J A I M E S Á N C H E Z S U S A R R E Y
7 de julio
El Pacto por México sobrevivió a las elecciones del 7 de julio. Los resultados fueron buenos para el PRI, aceptables para el PAN y llevaderos para el PRD. Por eso las tensiones y las denuncias han bajado de tono fuera y dentro de los partidos.
Pero, por lo mismo, las campañas y las elecciones dejan una serie de enseñanzas que vale subrayar. Sobretodo, porque -como se ha anunciado- en el seno del Pacto por México se elaborará una nueva reforma electoral y política. Amén de los 30 puntos que presentaron los senadores del PAN y del PRD como agenda alternativa.
Aunque por el momento no hay consenso, algunos temas ya están sobre la mesa: el primero es desaparecer el IFE para crear un Instituto Nacional Electoral (INE), que sería el responsable de organizar los comicios federales, estatales y municipales en todo el País.
La iniciativa de crear el INE, avalada por el PAN y el PRD, tiene como objetivo desaparecer los Consejos Estatales Electorales, donde los gobernadores –se dice- tienen un enorme poder que les permite cargar los dados a su favor.
A la luz de ese supuesto y objetivo, vale evaluar lo que ocurrió en los procesos electorales que se celebraron el pasado domingo.
Contra todo pronóstico, si se toman como referencia las descalificaciones y denuncias previas a la jornada electoral, que llegaron hasta demandar el vigilancia del Ejército, los comicios se celebraron en paz y orden.
No hubo denuncias de robo de urnas ni de padrón inflado ni de carruseles. Esto significa que los Consejos Estatales Electorales funcionan con un mínimo de eficacia que permite que los votos cuenten y se cuenten.
Hecho que se explica, en buena medida, por los soportes federales que enmarcan a los procesos locales: la credencial de elector y el padrón electoral.
A lo que se agrega el derecho a denunciar ante los tribunales electorales estatales las irregularidades y de recurrir, en última instancia, al Tribunal Federal Electoral, que no está bajo la férula de ningún Gobernador.
Paradoja de paradojas. En Baja California, donde el PAN gobierna desde hace 24 años, la denuncia de los panistas fue en sentido contrario: el Instituto Electoral de Baja California favorecía... ¡al PRI!, es decir, al partido que lleva más de dos décadas en la oposición.
Todo esto impone una reflexión elemental: la denuncia de presuntos fraudes e irregularidades se ha vuelto una verdadera epidemia. Pero una epidemia que, la mayoría de las veces, no tiene sustento alguno.
López Obrador fue el primero en recurrir a este procedimiento en 2006. Inventó la existencia de un fraude electoral con pruebas inexistentes: el algoritmo del PREP, el relleno de urnas a la antigüita y la desaparición de 3 millones de votos.
En 2012 repitió el procedimiento, pero ya no recurrió a ninguno de los argumentos de 2006, y se sacó de la manga la compra de votos con tarjetas de Soriana y la exhibición de patos, chivos y pollos, en la Ciudad de México, que habrían servido al mismo propósito.
Lo notable, en este caso, no fue lo grotesco de la denuncia, sino que el presidente del PAN se haya sumado a la acusación y declarado que Peña Nieto había ganado a billetazos.
Semejante declaración, proveniente del presidente del partido que llevaba 12 años en la Presidencia de la República, debió provocar una carcajada nacional. Pero no fue así.
En 2012, como en 2006, una buena parte de la población quedó convencida de que en efecto se habían cometido irregularidades que hipotecaron la legitimidad del proceso electoral.
Lo que presenciamos en las pasadas campañas electorales es más de lo mismo. Se denuncia sin pruebas, a modo de vacuna. El endurecimiento de Gustavo Madero no obedeció a condiciones objetivas, sino a una estrategia para fortalecerse internamente y comprar un seguro en caso de derrota.
Madero operó bajo la estricta lógica de López Obrador: se está fraguando un fraude, la única y verdadera evidencia de un proceso electoral legal y transparente es y será la victoria del PAN.
Obviamente, en el contexto del enfrentamiento con la corriente "calderonista", encabezada por Cordero, y de 14 procesos electorales de importancia relativamente menor, salvo el caso de la gubernatura en disputa, todo se jugaba en Baja California.
De lo que se pueden inferir varias cosas: la derrota en Baja California habría puesto la cabeza del presidente nacional del PAN en la picota. Gustavo Madero, en lugar de admitir el fracaso en ese estado, habría denunciado un gran fraude y encabezado la salida del Pacto por México.
Todo sistema democrático tiene dos componentes esenciales: uno institucional, que garantiza que los votos cuenten y se cuenten, y otro cultural, que supone valores y prácticas de los ciudadanos y los políticos.
En el caso de México el valor ausente es la responsabilidad y el desconocimiento de la derrota. López Obrador es, sin duda alguna, el paradigma de esa carencia. Pero no es el único. El PAN se ha mimetizado y la practica con menos enjundia y determinación, pero la practica.
Es por eso que cada elección da pie, por una parte, al desprestigio de la autoridad electoral, los partidos y los políticos. Pero también conduce a nuevas e interminables reformas que sobreregulan los procesos electorales.
Así ocurrió en 2007. Y así ocurrirá de nuevo. El PAN y el PRD impondrán parte de su agenda electoral, porque el Gobierno de Peña Nieto no podrá darse el lujo de romper el Pacto por México.
El mito de Sísifo se reeditará una vez más. El Instituto Nacional Electoral no será la varita mágica que solucione los problemas y entonces volverá a empezar el cuento de nunca acabar.
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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