Las cartas de la reforma - Jorge Fernández Menéndez

En 2007, un año después de las controvertidas elecciones que llevaron al poder al entonces presidente Felipe Calderón se acordó, para disminuir la confrontación y las demandas de ilegitimidad provenientes del lopezobradorismo, realizar una profunda reforma política y electoral, a partir de un acuerdo con los partidos políticos. La reforma tenía puntos muy positivos y algunos errores graves que provenían de cumplir con algunos caprichos partidarios, sobre todo en relación con los medios de comunicación.

En los hechos prácticamente toda la agenda del PRD (y de López Obrador) sobre temas electorales se llevó a la reforma junto con una buena parte de lo que demandaba el PRI y en menor medida el PAN. El compromiso para sacar adelante con esas características la reforma política fue el compromiso de los partidos de apoyar, una vez que se aprobara la misma, las reformas energética y fiscal que proponía la administración de Calderón y que no podían tener, en esa correlación de fuerzas, posibilidades de transitar en el Congreso sin un acuerdo relativamente amplio.



Recuerdo que unas horas antes de la aprobación de la reforma, el ex presidente Calderón nos citó a un grupo de analistas y especialistas electorales que habíamos criticado algunos de los puntos de la reforma para decirnos que era consciente de esas insuficiencias, pero que el bien del país era más importante y que la reforma política abriría las puertas para otras más trascendentales.

Como todos sabemos la reforma política se aprobó y se aplicó, poniendo de manifiesto sus bondades e insuficiencias, en 2009 y 2012, y el compromiso, en ese sentido, fue tan firme que incluso cuando en 2010 y 2011 el entonces senador Manlio Fabio Beltrones impulsó una reforma política que corrigiera algunas de esas insuficiencias y avanzara en un modelo que otorgara mayor gobernabilidad, la propuesta fue postergada. Lo que no registró cumplimiento alguno fueron los otros compromisos: la reforma energética quedó en una mini reforma muy lejos de sus objetivos iniciales (incluso se rechazaron temas tan obvios como la operación privada de ductos en pos de defender “la soberanía nacional”, y en realidad respondiendo a intereses de sectores del transporte, lo que está en el fondo de muchos de los problemas que tenemos hoy con el millonario robo de combustibles y gas, y accidentes como el que se acaba de presentar en Xalostoc), y la fiscal nunca llegó más allá de sobrecargar a los causantes cautivos.

El lopezobradorismo, que había sido el gran beneficiario de la reforma política fue el que frenó las otras reformas, el PRD no quiso confrontarse internamente y el PRI, de cara al 2012, no quiso pagar el costo político de ir en esos temas con el PAN, que tampoco supo operar correctamente esas reformas. Aquella doble confrontación interna, entre Fernando Gómez Mont y César Nava, por los acuerdos Secretaría de Gobernación-PRI enfrentados con los del PAN-PRD para hacer coaliciones en los estados, terminó con las pocas expectativas que quedaban de sacar adelante en el sexenio una reforma fiscal.

Todo esto viene a cuento porque todo indica que en los agregados del Pacto por México, el PAN y el PRD estarían demandando (y el PRI aceptando) una reforma política y electoral previa a la presentación de las iniciativas de reforma energética y fiscal. Llama la atención porque precisamente uno de los grandes objetivos del Pacto, con sus más de 90 compromisos, era no abordar el tema de la reforma política hasta que no salieran adelante esas grandes reformas estructurales que, desde 1994, se vienen postergando por desavenencias políticas entre los partidos o calendarios electorales inoportunos. No dudo que se puedan sacar adelante, incluso en un periodo extraordinario, reformas políticas y electorales que son del interés de los partidos, pero dudo mucho de que ello termine abonando el camino hacia las reformas estructurales, salvo que el gobierno y el PRI hagan enormes concesiones. El PAN apostará muy alto por la segunda vuelta presidencial y el PRD por ir hacia un sistema más parlamentario, quitar atribuciones al Ejecutivo federal y por una reforma política que, entre otras cosas, dé estatus de estado al DF.

Dicen en los partidos de la oposición que todas las reformas se están trabajando de manera conjunta y que sólo se alterará el orden de presentación de las mismas. Puede ser y quizá todo salga como lo tienen planeado los dirigentes partidarios y el gobierno en el seno del Pacto, pero la experiencia hasta ahora, por lo menos en los tres últimos sexenios, es que las que han salido adelante son las reformas políticas y electorales; y las postergadas, por una u otra razón, han sido sobre todo la energética y la fiscal. Dicen que el destino baraja las cartas, pero que somos nosotros los que las jugamos. A ver si lo hacemos bien en esta ocasión.

Fuente: Excélsior