Andrés Manuel López Obrador finalmente verbalizó lo que no había podido concretar desde hace días: la impugnación tiene como objetivo anular la elección presidencial. Su dicho no es peregrino, ni menor. La anulación de los comicios se sustenta en la denuncia sobre los supuestos de la compra de voto, la injerencia de los gobernadores priistas, y que cinco casas encuestadoras elevaron la diferencia entre él y el priista Enrique Peña Nieto, que afirma que alteraron el curso de la elección. Abandonó finalmente el error de buscar en las urnas la razón de su derrota, y se enfocó a los elementos abstractos de la elección.
López Obrador no está protestando en el vacío. Su alegato tiene que ver con la causal de la nulidad abstracta, que es una interpretación cualitativa y subjetiva sobre la cual se analiza la legalidad y la legitimidad de un proceso electoral. Esta causal provocó la anulación de las elecciones para gobernador en Tabasco en 2000 y en Colima en 2003, y fue el alegato intangible en la impugnación del mismo López Obrador en la elección presidencial en 2006. El problema hace seis años es que el Tribunal Electoral ya no la tenía como criterio general, por lo que no procedió, como tampoco la otra vía buscada, tampoco contemplada en la ley, que era el llamado al “voto por voto, casilla por casilla”.
La renovación del argumento de la causal de nulidad abstracta, a diferencia de 2006, es que volvió a ser tomada en cuenta por los tribunales electorales al anular las elecciones para alcalde de Morelia del año pasado. La Sala Regional del Tribunal Electoral en Toluca determinó que violaba la Constitución el hecho que se transmitiera por televisión el cierre de campaña del candidato del PRI, y que el boxeador Juan Manuel Márquez hubiera llevado pegado el logro del partido en su calzoncillo, durante una pelea en la víspera de la elección. Pese a las críticas de que los magistrados violaron la ley con su interpretación de la ley, el proceso se repuso el pasado 1 de julio.
El resultado de esa elección es que se ratificó la victoria del candidato del PRI, Wilfrido Lázaro. En Tabasco, donde se anuló por la queja de inequidad en el acceso a los medios de comunicación, la apertura de paquetes electorales sin explicación alguna y la compra y coacción de voto, el candidato del PRI, Manuel Andrade, volvió a ganar. Igual sucedió con Gustavo Vázquez en Colima, cuya elección había sido anulada por la queja de que el gobernador Fernando Moreno Peña había intervenido en el proceso electoral. Los resultados, para efectos de transparencia del proceso, no son los relevantes, sino la reposición del proceso a partir del fallo sobre la elección en Morelia. Este fallo ha sido ampliamente cuestionado por los expertos, que hacen notar que la Sala Regional revirtió un criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral en diciembre de 2007, cuando se negaron a anular las elecciones municipales en Huajapan de León, Oaxaca, por la causal de nulidad abstracta.
López Obrador y su equipo escogieron una vez más ir por la invalidación de la elección, al apuntar las supuestas transferencias de Monex a operadores del PRI, los monederos electrónicos de Soriana y la intervención de los gobernadores, como el sustento de los supuestos de compra y coacción de voto; y el uso de las encuestas que daban ventaja a Peña Nieto de dos dígitos sobre el tabasqueño, señaladas como “instrumentos de propaganda”, que crearon la inevitabilidad de la victoria del priista en el imaginario del elector. Pero también, como en 2006, escogieron dar la batalla mediática antes de la legal, con un litigio en la arena pública que eleve, como en 2006, el costo político del Tribunal Electoral por fallar en su contra -si ese fuera el caso, en función de los antecedentes de la Sala Superior-. En síntesis, no hay nada distinto al proceso de impugnación de hace seis años, y que, cuando menos, ya le sirvió para introducir el elemento de ilegitimidad al proceso electoral de 2012, que es lo que desde hace tres lustros, cuando el resultado no le favorece, busca y, hasta hoy, logra.
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