Cuitláhuac Salinas es el primer ex funcionario de procuración de justicia del sexenio calderonista que habla sobre el caso de la detención del general Tomás Ángeles Dahuahare, y al hacerlo, suelta una bomba político-judicial.
En entrevista con Primero Noticias ayer, hizo dos afirmaciones muy serias:
1.- Fueron militares dentro de la Procuraduría General de la República los que armaron ese expediente con sigilo y motivados políticamente, en un auténtico complot.
2.- Que él, como subprocurador de Delincuencia Organizada hasta unos días antes del fin del sexenio, tuvo conocimiento de investigaciones por corrupción y narcotráfico contra altos funcionarios militares y civiles del Gobierno de Felipe Calderón. Esa información y los “ataques” que percibió de parte de un grupo político, dijo, le hicieron temer por la seguridad de su familia y lo condujeron a renunciar a su puesto.
Aparentemente motivado ahora por una presunta averiguación en la que se busca acusarlo, Salinas se decidió a hablar, dijo que ha recibido amenazas y denunció que la PGR actual no le ha querido brindar la protección que le corresponde por ley como ex zar antidroga.
Por primera vez, un funcionario del Gobierno anterior dice abiertamente lo que ha sido una sospecha general: que el caso contra el general Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, carecía de sustento y de evidencias, pero que hubo una maniobra política desde altos niveles para decretar el arresto de los cinco militares.
Según Salinas, la exprocuradora Marisela Morales le había advertido desde su llegada que habría expedientes especiales “reservados” a los que él no tendría acceso. El caso Dauahare fue uno de ellos, pues lo manejaron militares incrustados dentro de la PGR que actuaban sin consultar ni rendir cuentas a nadie en esa dependencia.
De acuerdo con lo relatado por el exfuncionario, el día que fue arrestado Ángeles Dauahare la entonces procuradora Marisela Morales le llamó por teléfono para preguntarle si él tenía detenido a un militar de alto rango. El respondió que no.
La detención había sido operada exclusivamente por los militares, encabezados por el titular de la Unidad de Delitos contra la Salud, Gerardo Salazar Bolaños. Y el general sí estaba en el SIEDO, abajo de su oficina. Salinas dice desconocer si el presidente Calderón estaba al tanto y el grado de involucramiento de la exprocuradora sobre el caso, pero recuerda que Salazar Bolaños trabajaba con ella desde antes de llegar al máximo cargo de la PGR.
Relata que una vez hecho público el caso de los generales detenidos, Morales le preguntó directamente su opinión sobre el expediente y él le respondió que las pruebas eran insuficientes, pero nada detuvo el caso.
Los dichos de Salina cimbran al poder que se fue y al que aún está. La PGR dice tener abierta una averiguación por el caso armado con el testigo protegido “Jennifer” contra los generales. Aún faltan capítulos en esta historia.
Fuente: Informador
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