escenario político desde que la idea de que la fuerza física por sí
misma es un motor de cambio, se introdujo en el pensamiento
revolucionario, pero también en aquel que pretendía evitar las
expresiones de una sociedad demandante de transformaciones profundas, y
que veía en el uso de la fuerza la mejor forma de defender el orden
existente. El Estado democrático, como legítimo poseedor del monopolio
de la violencia en el marco de un régimen de derecho, considera el uso
de la fuerza como una forma última de resolver conflictos y más que nada
como instrumento para garantizar la seguridad de sus habitantes.
Todo movimiento social basado en el uso de las armas como vía para
alcanzar el poder, terminó por convertirse en un modelo autoritario que
reprodujo de una u otra forma el tipo de gobierno que había logrado
derrocar. Las revoluciones del siglo XX, desde la mexicana hasta la
soviética, construyeron opciones políticas lejanas incluso, a su propio
concepto de democracia que pretendían construir. Por otro lado, las
grandes movilizaciones del siglo XXI, incluyendo las de la llamada
Primavera Árabe, basaron su fortaleza, más en su capacidad de
convocatoria popular, que en el poderío armamentístico utilizado.
Cuando distintos grupos de presión dentro de un régimen democrático
hacen uso de la violencia armada en sus distintos niveles, expresan por
un lado las debilidades del Estado para responder a sus demandas, pero
también son un indicador del grado de descomposición política en esa
entidad. Es esto lo que ha vivido la sociedad mexicana en los últimos
meses, aunado a la violencia criminal que enfrenta desde hace un par de
décadas.
Los ejemplos de la movilización violenta organizada por la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación en Guerrero, Oaxaca y
Michoacán, junto con sus aliados del llamado Movimiento Popular y los
encapuchados que se apoderaron de la rectoría de la UNAM, son prueba de
que la reforma educativa amenaza seriamente la capacidad política de
estos grupos de presión beneficiados por las prebendas otorgadas durante
el viejo régimen. Se trata de un movimiento de resistencia para tratar
de evitar que los mecanismos de evaluación docente lleguen a destruir su
capital político construido durante años, a costa de la calidad
educativa del país.
El financiamiento de estos grupos proviene de los bajos mundos de la
política, donde caciques, líderes sindicales y hasta ex gobernadores, se
juegan presente y futuro político y por ello están dispuestos a lanzar
golpeadores profesionales, justificando la violencia con el argumento de
que sus demandas no son escuchadas. La propuesta de los violentos
descalifica los principios de la democracia representativa y el estado
de derecho. Si el Congreso Federal y local aprueban leyes contrarias a
sus intereses, estas instancias se vuelven ilegítimas, y por tanto no
deben ser obedecidas.
El uso de la violencia para cancelar cualquier posibilidad de que lo
aprobado se ponga en práctica, se justifica tanto por su condición de
oprimido, como por el rechazo a sus propuestas. Aquí, la ley deja de
existir, y la justicia revolucionaria en manos de los militantes se
convierte en el valor supremo del movimiento y en la verdad absoluta
revelada por su liderazgo. Cualquier uso de la fuerza por parte del
Estado es “represión ilegítima”, y por lo tanto es condenable. El vacío
de autoridad y la ausencia de elementos sancionadores para los violentos
sólo demuestra la debilidad de las instancias democráticas de gobierno,
y da la razón a aquellos que confían en que la fuerza siga siendo el
elemento indispensable para obtener satisfacción a sus demandas.
Darles la razón y tolerar a los violentos, es cortarle los brazos a la
democracia y al estado de derecho.
Twitter@ezshabot
Fuente: El Universal.
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