El único frente no atacado por Felipe Calderón y su guerra sanguinaria contra el narco con un saldo de 60 mil muertos y 40 mil desaparecidos fue precisamente el lavado de dinero, un rubro donde el Estado, los bancos y algunos partidos políticos se beneficiaron de manera escandalosa.
Peor aún: sólo 2 por ciento de los acusados por este delito son consignados, según datos del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Dinero, institución que asegura que las leyes mexicanas contra ese delito no se ajustan a las normas internacionales.
Ahora sabemos que en México se lavan 39 mil millones de dólares al año, y no lo sabemos por el gobierno de Calderón, conocemos este dato gracias al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. También sabemos gracias al Senado del vecino país a través de su reporte US Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing que el banco británico HSBC, mediante su filial en México, permitió el lavado de unos 7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008.
Asistimos perplejos a la impunidad del sistema bancario mexicano protegido nada menos que por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por los privilegios que el gobierno mexicano le otorga a los pillos de cuello blanco. A HSBC solamente se le aplicó unas multas por un monto de 379 millones de pesos (poco más de 27 millones de dólares) impuestas en noviembre de 2011 por la CNBV ante incumplimientos en la detección y reporte de operaciones inusuales y de otras regulaciones.
En total, el año pasado se le impusieron a este banco mil 855 multas. ¿En que país se permite que un banco viole flagrantemente la ley contra lavado de dinero y siga operando sin problemas?…
En México no sólo se le permite a HSBC que siga operando sus cochinas operaciones de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, sino que su triangulación con políticos mexicanos le permite gozar de impunidad para seguir operando, siempre y cuando a través del voto imponga al candidato del PRI en la silla del Águila. Calderón creyó erróneamente que al narco sólo se le combatía por la vía policial y militar, pero nunca se preocupó por mejorar nuestra legislación obsoleta para atacar eficazmente el lavado de dinero a través de los bancos en México.
El banco HSBC no sólo traiciona a la patria vía blanqueo de capitales, también ayudó a los empresarios y políticos mexicanos sacadólares a trasladar 2 mil millones de dólares a través de 50 mil cuentas inscritas en ese banco. HSBC es un ejemplo de delincuencia de cuello blanco intocable. ¿Cómo obtiene su impunidad? Reporte Índigo publicó que prominentes políticos que tienen vinculaciones cercanas con el PRI, con Pemex y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son ahora altos ejecutivos del HSBC. Entre los nombres destaca Enrique de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa; Esteban Levín Balcells, hijo del legislador priísta Oscar Levín Coppel y primo del director de Pemex Juan José Suárez Coppel, es director de Banca de Inversión.
Por otro lado, Luis y Eduardo Osorio Chong, hermanos de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de Diálogo y Acuerdo Político del equipo de transición del priista Enrique Peña Nieto y ex gobernador de Hidalgo, utilizaron supuestamente diversas cuentas en HSBC para acumular 100 millones de pesos y después enviarlos a una filial del banco en el paraíso fiscal de Panamá. ¿Dónde está la inteligencia financiera en el gobierno mexicano para combatir al narco?… Sencillamente no existe.
A Felipe Calderón no le interesaba tocar los activos de las narcofinanzas políticas y empresariales, mucho menos, el lavado de la defraudación fiscal de los dueños de México que intentan imponer a Enrique Peña Nieta a través de la compra de millones de votos. Es evidente que la red de lavado de dinero en México no es tan sofisticada, pero si es lo suficientemente astuta para burlar las irrisorias leyes que tenemos en materia penal para combatir las miles de lavadoras de dinero sucio.
Por tanto, la nueva denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del Movimiento Progresista que acusa Enrique Peña Nieto y al PRI haberse beneficiado en su campaña con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, está llena de verosimilitud. El PRI se gastó más de 4,200 millones de pesos, mientras que el tope legal era de 336 millones. ¿Dónde está la equidad?
La triangulación de recursos mediante empresas fantasmas, testaferros accionistas es la clave en el escándalo fraudulento de Monex. Fue esta red de blanqueo la que transfirió 108 millones de pesos a Monex para adquirir miles de tarjetas entregadas para comprar millones de votos a favor de Peña Nieto. La Ley contra el Lavado de Dinero estuvo congelada mucho tiempo durante el gobierno de Calderón.
Ahora vemos que la razón principal fue de carácter electoral. La opacidad del sistema financiero, los privilegios de los banqueros y empresarios, han llenado de lavadoras de dinero la actividad productiva de este país. Sólo hay que ver la cantidad inmensa de construcciones, centros comerciales, hoteles y otras obras magnificas de ladrillo y cemento que esconden blanqueo de capitales junto a miles de empresas con apariencia legal. Existe una amplia gama de posibilidades que benefician a la delincuencia organizada y a los gobiernos en este aspecto.
Que el PRI sea una lavadora de dinero negro no es sorpresa. Allí está Tomas Yarrington y los Moreira para recordarnos los sucios entresijos del sistema político mexicano, pero que la lavadora se extienda a las urnas, es francamente una ignominia. El pueblo de México no merece un Presidente lavado o blanqueado como Enrique Peña Nieto.
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