Todo estaba listo para “la limpia”. La agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA, iba a financiar la operación y proveer el equipo técnico de video e intervención de comunicaciones para atrapar a los corruptos.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) había determinado cuáles de sus agentes realizarían las escuchas a jueces, magistrados, ministros y colaboradores más cercanos.
La Procuraduría General de la República había diseñado un plan de capacitación para el personal del Poder Judicial y la Policía Federal apoyaría en los operativos para ejecutar las órdenes de aprehensión contra las “ovejas negras”.
Así, tres dependencias mexicanas y una del Gobierno de EU estaban listas para realizar un megaoperativo conjunto de limpieza a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plan incluía renovar el sistema de video, escuchar llamadas realizadas desde los teléfonos fijos, cotejar vehículos que usaban los funcionarios con sus niveles de ingresos y poner “marcaje personal” (seguimientos, escucha de celulares, revisión de cuentas) a aquellos jueces que causaran sospechas.
Habría dos equipos: uno que hiciera investigaciones aleatorias y otro que indagara a individuos cuyo comportamiento generara desconfianza.
Era el inicio de 2012. Según dos de los involucrados que pidieron el anonimato, el proyecto se había cabildeado entre los “segundos” de las dependencias: Luis Fernando Angulo, secretario del ministro presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza; Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal en la Secretaría de Seguridad Pública; Cuitláhuac Salinas como subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR; y los agentes de la DEA adscritos a la embajada de Estados Unidos en México.
Nunca se llevó a cabo. El discurso entre los dos poderes se tensó. Ejecutivo contra Judicial. La escalada llegó a una confrontación entre el presidente Felipe Calderón y el ministro presidente Silva Meza. Ganó la desconfianza.
Por un lado, unos pensaron que los órganos de inteligencia del Ejecutivo, aliados con el Gobierno estadounidense, estarían fascinados con una “intervención” que ponía en posición de vulnerabilidad a la Corte, que sería “encuerada” por agentes externos que no necesariamente mantendrían con profesionalismo y secrecía las investigaciones; se les antojaba como un doble desafío a la soberanía entre dos poderes y dos países.
Por el otro, permeó la idea de que el Poder Judicial no tenía un deseo real de limpieza, sino que más bien les interesaba la protección de sus intereses y el mantenimiento del estado actual de la impartición de justicia en México.
SACIAMORBOS
Nombre singular ese de Julen. Pocos lo portan. Por eso destaca cuando surge en la investigación que busca, desde el sexenio pasado, descubrir los alcances de cierta mujer poderosa de paso breve, pero devastador por Los Pinos.
Fuente: Zócalo de Saltillo
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