En mayo pasado, el informe sobre derechos humanos en el mundo 2011 del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el Gobierno de México no castiga de forma eficaz la corrupción entre funcionarios, y por el contrario permite que de manera frecuente estos actos queden impunes.
La actual administración quedará empañada por una obra que se estrenó con retraso y que fue pagada con sobreprecio; una red de extorsión presuntamente vinculada con la esposa de un alto funcionario; la denuncia desde el Gobierno de Estados Unidos contra un exservidor público; un caso de supuesto nepotismo; acusaciones de tráfico de influencias y hasta un fraude al Melate.
Revisa estos casos en los que se acusó corrupción durante este gobierno, así como qué tipo de sanciones han recibido los funcionarios implicados.
Los contratos de Juan Camilo Mouriño
El 24 de febrero de 2008, Andrés Manuel López Obrador entregó a legisladores del PRD, PT y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) documentos sobre los contratos que Pemex Refinación otorgó a Transportes Especializados Ivancar (TEISA), propiedad del extinto secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, los cuales ascendían a más de 100 millones de pesos.
El perredista acusó entonces tráfico de influencias, toda vez que seis de los convenios fueron signados entre 1998 y 2008, cuando Mouriño se desempeñaba como legislador y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y más tarde como asesor de Felipe Calderón, cuando éste era secretario de Energía.
El 13 marzo de 2008, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro informó sobre la creación de una comisión investigadora para revisar los contratos entre TEISA y Pemex Refinación, la cual estuvo integrada por legisladores del PRI, PAN, Nueva Alianza y Verde Ecologista. Los partidos de izquierda se abstuvieron y no formaron parte del grupo investigador.
Dos meses después, la comisión exoneró a Mouriño de las acusaciones de tráfico de influencias o conflicto de intereses al determinar que actuó con legalidad al obtener los contratos con la paraestatal.
Los legisladores resolvieron que si bien el funcionario signó contratos como apoderado legal de TEISA de 2000 al 2003, había dejado de ser accionista de ésta desde julio de 1999.
Sin embargo, Ruth Zavaleta, entonces perredista y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sostuvo que por ética, el secretario debía renunciar a su cargo.
Mouriño continuó en Gobernación hasta el 4 de noviembre de 2008 cuando pereció en un accidente aéreo.
Patricia Flores Elizondo y familia
En mayo de 2010 se hizo público que al menos siete familiares de Patricia Flores Elizondo, entonces jefa de la Oficina de la Presidencia, habían desempeñado cargos en el gobierno de Felipe Calderón, obteniendo en conjunto ingresos por más de 26 millones de pesos, en los poco más de tres años que llevaba el sexenio.
Como responsable de este despacho, Flores Elizondo coordinaba el gabinete, así como el nombramiento de funcionarios en mandos superiores y medios.
Entre sus familiares en el gobierno se encontraban cuatro de sus hermanas, una de ellas, Aidé Flores Elizondo, se desempeñaba como directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Economía, donde recibía un sueldo mensual bruto de 171,901 pesos.
De acuerdo con el directorio de la dependencia, Aidé aún labora en la Secretaría, pero actualmente en la Coordinación de Asesores, donde percibe un salario bruto de 150,220 pesos al mes.
Otras dos hermanas de Flores Elizondo se desempeñaban en dependencias diplomáticas.
Martha Emilia era la encargada de Asuntos Culturales y Comerciales de la embajada de México en Malasia, con un salario de 4,530 dólares al mes; Laurencia era la responsable de Prensa, Asuntos Culturales y Políticos del Consulado de México en Austin, Texas, donde percibía mensualmente 5,102 dólares.
En tanto, la mamá de Patricia, Martha Emilia Elizondo Torres, se desempeñaba como delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Durango, con un sueldo mensual de 56,206 pesos; su tío, Rodolfo Elizondo Torres, fue desde julio de 2003 –en el sexenio de Vicente Fox– hasta marzo de 2010, secretario de Turismo, con un salario bruto de 205,122 pesos mensuales.
Patricia Flores Elizondo señaló que el ingreso de sus familiares al servicio público se apegó a los criterios de selección de cada institución, y que sus salarios respondían a los tabuladores autorizados.
El 14 de julio de 2010, dos meses después, el presidente Calderón anunció cambios en su gabinete, entre ellos la salida de Flores Elizondo de la Oficina del mandatario.
Néstor Moreno Díaz, el Ferrari y el "Dream Seeker"
En octubre de 2010, el Gobierno de Estados Unidos denunció a Néstor Moreno Díaz, exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por recibir sobornos a cambio de otorgar contratos millonarios a Lindsey Manufacturing Company, así como a la empresa suiza ABB, encargada de desarrollar tecnología en generación eléctrica.
Las conductas irregulares de Moreno fueron denunciadas desde los años 90, sin embargo el exfuncionario logró permanecer en la paraestatal hasta que estos hechos se dieron a conocer.
Entre los sobornos que presuntamente recibió, se encuentran el yate Dream Seeker, con un valor de 1.8 millones de dólares, además de un auto Ferrari, con un costo de 297,000 dólares.
Fue hasta el 8 de agosto de 2011 que un juez en México encontró culpable a Moreno Díaz de fraude y cohecho, por lo que se le giró una orden de aprehensión.
Ésta se hizo efectiva el 3 de septiembre de ese mismo año, cuando fue detenido en el Aeropuerto de Toluca, y trasladado al Reclusorio Oriente. No obstante, fue puesto en libertad ante una suspensión de amparo que se encontraba vigente, el cual evitaba la captura.
El 7 de abril de 2012, Moreno Díaz fue reaprehendido en Hermosillo, Sonora, y trasladado nuevamente al Reclusorio Oriente, donde permanece detenido.
En julio pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) fijó al exfuncionario una multa de 69 millones de pesos, así como una inhabilitación del servicio público por 17 años.
La estela de luz, una obra con sobreprecios
Una serie de actos de corrupción provocó el atraso en la construcción de la Estela de Luz, y generó además que la inversión de esta obra se incrementara en 163% de lo presupuestado originalmente.
El monumento, edificado para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, fue inaugurado 15 meses después de lo previsto y tuvo un costo de 893 millones de pesos, cuando el monto fijado para su construcción era de 339 millones.
Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que en torno a la construcción existió un sobreprecio de las obras.
El 12 de julio de 2011, el arquitecto César Pérez Becerril, quien diseñó el monumento, acusó que el entonces secretario de Educación y coordinador de los Festejos del Bicentenario, Alonso Lujambio, lo había presionado para que no revelara los actos de corrupción que tenían entorpecida la obra.
Dos meses después, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, informó que interpuso ante la PGR denuncias penales contra cuatro funcionarios de iii-Servicios, empresa encargada de la construcción y filial de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y abuso de autoridad.
Los acusados fueron Agustín Castro Benítez, exdirector de la empresa; Ricardo Morales Jaramillo, gerente de Administración y Finanzas; al gerente Jurídico, Rubén Enrique Arenal Alonso; así como al exasesor Técnico Administrativo, Juan Alberto Bravo Hernández.
El 12 de diciembre de 2011, la Función Pública informó que Castro Benítez era destituido e inhabilitado por 12 años.
En tanto, Morales Jaramillo y Arenal Alonso también fueron inhabilitados pero sólo un año.
La auditoría a la obra continúa. En los resultados que arroje la revisión de la Cuenta Pública 2012 se espera, de acuerdo con la ASF, que se determinen más responsabilidades.
La esposa de Salvador Vega Casillas
Gladis López Blanco, exsubprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y esposa del extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, fue acusada en 2009 de extorsionar a gasolineros.
En una carta enviada el 26 de octubre de ese año al presidente Felipe Calderón, un grupo de empresarios de este ramo denunció la existencia de una red de extorsionadores conformada por funcionarios de la Profeco, quienes cobraban al mes 50,000 pesos a cambio de informarles cuándo se llevaría a cabo el operativo de verificación en su negocio, con el fin de que tuvieran tiempo de alterar las bombas y poder pasar sin problemas el sistema de revisión.
En el documento, señalaron a López Blanco –quien renunció a su cargo en marzo de 2008– como la responsable de encabezar estos actos. Los recursos que obtenía de las extorsiones, presuntamente, fueron enviados a campañas de candidatos del PAN.
Meses después, a seis funcionarios de la Profeco se les dictó auto de formal prisión por el delito de extorsión calificada, y en 2010 la PGR abrió una investigación por los hechos, averiguación en la que era mencionada la esposa de Vega Casillas, entonces titular de la SFP.
El 6 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados solicitó al presidente Calderón que Vega Casillas fuera separado temporalmente del cargo para no entorpecer las investigaciones sobre el caso donde su esposa era involucrada.
Dos días después, la PGR informó que el Ministerio Público Federal determinó no ejercer acción penal contra Gladis López.
Indicó que tras las diligencias, que incluyeron declaraciones de trabajadores, dueños y representantes legales de gasolineras, no se le acreditó participación alguna en los actos de extorsión.
El 14 de diciembre, Vega Casillas dejó la Secretaría para buscar una curul en el Senado por la vía plurinominal, cargo que desempeñará a partir de septiembre próximo.
Funcionarios de Pronósticos "le pegan al gordo"
El 18 de julio pasado se dio a conocer que empleados de Pronósticos para la Asistencia Pública presuntamente se coludieron con directivos de la empresa Just Marketing para grabar de manera anticipada un sorteo de Melate y Revancha, con el fin de cobrar el premio que ascendía a 169 millones 217,000 pesos.
El sorteo que fingieron fue el número 2518, el cual correspondía al 22 de enero de 2012. Las imágenes fueron grabadas en privado, y después transmitidas en televisión y presentadas a una interventora de la Secretaría de Gobernación, a quien hicieron creer que el juego era realizado en vivo.
Con ello, los empleados de la paraestatal y de Just Marketing -empresa encargada de producir los sorteos para la televisión- compraron los boletos y los llenaron con los dígitos exactos para poder "ganar" el premio.
El fraude fue detectado luego de que fueron familiares y directivos de la productora quienes arribaran a cobrar los premios, además de que representantes de esta empresa ya no se presentaron a laborar.
El 19 de julio, la Secretaría de la Función Púbica (SFP) dio a conocer el inicio de una investigación sobre este hecho y separó de sus cargos a cuatro funcionarios. Además, presentó una denuncia ante la PGR, dependencia que por su parte congeló las cuentas bancarias de los involucrados.
Dos días después, la Procuraduría informó que había recuperado el 99.9% del total del dinero... sin embargo, ningún implicado ha pisado la cárcel.
De acuerdo con la dependencia, los involucrados no pudieron cobrar tres de los 16 boletos del sorteo, al darse cuenta de que ya había una investigación sobre el caso.
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