La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puede no tener una propuesta de reforma educativa, pero con lo que sí cuenta es con una muy detallada agenda desestabilizadora para deslegitimar el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este primer punto deben tenerlo claro todos: el Ejecutivo federal y el Congreso, los partidos y la sociedad misma, porque es el punto de partida para tomar decisiones.
Diferentes voces se hacen la misma pregunta: ¿quién patrocina la movilización de la CNTE? ¿Cuál es el origen del dinero que permite no sólo alimentar diariamente a 50 mil personas, sino pagarles un salario por permanecer en el Zócalo de la capital del país?
Esta sola información permitiría al gobierno y a los legisladores saber con quién están tratando. No sería la primera vez que el crimen organizado destinara importantes sumas de dinero para formar un ejército social al servicio de la violencia y la destrucción de las instituciones.
A partir de datos estratégicos, el gobierno puede replantear su posición ante una ofensiva que, en principio, ya se salió con la suya: dejar ver un Congresocorreteado y a un Ejecutivo federal arrinconado.
Cuidado con las señales; éstas son las únicas que saben leer los pueblos, a través de los ojos de la intuición. Las próximas horas y días serán determinantes para que las instituciones recuperen los espacios físicos y políticos usurpados a golpe de violencia por la CNTE.
La Ley del Servicio Profesional Docente —supuesta causa de la protesta y radicalización del magisterio— tendría que aprobarse tal y como está, ya no sólo por razones que importan a la calidad educativa, sino porque su procesamiento legislativo sería una forma de decirle al país que ni el gobierno ni el Congreso han sido secuestrados por la delincuencia política.
En este momento no puede haber nada más importante que restaurar el orden constitucional en todas y cada una de sus partes; restauración que pasa por la normalización de las actividades de las dos cámaras legislativas y la liberación de calles y avenidas.
El sitio del cual ha sido víctima la sede de los poderes —por parte de 50 mil maestros o seudomaestros, que podrían haber sido también 50 mil terroristas, marines o invasores de otro tipo— obliga a preguntar: ¿dónde han estado a lo largo de estos primeros ocho meses de gobierno los órganos de seguridad nacional?
Órganos que tendrían que haber operado desde el 1 de diciembre de 2012 para prever la gestación de una estrategia cuyo propósito —cada vez más claro e indudable— es hacer abortar la transición encabezada por Peña Nieto.
En el paquete de reformas enviadas, o por enviar, al Congreso hay una sola que por su impacto y trascendencia puede afectar intereses, incluso, trasnacionales: la reforma energética.
Aunque algunos sostengan que la propuesta petrolera del presidente busca beneficiar intereses extranjeros, lo cierto es que el petróleo es geopolítica, y pretender convertir México en exportador de gas puede afectar no sólo las ventajas de los más conocidos consorcios, sino intereses que se encuentran en la órbita venezolana.
Venezuela —aunque es, como México, importador de gas— se ha convertido en un claro aliado de Rusia en la materia, y ha logrado construir vínculos importantes con los grupos más radicales de la izquierda mexicana.
En un análisis de inteligencia nada es descartable. Hacen falta ojos y oídos para impedir que el país vuelva a caer en manos de un juego perverso.
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