Las pruebas presentadas por el organismo que encabeza el ombusdman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, no sólo contra el ex poderoso policía de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, sino contra 20 funcionarios más de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), son contundentes como para que la investigación fluya sin pretextos.
Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto y, en particular, a partir del pasado 23 de enero, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de la supuesta secuestradora Florence Cassez Crepin, la opinión pública no ha dejado de reclamar por justicia. García Luna es señalado como el responsable directo de las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de la francesa, que dieron pie su liberación, luego de siete años de permanecer encarcelada en México.
El famoso “montaje” televisivo que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Calderón Hinojosa realizó cuando aún era titular de la AFI y que se transmitió en vivo por Televisa y TV Azteca el 9 de diciembre de 2005, ensució de tal forma el caso que impidió se hiciera justicia a los secuestrados, a las verdaderas víctimas de esta historia, pues nunca se podrá probar a plenitud la intervención de la francesa en los secuestros realizados por la banda de Los Zodiaco, a la que supuestamente pertenecía.
Ese “montaje”, además, fue armado con alevosía tanto por Genaro García Luna como por su brazo derechos Luis Cárdenas Palomino, quien en diciembre de 2005 se desempeñaba como director general de Investigación Policial de la AFI. La razón para cometer ese delito, que ahora es causa de la denuncia de la CNDH, fue impulsar la carrera de García Luna, hacerlo verlo ante los ojos de la ciudadanía como un “súper policía”.
Y el plan dio resultado. En diciembre de 2006, cuando Calderón llegó a la Presidencia, Genaro García Luna fue nombrado titular de la SSP y su amigo, Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Durante seis años fueron intocables. Tuvieron toda la confianza y el respaldo del Presidente Calderón en la guerra que desató ese gobierno contra el crimen organizado, en diciembre de 2006.
Luis Cárdenas Palomino anunció su retiro de la función pública el pasado 22 de diciembre de 2012, en medio de acusaciones por dar protección al narcotráfico, de tener una colección de armas supuestamente ilegal y, también, de ser corresponsable de las irregularidades en el caso de Florence Cassez. El alevoso “montaje” no sólo provocó que la justicia no se aplicara a cabalidad y que las víctimas pagaran todo el precio, también generó un deterioro de las relaciones diplomáticas entre Francia y México, que vivieron momentos ríspidos y estuvieron a punto de quebrarse.
Las acusaciones vertidas en la demanda que presentó la CNDH son claras y contundentes. Ahora, la pelota está del lado de la PGR y de Jesús Murillo Karam, quien tendrá que demostrar qué tanta voluntad política hay en el gobierno de Enrique Peña Nieto para tocar a los intocables. Con la demanda interpuesta–que es lo que Murillo Karam dijo esperaba para actuar–, ¿cuánto tiempo más evadirá la PGR el caso García Luna?
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