La elección presidencial de hace unos meses decidió quién gobernaría al país y con qué programa. El proyecto presentado por el candidato ganador es distinto al de los otros partidos y ese es el que presumiblemente servirá de base para el nuevo gobierno. No tiene por qué haber disputa respecto al hecho de que los objetivos que perseguirá Peña Nieto sean distintos a los que preferirían otros partidos: eso es lo que los electores decidieron. A los otros partidos o a muchos mexicanos nos podrá gustar o no lo que propone, pero la regla del juego -el voto en las elecciones- decidió el programa a seguirse. Es decir, el procedimiento para optar fue el electoral; una vez que los electores tomaron una decisión, lo que sigue es apegarse al resultado y consensuar los objetivos tanto como el entorno lo permita y las necesidades de legislación lo requieran.
En una democracia, los procedimientos constituyen la clave de la convivencia pacífica. Los procedimientos sirven para escoger a quien nos gobernará, a quien servirá de contrapeso en el Congreso y cómo se vigilará al Gobierno para que no abuse. Las reglas del juego que conforman la operación del sistema político son la clave del funcionamiento del país y es ahí donde estamos atorados. Es ahí donde debemos enfocarnos.
Los objetivos comunes siempre son inevitablemente abstractos. Por eso es indispensable acordar procedimientos. De por sí, no existe acuerdo respecto a cosas tan elementales como que las elecciones deciden quién nos gobernará o sobre la forma en que se supervisará al gobierno en funciones. En una democracia madura, los actores -partidos, funcionarios, políticos, legisladores- aceptan los procedimientos como sacrosantos y se dedican a competir por sus objetivos y programas en el plano electoral. Pasadas las elecciones, cada quien se apega a la función que le corresponde: unos como gobernantes, otros como contrapeso. Pero en el México de hoy todo mundo quiere gobernar y el gobierno no quiere ser vigilado. Así no es posible avanzar.
Para resolver estos entuertos, es frecuente la invocación de los pactos de la Moncloa como modelo a seguir. El planteamiento es un tanto enigmático porque se le atribuyen características que no fueron las relevantes.
Los Pactos de la Moncloa no acordaron "el qué". El tema en la agenda en aquel momento era relativo a precios y salarios, asuntos cruciales pero de menor trascendencia política. La trascendencia de aquella reunión en particular tuvo que ver precisamente con lo que en México no hemos logrado: acuerdos de procedimiento.
En un contexto complejo luego de la muerte del dictador, Adolfo Suárez enfrentaba severos problemas económicos. Además, aunque Franco había dejado una estructura de sucesión de su preferencia, España vivía una enorme efervescencia y expectación política. El resto de Europa avanzaba en su proyecto unificador y España languidecía. En teoría, Adolfo Suárez pudo haber intentado navegar el momento económico y salir adelante con los instrumentos que tenía a su alcance. Sin embargo, su genialidad y grandeza política residió en el hecho de que optó por convocar a todas las fuerzas políticas para unificar al país y establecer un acuerdo sobre los procedimientos que servirían para conducir el futuro de su nación.
Más allá de los temas específicos que se acordaron en aquel día en 1977 (muchos económicos), los dos temas trascendentes fueron, primero, el hecho de que ahí estaban presentes todas las fuerzas políticas y económicas relevantes, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, los empresarios y los sindicatos. Luego de décadas de exclusión, la presencia de todas esas fuerzas, comenzando por figuras icónicas venidas del exilio como Dolores Ibárruri 'La Pasionaria' y Santiago Carrillo, cambió el contexto nacional. La presencia hablaba por sí misma.
Segundo, de haber pretendido Suárez imponer su visión del mundo, todo el entramado que condujo a esa reunión se habría venido al suelo. Suárez propuso la adopción de un conjunto de temas específicos relativos al momento español (y que fueron aprobados por Las Cortes en los días sucesivos). Pero la clave de los Pactos fue la aceptación implícita de la legalidad franquista mientras se redactaba y adoptaba una nueva constitución. Es decir, se acordó el procedimiento por medio del cual la España heredera del franquismo transitaría hacia una democracia plena. Nadie acordó el contenido de la nueva constitución ni la forma en que se administrarían las empresas del Estado o la forma de concesionar los medios. Esos asuntos serían decisión de un futuro gobierno. Los acuerdos fueron sobre cómo se decidiría y no sobre qué se decidiría. Esa fue la clave de su éxito.
El "Pacto por México" reunió a las principales fuerzas políticas y ese es su enorme valor político. En lo personal, coincido con el contenido y reconozco su trascendencia. Sin embargo, el hecho de que, para lograr el consenso, se tuvieran que eliminar detalles que se encontraban en la propuesta inicial habla por sí mismo. Esto era inevitable porque es lógico que no todos los partidos o sus facciones estén dispuestos a suscribir un pacto. La razón es doble: por una parte, es natural y legítimo que existan diferencias sustantivas entre los partidos y entre los políticos respecto a las políticas públicas y a las reformas. Sería absurdo suponer lo contrario. Por otra parte, en ausencia de un consenso respecto a los procedimientos (la esencia de los Pactos de la Moncloa), cualquier excusa sirve para que afloren pugnas y diferencias que nada tienen que ver con el asunto inmediato.
Los mexicanos elegimos al gobierno que hoy está a cargo y, como ya lo hace, ahora es su responsabilidad negociar sus prioridades con las diversas fuerzas políticas. El conjunto decidirá lo que transita. Mi impresión es que su éxito -y su legado y rentabilidad social y política- serán mucho mayores y perdurables si logra un acuerdo de procedimientos que si pretende una inasible unanimidad de objetivos.
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@lrubiof
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