Para establecer prioridades pueden usarse dos criterios: el potencial transformador de las iniciativas y las demandas de la población. Ninguno de estos dos criterios favorece la priorización de la reforma política.
Prácticamente todos los temas que quedaron pendientes del periodo legislativo que acaba de terminar son más urgentes e importantes por su potencial transformador que aquellos englobados en la reforma política esbozada por los líderes del PAN y el PRD en el Senado. Pendientes quedaron: las leyes secundarias sin las cuales las reformas educativa y de telecomunicaciones serán letra muerta; la financiera que promete ampliar y abaratar el crédito; la de transparencia que haría sujetos obligados a partidos y sindicatos; la de deuda de estados y municipios que impediría el abuso y discrecionalidad de los gobernadores; la comisión anticorrupción y el fuero para frenar abusos y privilegios de funcionarios públicos; la del IMSS que acabaría con la práctica de sub-reportar salarios y que daría al Instituto 3,000 millones de pesos; la del código penal que ayudaría al acceso a la justicia; las reglamentarias de las candidaturas independientes, consulta popular, iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.
Si nos movemos al criterio del sentir de la población y la obligación de los políticos de responder a sus demandas, la reforma política tampoco se revela como prioritaria. Hace ya tiempo que las encuestas muestran que las dos grandes preocupaciones de la población tienen que ver con la economía -empleo, remu-neraciones, precios, seguridad social, acceso al crédito- y con la seguridad. En consecuencia, la prioridad de los legisladores debería estar en aquellas reformas que de una u otra manera puedan incidir en la mejoría de los índices en estas dos preocupaciones en lugar de en una reforma política que no guarda relación con ellos.
Los 30 puntos que han presentado los senadores del PAN y del PRD para "defender y profundizar la democracia" son cualquier cosa menos una agenda mínima. La amplitud y profundidad de las propuestas son tales que de ser aprobadas estaríamos frente a una reforma de gran calado. Pero pronto descubriríamos que los problemas del crecimiento y la seguridad que son los que preocupan a la población seguirían sin modificación. Peor aún, pronto descubriríamos que los 30 puntos en poco ayudarían a los propósitos que los propios senadores dicen perseguir: incrementar la legitimidad electoral, evitar la vuelta al autoritarismo y mejorar la gobernabilidad.
La parte electoral de la propuesta se concentra en medidas para atajar la comisión de delitos, mejorar la equidad y aumentar la legitimidad de los gobernantes. Para ello se establecen más candados en el uso de recursos públicos y en la publicidad, nuevos tipos penales, sanciones más severas y la segunda vuelta electoral. Detrás de estas reformas sigue vigente la equivocada concepción de que la sobrerregulación y la elevación de penas actúan como disuasorias de conductas ilegales y de que la legitimidad está en función del porcentaje de votos obtenido.
La parte que pretende modificar el régimen político también adolece de los mismos vicios que iniciativas anteriores. Los legisladores insisten en que el eje de una reforma política debe ser acotar al Poder Ejecutivo. Como si en la figura del Presidente se condensaran todos los males del arreglo político, como si de su debilitamiento dependiera el ejercicio democrático del poder, como si los otros poderes no requirieran de contrapesos.
Nuestro sistema político admite mejoras pero lo que no quieren entender es que la mejor vía para la consolidación de la democracia es por una parte el compromiso democrático de sus gobernantes y, por la otra, una población que experimente las consecuencias del crecimiento económico y seguridad personal y patrimonial.
Fuente: Reforma 11 jun 13
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