para programas de desarrollo social que les den opciones de vida digna y no violenta a esas y esos menores de 18 años, cuyas voces y derechos casi siempre son ignorados. Esta será la única manera de detener el ciclo de la violencia normalizada que cría personas como Lubanga y tantos corruptores ilustrados que nos rodean.
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