En México la transición a la democracia se tradujo en la desaparición de "la familia revolucionaria" y el surgimiento de una sociedad anónima (SA), que integra a todos los partidos políticos
El Estado no es un gobierno ni la administración pública federal. Es la entidad que engloba a los diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y se compone de la burocracia y la clase política. A lo que se suman las empresas paraestatales, el Poder Legislativo, Judicial y los organismos autónomos (IFE, Banco de México, IFAI y, próximamente, Ifetel).
En México la transición a la democracia se tradujo en la desaparición de "la familia revolucionaria" y el surgimiento de una sociedad anónima (SA), que integra a todos los partidos políticos. El fin del partido único dio paso a la alternancia y a la "socialización" del poder. Todos, grandes y chicos, reciben tajadas y beneficios.
Hay quien, con ingenuidad supina, defiende las organizaciones pequeñas como salvaguarda del pluralismo. Pero, cuan- do hablamos de pluralismo, ¿de qué hablamos? ¿Del Partido Nueva Alianza de la defenestrada profesora Gordillo? ¿Del Verde Ecologista que es un negocio de la familia González Torres? ¿O del Partido del Trabajo que venera al Líder de líderes de Corea del Norte?
Así que si cualquiera de esas organizaciones desapareciera, ¿qué perderían los ciudadanos?: nada. Pero, sin duda, todas forman parte y obtienen beneficios del Estado expoliador.
El Estado expoliador vigila y sanciona a los causantes cautivos. Pocos pagan mucho. Si alguien se retrasa en la declaración mensual, puede ser sometido a una auditoría; pero si un causante moroso reincide, el SAT le propone un módico arreglo (la bolsa de condonaciones de este año fue de 160 mil millones de pesos) para que se ponga al corriente.
Así que bajo el Estado expoliador hay tres tipos de contribuyentes: a) los que pagan puntualmente; b) los morosos a quienes les son condonados los adeudos; c) los informales que no pagan nada. Parafraseando a Orwell: todos son iguales, pero hay unos más vivos que otros.
El Estado expoliador encarcela a los ciudadanos indefensos y pobres por cometer delitos de hambre, cuyos montos son inferiores a 500 pesos (alrededor del 40 por ciento de los detenidos en el Estado de México y el DF responden a esas condiciones).
Pero el Estado expoliador es generoso con las clientelas políticas de la Sociedad Anónima. Por eso libera a quienes delinquen abierta y manifiestamente contra ciudadanos y fuerzas del orden. La Asamblea del DF, dominada por los perredistas, reformó la ley para excarcelar y exonerar a los vándalos del 1o. de diciembre del año pasado.
El Estado expoliador no garantiza juicio transparente ni expedito. La justicia en México es clasista y funciona a través de complicidades y compadrazgos. Don Genaro Góngora, uña y mugre del "rayito de esperanza", lo confirma.
El Estado expoliador no es capaz de proteger a todos los ciudadanos, pero los persigue cuando se defienden de los ataques del crimen organizado. En la Ruana y Buenavista Tomatlán, Michoacán, los líderes de las autodefensas tienen nombres y apellidos. Jamás se escudaron bajo un pasamontañas.
El Estado expoliador, que condena a los grupos de autodefensa, se sometió a una organización guerrillera que le declaró la guerra al Ejército en 1994. Los zapatistas fueron tolerados, homenajeados y jamás desarmados.
El Estado expoliador es incapaz de contener el tráfico masivo de armas de alto poder, que utiliza el crimen organizado, pero prohíbe a los ciudadanos comunes detentar armas de calibre adecuado para su legítima defensa.
El Estado expoliador es ineficiente y sordo. La demanda de seguridad y justicia data, cuando menos, de 1994. Pero al cabo de estos 20 años, la violencia ha alcanzado niveles brutales e inimaginables y el funcionamiento del sistema judicial sigue siendo lamentable.
El Estado expoliador mantiene un sistema de seguridad social caro e ineficiente. Trabajadores jubilados a los 50 años, hospitales sin medicamentos y pésima o nula atención médica.
El Estado expoliador se presenta como la encarnación del pueblo y la nación. Los recursos de Pemex, se dice, son de todos los mexicanos. Pero la realidad es que se utilizan a discreción. Nadie supo y nadie sabe a dónde van esas carretadas de dinero.
El Estado expoliador se expresa en los abusos y excesos de gobernadores y presidentes municipales. Los hay de todos los colores y sabores, como debe ser en una SA.
El Estado expoliador reclama la rectoría del Estado, pero rectoría para qué. Ahí esta la contrarreforma de 2007. Se prohibió a los ciudadanos hacer propaganda en tiempos electorales, no fuera a ser que lastimaran la honra de los políticos y promovieran el voto nulo.
El Estado expoliador demanda mayores recursos, pero no hay claridad ni transparencia en cómo se utilizan. La danza de los millones es alucinante. Miles de millones para los partidos, los sindicatos, un sistema educativo ineficiente y otro de salud inexistente. Amén de las condonaciones de las deudas a municipios y estados por otras decenas de miles de millones de pesos.
El Estado expoliador sobrerregula diferentes actividades con pretextos "loables", pero el fin efectivo y verdadero es la extorsión de los ciudadanos. La lista es larga: bares clausurados porque no tienen una carta Braille o sindicatos de la construcción -inexistentes- que extorsionan a los constructores.
El Estado expoliador define a los partidos como entidades de interés público y los dota de enormes recursos, cuando no son otra cosa que organizaciones burocráticas de particulares en busca del poder y beneficios económicos.
El Estado expoliador es una realidad. Karl Popper explicó, hace muchos años, el fondo de la cuestión: la clase política suele estar por debajo de la media intelectual y moral de su sociedad.
Fuente: Reforma
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