J A I M E S Á N C H E Z S U S A R R E Y
"Z-40"
Uno de los peores saldos de la guerra contra el narcotráfico, durante el sexenio pasado, fue el ascenso de "Los Zetas". Según datos de Cuitláhuac Salinas, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a principios de enero de 2012, el Cártel de Sinaloa había perdido terreno -sólo tenía presencia en 16 estados- frente a "Los Zetas"-que habían expandido su influencia en 17 entidades.
Entre todos los cárteles, "Los Zetas" eran y son los más temidos por la población. Los estados donde imperan (Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Nayarit) sufren niveles brutales de violencia. Los secuestros, la extorsión y los asesinatos son su sello. Además que atentan directa e indiscriminadamente contra toda la población. A lo que se suma la trata y el asesinato masivo de migrantes.
"Los Zetas" ejemplifican a la perfección la tesis de Mark Kleiman, especialista estadounidense en seguridad. Se trata de un cártel brutalmente violento que no debe ser combatido como cualquier otro. Sus prácticas van más allá de lo que puede ser tolerado: porque no es lo mismo el trasiego de drogas que la extorsión, el derecho de piso, el secuestro y el asesinato indiscriminado de civiles.
El peligro, en este caso, es que la decapitación de "Los Zetas" se traduzca en una multiplicación de grupos y liderazgos. Esa fue una de las principales enseñanzas del sexenio de Felipe Calderón. Las detenciones de los grandes capos conllevaron el ascenso de una nueva generación, más brutal y violenta, dado que era encabezada por quienes comandaban los brazos armados de los diferentes cárteles.
Pero en el caso de "Los Zetas" lo que pueda ocurrir difícilmente será peor que que lo que ya existe. Porque resulta imposible imaginar mayores hechos de brutalidad y violencia que el asesinato masivo de migrantes o la selección al azar de ciudadanos indefensos para torturarlos y asesinarlos con el único fin de aterrorizar a la población.
Para el Gobierno de la República, la detención del "Z-40" representa la gran oportunidad. Todo dependerá de que persista en la estrategia. Porque otra de las enseñanzas fundamentales del sexenio pasado es que no se puede sostener una batalla contra todos los cárteles al mismo tiempo. Es indispensable fijar objetivos y concentrar todos los recursos del Estado en la consecución de los mismos.
La experiencia de Colombia apunta en el mismo sentido: la destrucción del cártel de Medellín fue el objetivo fundamental del gobierno colombiano a finales de los 80 y principios de los 90. De hecho, los Perseguidos por Pablo Escobar ("Los Pepes"), organizaciones criminales rivales, jugaron un papel fundamental en el debilitamiento y posterior destrucción de ese cártel.
Así que la conclusión es evidente: Si la detención del "Z-40" se transforma en una ofensiva sistemática contra el cártel más violento y que más lastima a la población, el Gobierno de Peña Nieto se apuntará una victoria fundamental. Pero si, por el contrario, los objetivos se multiplican y los recursos se dividen, el riesgo es que "Los Zetas" sobrevivan con otro u otros liderazgos, y la historia del sexenio de Calderón se repita.
Hasta la fecha, las medidas del Gobierno federal para combatir los delitos de alto impacto parecen confusas y contradictorias. La tardanza para intervenir en Tierra Caliente, Michoacán, y las contradicciones en torno a la Gendarmería Nacional, para no hablar de las expectativas puestas en los programas de prevención del delito, abonan la percepción de que no hay un plan efectivo.
La estrategia de abatimiento de los delitos de alto impacto (asesinatos, secuestro y extorsión) no funcionará si el Gobierno federal no traza objetivos precisos y mecanismos consistentes. Para que ello ocurra hay que considerar tres elementos: a) los programas de prevención del delito no son la solución; b) la prioridad debe ser destruir al cártel más violento y sanguinario; c) entre los delitos de alto impacto, el abatimiento de los índices de secuestro debe tener prioridad.
El delito del secuestro tiene particularidades muy precisas, que lo diferencian de los otros dos: estaba allí antes que se disparara, en 2008, la espiral de la violencia; es el que tiene más alto impacto social: la gente teme más ser secuestrada que asesinada, ya que todos son víctimas potenciales de un secuestro.
Finalmente, es un delito que no se denuncia por temor a que los policías estén coludidos o porque no se quiere poner en mayor peligro a la víctima. La cifra negra, en consecuencia, es altísima y es lógico suponer que cualquier estimación es arbitraria. Para colmo, es un crimen sencillo de cometer, muy redituable y con altos índices de impunidad.
Frente a tal complejidad, ¿qué hacer?
Primero, darle prioridad a las averiguaciones contra el secuestro y no tratarlas como cualquier otra denuncia; bajo el sistema actual el Ministerio Público debe poner la misma atención en un robo que en un secuestro (cfr. Rafael Ch, Es el secuestro, Nexos, abril, 2012).
Segundo, crear una unidad federal especializada y altamente calificada para combatirlo. Dicha unidad podría diseñarse y armarse a partir de experiencias internacionales.
Tercero, replicar en cada estado la formación de tales unidades de élite que deberían ser capacitadas y coordinadas por la corporación federal.
Cuarto, seguir y mantener bajo vigilancia especial los procesos contra las bandas de secuestradores para evitar una mala integración y para ponerlos como ejemplo de que el delito no sólo no quedará impune, sino se sancionará con penas muy severas.
Quinto, mantener en régimen especial a los detenidos por este delito para impedir que sigan operando, como ocurre en muchísimos casos, desde las cárceles donde se encuentran cumpliendo su sentencia.
Todo lo anterior es la receta indispensable para abatir la impunidad y bajar el índice de los delitos de alto impacto social. ¿La implementarán?
Leído en http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104
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