El reportaje en The Washington Post de Nick Miroff —a la prensa mexicana nos debería dar vergüenza que en el extranjero se haga el trabajo periodístico que nos toca hacer a nosotros— es implacable. Afirma:
“El Estado mexicano se está tambaleando en algunas partes del país”, ante la aparición de las policías comunitarias. “El gobierno de Peña Nieto lanzó una estrategia de seguridad para Michoacán que es igual a la que emprendió hace seis años el ex presidente Felipe Calderón: poner al Ejército en las calles para vigilar la entidad”.
Reconoce el gobierno peñista que durante los primeros cinco meses del sexenio se han registrado cinco mil 296 homicidios —un ritmo frenético: mil 50 muertos al mes, 35 cada día—, aunque el prestigiado y respetado semanario Zeta —dirigido por la periodista Adela Navarro— da la cifra, en el mismo lapso, de ocho mil ejecuciones.
Lo preocupante es que el país se ha bifurcado: por un lado está la discusión política —el Pacto por México, la fractura interna del PAN, los escándalos de Granier, Reynoso, Murillo Karam y lo que se acumule— y, por otro, como una olla de presión a punto de reventar, aparece la contención oficialista y el ocultamiento en el discurso de gobierno sobre lo que es una realidad dolorosa y viva: la violencia que, lejos de haber disminuido, está repuntando.
Y no es percepción. Allí están los hechos irrebatibles:
–Guerrero ha sido el estado más violento: 888 muertes relacionadas con el crimen organizado. Le sigue Chihuahua con 722, Estado de México —donde la ingobernabilidad se asoma peligrosa ante el embate de la criminalidad— y Jalisco, con 568 ejecuciones cada uno.
–Son gobernados por el PRI los estados más violentos y donde hay más ejecuciones relacionadas con el crimen organizado (excepto Guerrero): Chihuahua, Edomex y Jalisco. Durango y Coahuila (también priistas) en la Comarca Lagunera, sobre todo, siguen los altos índices de violencia y la seguridad en punto muerto.
–Lo que para Calderón fue Ciudad Juárez, para Peña Nieto es Acapulco: 403 ejecuciones de diciembre de 2012 hasta abril de este año.
–En un sólo acto, asesinan a seis personas e incendian vehículos en Apaxtla de Castrejón, Guerrero.
–Cinco muertos y tres heridos en Guanajuato.
–En Neza ejecutan al dueño de Micheladas Don Chuy por no pagar cuota de piso al crimen organizado.
–Y cuidado en el DF: los estallidos en un cajero bancario en Tlalpan, y en Bellas Artes días después, autoadjudicados por grupos subversivos, prenden las luces rojas en la capital. Es violencia y temor.
–El secuestro también va al alza: de acuerdo con el Sistema Nacional de Información (SIN), durante los primeros cinco meses del gobierno de Peña Nieto los plagios llegaron a… ¡596!, en comparación con los 209 registrados en lapso similar al arranque del gobierno de Calderón. Es decir: 120 personas al mes fueron secuestradas de diciembre de 2012 a abril de 2013. Cuatro diarias. Eso se llama miedo.
Y dos ejemplos del empoderamiento de los cárteles nos ofrece el reportero Enrique Mendoza Hernández, de Zeta: tan sólo en Guerrero, son… ¡17 grupos del crimen organizado los que se disputan el control delictivo! En Chihuahua son ocho.
En la violencia que arrodilla a los mexicanos, no hay grandes ni pequeñas tragedias. La más desgarradora es la que vive a quien le ocurre.
Intentar encapsular un problema nacional que flagela, agravia y va en aumento —la violencia del narco y sus hermanas: el secuestro, la extorsión— sólo conduce a mayor desinformación y descontrol y, por tanto, menos herramientas para poder enfrentarlos.
De qué sirve un Pacto por México ahogado en sangre y en inseguridad.
ARCHIVO CONFIDENCIAL
GRANIER. La pinza se cierra sobre el ex gobernador Andrés Granier: la procuraduría de Justicia de Tabasco lo citará a comparecer para que responda por el hallazgo de 88.5 millones de pesos encontrados en una casa vinculada a quien fuera su tesorero, José Saiz Pineda.
El enriquecimiento del priista es de escándalo. La jactancia etílica de los 400 pares de zapatos, 300 trajes y mil camisas sería sólo un botón de muestra de los presuntos abusos al erario.
Allí están también las propiedades de lujo. Ese es el lado jurídico. Del otro está lo político: veremos si el gobierno priista da luz verde al proceso legal en contra de su correligionario.
Fuente: Excelsior.
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