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| Porfirio Muñoz Ledo |
Cuando se expandió el dogma neoliberal, escudado en un proceso de globalización material, llevaba en las alforjas la promesa de la libre comunicación e intercambio cultural entre los seres humanos que habitan el planeta. La revolución de los medios tecnológicos hacía asequible ese cambio, aunque la prosperidad augurada nunca llegó.
Ese proceso de crecientes libertades está llegando a su fin y se anuncia una grave involución. Baste analizar las frustraciones que han generado numerosas transiciones políticas. La comunicación electrónica se ha convertido en una suerte de monstruo de Frankenstein que desafía la estabilidad de las potencias financieras mediante el simple método de divulgar la verdad; en este caso, sus secretos operativos.
Como diría Julian Assange, aludiendo en particular a los Estados Unidos, "podría llevar al mundo a una era de opresión contra el periodismo". Añadió que "mientras WikiLeaks esté amenazado, también lo estarán la libertad de pensamiento y la salud de nuestra sociedad". La intención contra el comunicador es sin duda un escarmiento que se torne en sanción ejemplar.
Se trata de una doble moral; una vez más, quienes se asumen como heraldos de los valores democráticos los combaten y castigan cuando trasgreden los límites impuestos por sus intereses. Mientras el gobierno del Ecuador, inspirado en las mejores tradiciones de la región, concede el asilo; el de la Gran Bretaña niega el salvoconducto y recuerda las largas estadías en sedes diplomáticas de Cámpora y Haya de la Torre, perseguidos de dictaduras latinoamericanas.
Las reacciones atropelladas contra Assange no son sino un episodio de la campaña desatada por los grandes poderes económicos para controlar las nuevas formas tecnológicas de información (internet en general, Facebook y Twitter en particular) que se han tornado en una amenaza para los medios de comunicación tradicionales y para los establecimientos políticos en cuanto pasan al dominio de la ciudadanía y se convierten en vehículos de insurgencia.
No es otro el propósito del Acuerdo Comercial contra la falsificación (ACTA) que ha sido suscrito por el gobierno de México a pesar de la opinión expresa en contrario del Senado de la República. El objeto formal de instrumento es la "adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual", aunque esconde procesos de inspección de los contenidos electrónicos.
El punto más polémico del tratado está en el artículo 27 -que debiera reservarse-. Éste autoriza a los proveedores de servicios digitales, como el de internet, a proporcionar direcciones IP y datos personales de los usuarios si "se sospecha" que se efectúan "descargas ilegales de archivos a través de la red", además de las sanciones económicas y aun criminales del caso.
Más aun, en julio pasado una abrumadora mayoría del Parlamento Europeo rechazó el llamado acuerdo internacional antipiratería por considerar que "contiene demasiadas ambigüedades y deja demasiadas puertas abiertas para atentar contra la privacidad, las libertades individuales y la libre circulación de información". Es necesario mantenerse alertas en nuestro país para que el Ejecutivo no vaya a obviar la ratificación senatorial de este adefesio.
La versión obscena de esta andanada contra la libertad de expresión se compendia en las presiones que supuestamente ejerció el gobierno federal sobre la empresa MVS para condicionar el refrendo de las concesiones de la banda de 2.5 GHz. La condición para ello era la suspensión indeterminada de la periodista Carmen Aristegui, conductora del noticiario de mayor audiencia de la radiodifusora.
El anuncio oficial es que dicha banda será "rescatada", ya que se encuentra subutilizada y por supuesto la negativa absoluta a lo afirmado por la empresa, cuyo abogado -que fuera secretario de gobernación en este sexenio- asegura que la defensa obedece precisamente al principio de libre competencia, amenazado por el oligopolio mediático.
Resulta lamentable en este sainete que la denuncia contra el atentado a la libertad de expresión se restrinja al uso indebido de las potestades del Ejecutivo, en vez de la propuesta consecuente para la creación de un órgano constitucional autónomo en materia de telecomunicaciones que actúe en nombre de la sociedad. Justamente la aspiración de los jóvenes.
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