Así que, luego de seis años, por fin están de acuerdo en algo. Quién iba a decir que un evento de natural confrontación como el 1 de julio uniría percepciones y voluntades de los acérrimos rivales de 2006: el Presidente y el aspirante presidencial de la izquierda. Y no es poca cosa que los polos opuestos de la política nacional coincidan en un señalamiento delicadísimo de este momento del proceso electoral: la compra de votos por parte del PRI para favorecer a su candidato. Andrés Manuel dice que son 5 millones, Felipe asegura que aunque fueran mil o 100 o uno es inaceptable. Y, haciendo un equipo inédito, ponen el balón en la cancha de IFE y Trife. Como si se tratara de llevar el partido a tiempos extras y, en una de esas, hasta los penaltis.
Pero, por lo pronto, al presidente Calderón le vendría bien la paráfrasis de ¿y la Fepade, apá? Porque habría que recordarle que a través de la PGR la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales depende de él y de nadie más que él; aunque esté encabezada por una extraña señora que no ha dicho esta boca es mía a lo largo del proceso y de cuyo nombre nadie puede acordarse.
Así que en su inesperado acelere el Presidente no hace sino darse un tiro en el pie, ya que, en tanto la compra de votos es un delito, corresponde investigarla a la Fepade a su cargo y nunca al IFE, que no tiene facultades para hacerlo, y al que en cambio sí le compete lo de los rebases a topes de campaña, porque tiene la obligación de fiscalizar los recursos que los ciudadanos entregamos por cientos de millones a los partidos a través del IFE. Así que lo que cabría esperar es la instrucción presidencial a su dependiente Fepade para que investigue si hay o no materia en los affaires de Monex y Soriana.
En el caso de López Obrador, éste se enfrenta ya a plazos fatales: el legal para presentar impugnaciones que vence justamente el jueves cuando ofreció que presentará pruebas contundentes. Y en ese empeño se juega en alguna medida su capital político nada menospreciable de 15 millones de mexicanos que le dieron su voto este 2012. Después de que el conteo rápido, el PREP, los cómputos distritales —incluido el voto por voto en 54% de las casillas— y el cómputo final del IFE le fueron adversos, ahora su margen de acción se estrecha: nulidad o invalidez de la elección como únicas vías para su causa. De hecho, la nulidad se ve difícil porque el Trife —que ahora toma el relevo del IFE— debería encontrar elementos de inconstitucionalidad a lo largo del proceso. Lo del rebase a topes de gastos de campaña tiene un plazo legal de diagnóstico a enero, cuando todo se haya consumado y aplique tan sólo una sanción. Así que la única posibilidad de revertir el resultado de la elección presidencial es que AMLO y el bloque de izquierda logren presentar pruebas irrefutables de compra y coacción del voto y que éstas sean admitidas como decisorias y por lo tanto suficientes para declarar la invalidez de la elección. Porque el Trife tiene hasta el 6 de septiembre para evaluar impugnaciones y declarar, ahora sí, el resultado final y por ende al ganador.
Por su parte, Enrique Peña Nieto salió ayer a defender su mayoría: calificó de montaje y burla las acusaciones perredistas de compra de votos; le dio a Calderón el beneficio de la duda porque dijo que hasta a él lo engañaron; expresó que será respetuoso de los tiempos de la ley y que aguardará su calificación como triunfador. Puntualizó también que México quiere vivir en paz y que nadie —en clara alusión a AMLO— tiene derecho a polarizar al país. En suma: el proceso no ha terminado y luego de la calificación cuantitativa del IFE falta la calificación cualitativa del Trife; en este lapso seguirá la inconformidad en dos vías: la jurídica y la social, a través de movilizaciones. Así que no está por demás invocar, para los arrebatados de uno u otro bando, una palabra fundamental: tolerancia.
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