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| Javier Gonzáles Garza |
Hoy la promesa de ser el presidente del empleo parece una broma, las manos limpias contra la corrupción se olvidaron, ya no digamos el combate a la delincuencia organizada o la impartición de justicia
Una de las caracterizaciones del gobierno de Calderón es el fracaso. Hoy la promesa de ser el presidente del empleo parece una broma, las manos limpias contra la corrupción realmente se olvidaron, ya no digamos el combate a la delincuencia organizada o la impartición de justicia. Pero en el extremo de la ineficacia no se le da siquiera construir monumentos.
La Estela de Luz, popularmente bautizada como la Estela de Corrupción, se entregó con un retraso de más de un año. Ese monumento, que serviría para conmemorar el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia de México, quedó como ejemplo de la improvisación, incumplimiento, falta de transparencia en el gasto público y franca corrupción. Para llevar a cabo esa edificación, Calderón tuvo cuando menos cuatro años. Ahora, cuando faltan menos de cuatro meses para terminar su mandato, se propone construir el llamado Memorial para las Víctimas de la Violencia.
La propuesta del Memorial surgió en los diálogos de junio del 2011 entre los Poderes de la Unión y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, MPJD, que tuvieron lugar en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Uno de los pocos compromisos concretos que Calderón asumió ante los reclamos fue el de aportar los recursos y apoyos logísticos necesarios para la conclusión de esa propuesta. Entonces también se planteó impulsar una Ley de Víctimas.
A un año de aquellos acuerdos públicos, la Ley General de Víctimas fue aprobada unánimemente por el Congreso de la Unión y de manera sorpresiva vetada por Felipe Calderón. Evidentemente en el transcurso de las discusiones en ambas Cámaras, las observaciones que pudiera haber tenido el Ejecutivo hubiesen sido atendidas por el legislador. Pero no hubo de parte de la inexistente Secretaría de Gobernación ninguna observación durante todo el proceso legislativo. Este acto fue denunciado por el MPJD como una traición a los acuerdos del Castillo de Chapultepec.
Resulta ahora que la propuesta del Memorial para Víctimas, que incluía un proceso de reconstrucción pública de la tragedia, donde se incluyera el rescate de los nombres de los muertos, la creación de un Registro Nacional de Víctimas, de la recuperación de la memoria, entre otras cosas, quedará como un monumento construido en terrenos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Campo Marte, para mayor desatino. La construcción de ese Memorial, tal como se plantea, será otro monumento al fracaso del régimen.
Otro ámbito de fracasos lo constituye la Procuraduría General de la República. En especial las acusaciones que, con base en declaraciones de "testigos protegidos", fueron dirigidas contra Greg Sánchez, ex alcalde de Cancún, de los 35 funcionarios de Michoacán y de Jorge Hank Rhon. En los primeros dos casos, los acusados fueron arraigados y algunos estuvieron en prisión por más de un año. Luego resultó que la PGR no pudo probar ninguna de las imputaciones. En todos estos casos, la PGR falló rotundamente.
Ahora se trata de acusaciones a tres generales y un teniente en retiro del Ejército Mexicano. El 15 de mayo fueron detenidos los generales Ángeles y Dawe y tres días después se les declaró en arraigo. Desde entonces han pasado 77 días para que la PGR perfeccione la denuncia que fue presentada apenas el 31 de julio pasado.
Tal parece que ni siquiera los abogados del general Ángeles conocieron el pliego de consignación. Ahora los militares están presos, ya no arraigados, y acusados por "delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud". Por lo que la PGR ha filtrado a la prensa, todo parece indicar que se trata del mismo móvil que en los fracasos judiciales anteriores de la PGR: testigos protegidos que no presenciaron los hechos. Un testigo se desmintió ya ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y denuncia que fue sujeto a tortura para acusar a los militares. Otro testigo cambia su declaración y ahora dice que se equivocó un año en la acusación que había realizado. Qué bueno que se haga justicia sin importar de quien se trate, pero esta acusación en contra de personas con gran trayectoria de servicios, como es el caso del general Ángeles, con 47 años de servicio, quien llegó a la Subsecretaría de la Defensa Nacional, no deberá quedar como en los casos anteriores, con el ya habitual, "usted perdone".
El Ejército Mexicano es una gran institución que ha sido utilizada por los ejecutivos civiles para realizar funciones fuera del marco constitucional. En esta administración se les ha ordenado efectuar funciones policiacas.
Con un proceso electoral todavía en curso, cuando aún no existe declaración de validez de la elección y en el que todos los días aparece nueva información sobre enormes gastos de campaña, falta de transparencia y sin que hasta ahora se sepa el destino de las distintas impugnaciones, ¿por qué generar mayores divisiones en el país?
El gobierno debería respetar los acuerdos de los Poderes de la Unión con el MPJD, que fuera este movimiento quien llevara adelante lo acordado y apoyarlos plenamente en su acción y no confrontarse con las víctimas de la guerra. En el caso de los generales acusados, parece no haber ya salida, en cualquier escenario se vislumbra un fracaso más para el actual gobierno.
Calderón debería, cuando menos al final de su sexenio, mostrar un poco de prudencia.
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