El tema de los secuestros ha despertado y eso al gobierno de Enrique Peña Nieto no le gusta, pero fue el propio gobierno el que provocó este fenómeno, el de dar visibilidad a los secuestros.
De manera sorpresiva, hace semanas la Secretaría de Gobernación comenzó a informar sobre detenciones y liberaciones ligadas a secuestros. Lo hizo en ruedas de prensa similares —con presencia de representantes del Gabinete de Seguridad— a las que se realizan para dar cuenta de las cifras de muertos por el crimen organizado o de la detención de un presunto narcotraficante. Por tanto, resultaba imposible no tomar en serio lo que reportaba la dependencia de Miguel Ángel Osorio Chong.
Más aún: uno de los propósitos de la idea de informar de los operativos contra secuestradores es, precisamente, pedir a la ciudadanía que se interese en el tema, se acerque a las autoridades y denuncie ese delito. “Queremos incrementar la denuncia ciudadana. El principal aliado de la delincuencia es la impunidad”, me explicó hace dos semanas al respecto el subsecretario y vocero de la estrategia de seguridad Eduardo Sánchez.
El funcionario sostiene que al informar de estas detenciones el gobierno de Peña Nieto no sólo quiere ser consecuente con lo prometido en la campaña, cuando se ofreció atacar al secuestro y la extorsión, sino mandar un mensaje muy claro: que el gobierno detiene a los secuestradores, así que cualquiera debiera pensárselo bien antes de considerar esa actividad como una en la que no hay castigo.
Por eso resulta singular la airada reacción del secretario Osorio Chong luego de que el Observatorio Nacional Ciudadano denunciara la semana pasada que “en los primeros cuatro meses de este año el secuestro presentó un incremento a nivel nacional de 16.9 por ciento”.
El secretario de Gobernación refutó los datos del ONC, dijo que las cifras de este delito están “muy por debajo de lo que hoy se ha manejado”, y que no se puede sacar conclusiones de tendencias a partir de encuestas.
La película de una Segob enfrentada a las organizaciones civiles que trabajan sobre la inseguridad ya la vimos, es mala y no lleva a ninguna parte. La nueva administración no gana nada al rechazar sin más números distintos a los suyos. Primero, porque el propio gobierno sabe que en los secuestros, como en la extorsión, hay tres cifras: la blanca, que es de delitos oficialmente reportados; la gris, de aquellos que el gobierno de manera extraoficial es informado pero de los cuales tiene petición expresa de no involucrarse de manera formal, y la cifra negra. Así que un recuento independiente podría resultar de gran utilidad al gobierno si realmente quiere dimensionar un problema de datos elusivos por naturaleza.
Además, cualquier gobierno sabe que uno de los inconvenientes de solicitar denuncias es que en el mejor de los escenarios se genera un efecto contraproducente en términos de imagen: si el plan tiene éxito y la ciudadanía responde habrá más reportes de delitos, aunque no necesariamente más secuestros o extorsiones. Por ende, la percepción de inseguridad podría crecer en un primer momento.
Peña Nieto tiene razón en que secuestro y extorsión lastiman tanto o más a la ciudadanía que el narcotráfico. Ahora sólo resta demandar un poco de congruencia: si pidieron denunciar no descalifiquen a la primera a quienes estudian de manera independiente ese problema. ¿O realmente no querían participación ciudadana?
salvador.camarena@razon.mx
Twitter: @salcamarena
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