Ayer comenzaron a correr los plazos para cumplir con los mandatos establecidos en los artículos transitorios de las reformas constitucionales en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión publicadas el martes 11 de junio pasado.
Sin contar el día de hoy, quedan 178 días para que el Ejecutivo federal emita los lineamientos para la política de inclusión digital universal; determine el presupuesto para concluir el apagón analógico en 2015, y establezca las normas oficiales que prohíban la importación y comercialización de aparatos analógicos. Para que expida la normatividad (programa de licitación y estrategia) para la construcción de la Red Compartida de Telecomunicaciones de mayoreo. Sesenta y ocho días para que el Ejecutivo presente la lista de candidatos para ocupar los cargos de comisionados, y que después, en 10 días, el Senado determine quiénes conformarán los plenos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, además de presentar su propuesta para la conformación del Consejo Ciudadano a cargo del cual quedará la operación del Organismo Descentralizado de Radio y Televisión Pública, entre otras.
Pero las obligaciones constitucionales del Congreso de ninguna manera son menores. En máximo 178 días deberá expedir la legislación que adecúe las leyes vigentes a la nueva normatividad, incluyendo la Ley Convergente de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la nueva Ley Federal de Competencia Económica como reglamentaria del artículo 28 constitucional; la Ley Orgánica del Organismo Descentralizado de Radio y Televisión Pública; la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica; las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor; la Ley Federal de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales para prohibir la suspensión de resoluciones de Cofeco distintas a las de multas y desincorporación de activos; reformas al Código Penal Federal para incluir tipos penales en materia de conductas anticompetencia o antilibre concurrencia, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para adecuar facultades del secretario y subsecretario de Comunicaciones, por decir algunas.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal, en 58 días, deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
Esta lista, que no es exhaustiva sino sólo referencial de algunas de las obligaciones que se detonan con la entrada en vigor de las reformas en cuestión, da una idea de su magnitud y alcance.
Pero en un Estado como el nuestro, que ha creado las condiciones para que 11 familias que acumulan fortunas de más de mil millones de dólares convivan con más de 50 millones de individuos sumidos en pobreza, luchando por no sumarse a los 13 millones engullidos por el infierno sin esperanza de la pobreza extrema, la reciente publicación y entrada en vigor de las reformas, el trabajo por completar es apenas un primer paso para la reconciliación, la reparación de deudas con la sociedad y la construcción de una estructura de mercados que haga viable la justicia social que toda nación debe a sus ciudadanos.
Aunque nada de lo que se haga hoy podrá resarcir el daño causado por las omisiones del pasado, si la legislación secundaria respeta el espíritu del constituyente permanente, y los órganos reguladores autónomos cumplen con su responsabilidad, el gran calado de las reformas deberá transformar las estructuras de los mercados nacionales, generando los incentivos apropiados para fomentar la competencia en todos ellos; el crecimiento y desarrollo de nuevos emprendimientos en todos los ámbitos de la economía nacional, y con ello la generación de fuentes de empleo mejor remuneradas, que tan necesarias son para México.
He ahí el quid del problema. Dícese que el diablo está en los detalles, y será la legislación secundaria la que aterrice las buenas intenciones de las reformas, tanto como lo será la integración de los plenos de la Comisión y el Instituto -responsables de aplicar las leyes y la Constitución-, porque de nada sirven las buenas leyes si no hay autoridad que se atreva a cumplirlas.
Pero, tomando prestada la cita a Winston Churchill que el presidente del PRD, Jesús Zambrano, hizo durante su discurso en la ceremonia de promulgación el lunes pasado, aunque "éste, posiblemente, no sea el final, y ni siquiera el comienzo del final. Probablemente es el final del comienzo", así que a terminar lo que ya empezamos.
pcarpinteyro@gmail.com
Fuente: Reforma
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