El gran fracaso de la guerra de Calderón- Jesús Cantú

Conforme queda más atrás el fin de su mandato el fracaso de la guerra de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada se evidencia más: primero, fue el altísimo costo en vidas humanas que provocó; ahora la exoneración de los personajes más sobresalientes consignados en medio de un gran alarde publicitario; y, aunque poco se ha publicitado, el que únicamente el 7.4% de todos los detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado fue finalmente sentenciado a purgar una condena en la cárcel.

Resulta ocioso abundar en los altísimos costos que la guerra contra el crimen organizado implican para el país, pues las evidencias son contundentes: las más de 100 mil vidas que se perdieron; las decenas de miles de desaparecidos (la Secretaría de Gobernación, afirmó en febrero que tenía una lista de 26 mil 121 personas); y la galopante inseguridad.
Pero lo peor es que el supuestamente lado positivo se derrumba: la Procuraduría General de la República informó, según divulgó el sitio electrónico Animal Político el 26 de febrero, que durante el sexenio de Calderón esa dependencia detuvo a 9,233 personas presuntamente vinculados al crimen organizado, pero únicamente pudo consignar a 1,059, es decir, el 11.5% y de estos consignados, el Poder Judicial exoneró a 377 y únicamente 682 recibieron una sentencia condenatoria.



Así la liberación de los detenidos más reconocidos: Jorge Hank Rohn; Greg Sánchez; Florence Cassez; los 35 funcionarios públicos del llamado michoacanazo; Noé Ramírez Mandujano; el general Tomás Ángeles; e incluso la fallida persecución de 3 exgobernadores tamaulipecos, son la regla y no la excepción de lo que sucedió en el sexenio anterior. Estos casos son cubiertos por los medios masivos de comunicación de manera destacada porque implican a personajes públicos de renombre; pero al menos el 92% de los presuntos culpables era inocente o fue exonerado por falta de pruebas, violaciones al debido proceso o algún otro error de procedimiento.

La cifra es muy congruente con lo que sucedió con los arraigos, pues según informó el actual procurador Jesús Murillo Karam, se arraigó a 4 mil personas y únicamente se consignó a 200, es decir, el 5%, ya no precisó cuántos de éstos fueron sentenciados y cuántos exonerados, pero el porcentaje es comparable con los señalados en los párrafos precedentes.
De acuerdo a lo que hoy se conoce, por lo menos en el caso de los que se pudieran considerar los "peces gordos" el problema es que se abusó del programa de testigos protegidos. De acuerdo a cifras proporcionadas por la misma PGR: durante el sexenio de Calderón 379 personas se acogieron a este programa. Y aunque no fue una invención mexicana y se utiliza en países con democracias consolidadas, el problema es que las acusaciones que éstos hacen no pueden tomarse como pruebas contundentes, sin vincularlos con otros elementos verificables y ciertos. Y, todo indica, que en México bastaba la declaración de los testigos protegidos para incriminar a funcionarios del más alto nivel.

La gran paradoja es que probablemente el presidente que más habló de estado de derecho y apego a la ley fue el que más violó derechos humanos: en muchos casos por la acción directa de las propias autoridades, como él mismo tuvo que aceptar, ante las evidencias de que elementos de las policías, el ejército o la marina privaron de la vida a inocentes o cometieron flagrantes abusos; en otros, por la detención arbitraria de inocentes, simplemente por el señalamiento de un testigo y sin mayores confirmaciones, que ni siquiera pudieron ser consignados; y, finalmente, por el clima de violencia e inseguridad que generó en el que privó la ley de la selva.

Lo peor que pudiera sucederle es que en los casos de Ramírez Mandujano, extitular de la Subprocuraduría de Investigación de la Delincuencia Organizada; y del General Ángeles, se demuestre que no únicamente se confió en la palabra de los testigos protegidos, sino que realmente los titulares de tres secretarías de estado (Genaro García Luna, de Seguridad Pública; Guillermo Galván, de Defensa Nacional; y Marisela Morales, de la Procuraduría General de la República) fabricaron dichas declaraciones para poder detenerlos y consignarlos.

Lamentablemente su sola liberación después de meses o años de detención y hasta que terminó el sexenio de Calderón, deja también muy mal parado al Poder Judicial, pues dada la debilidad de los expedientes (en el caso de Ramírez Mandujano, fue la propia PGR la que se desistió de las acusaciones porque consideró que no había elementos para sostenerlas) es muy cuestionable que hayan dictado los autos de formal prisión.
Durante su mandato Calderón se quejó varias veces de lo contrario, es decir, que los jueces pecaban de formalistas y liberaban a delincuentes por minucias; pero -al menos en estos casos- parece ser que el problema era exactamente el contrario, es decir, casi bastaba que el Ministerio Público integrará el expediente y consignará a los detenidos para que el juez obsequiara el auto de formal prisión.

Lo cierto es que es que cada día aparecen más elementos que incrementan los números negativos y disminuyen los positivos, con lo cual el saldo se vuelve todavía más negativo. Y lo peor es que hasta estos momentos la única estrategia que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene para combatir la inseguridad es evadir el tema y festejar que en los primeros 5 meses de su gobierno nada más hubo 5,296 asesinatos vinculados con la delincuencia organizada, lo que implica una reducción del 14% con lo sucedido en los últimos 5 meses del anterior gobierno.

Fuente: El Siglo de Torreón