El gobierno federal no tiene una estrategia alternativa ni eficaz para lo que está ocurriendo. Porque el despliegue de efectivos federales es una condición indispensable, pero no suficiente
El futuro ya alcanzó al gobierno de la República. El mes de julio se registraron mil 214 asesinatos vinculados al crimen organizado. En Michoacán, Los Templarios mataron al vicealmirante Carlos Miguel Salazar y emprendieron una serie de ataques contra las Fuerzas Federales.
El caso de Michoacán tiene una importancia capital. Allí arrancó Felipe Calderón la guerra contra el crimen organizado en diciembre de 2006. Hacia finales de sexenio, el despliegue de las Fuerzas Federales, la supuesta muerte de Nazario Moreno, El más loco, fundador de La Familia, y otras detenciones llevaron al entonces secretario de Gobernación, el joven Poiré, a declarar que La Familia había sido desintegrada.
Nada más falso. Por contradicciones internas o por estrategia, La Familia no desapareció, fue reemplazada por Los Caballeros Templarios y los testimonios que afirman que El más loco sigue vivo pululan. Lo cierto es que las extorsiones, el derecho de piso, los secuestros y los asesinatos contra ciudadanos indefensos continuaron con mayor virulencia que en el pasado. Felipe Calderón fracasó en toda la línea.
Frente a esta realidad, el gobierno federal reaccionó tarde. Fue hasta que las noticias del cerco impuesto por Los Templarios en la Ruana y Buenavista Tomatlán rebasaron el ámbito local y nacional que las Fuerzas Federales intervinieron. El secretario de Gobernación se ufanó entonces de lo fácil que había sido recobrar el control de los territorios.
Pero poco le duró el gusto. El asesinato del vicealmirante y la ofensiva contra las Fuerzas Federales confirmaron la magnitud y complejidad del problema. A lo que se debe agregar otro factor: la persecución de Los Templarios los replegó a la sierra y conducirá, inevitablemente, a que se desplacen a otros territorios para seguir delinquiendo.
De hecho, es muy probable que el incremento de los asesinatos en Guerrero, y el tipo de crímenes denunciados, como la extorsión y el derecho de piso, fundamentalmente en el campo, se expliquen por la invasión de Los Templarios.
El problema está en que el gobierno federal no tiene una estrategia alternativa ni eficaz para lo que está ocurriendo. Porque el despliegue de efectivos federales es una condición indispensable, pero no suficiente para resolver el problema.
Entre los elementos que el gobierno federal señala como parte de su nueva estrategia hay dos que llaman la atención: el primero es la reconstrucción del tejido social, que se enmarca dentro de la estrategia de prevención del delito.
Aunque nadie puede estar en contra de programas de desarrollo social que contribuyan a prevenir el delito, esperar que de ahí venga la solución para las regiones de Michoacán asoladas por Los Templarios es una ingenuidad, por decir lo menos.
El otro gran eje, se dice, es la coordinación de los diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) en el combate contra el crimen organizado. Pero dicha afirmación se cae por sí sola: los ciudadanos y los grupos de autodefensa han denunciado reiteradamente que Los Templarios han sometido a las autoridades y policías municipales.
No sobra recordar que en 2009, según un estudio de la ONU, el 60 por ciento de los municipios del país, particularmente en estados como Michoacán, estaban infiltrados o controlados por el narcotráfico.
Pero además, si el tema de la coordinación se lleva a nivel de los gobernadores la situación es peor o más compleja. Primero, porque muchos de ellos no pueden con el problema. Segundo, porque otros prefieren esquivarlo u obviarlo para evitarse conflictos. Tercero, porque se involucran indirectamente obteniendo los beneficios correspondientes.
El caso de Jesús Reyna lo ejemplifica como pocos. Después de los cercos de La Ruana y Buenavista, del asesinato del vicealmirante, de la ofensiva contra las Fuerzas Federales y de noticias que confirman que Los Templarios controlan la producción y venta de ganado en el estado, el gobernador minimizó todos estos hechos y declaró que no hay mayor problema.
En una entrevista para CNN declaró textualmente: "Obviamente no estamos en presencia de un Estado fallido... Caminamos por las calles de Morelia como caminábamos ayer, antier y hace un año; sí hay zonas donde ha habido crisis, pero esa crisis ya está superada, sobre todo en la zona del norte del estado, que ya está en la normalidad que estamos acostumbrados a tener" (7/ago/13).
Si este es el hombre responsable del gobierno del estado, él que debe convocar y organizar a las autoridades y policías municipales y estatales, él que se entiende con el gobierno federal, en fin, él que debe tomar al toro por los cuernos, no hay nada, literalmente, nada que hacer.
La irritación y las denuncias de los grupos de autodefensa en Michoacán son perfectamente explicables. Se les acusa y se les exige dejar las armas cuando las autoridades locales no pueden -ni quieren- proporcionales seguridad.
El gobierno federal está errando la estrategia. Lo nuevo en Michoacán es el nacimiento de organizaciones de ciudadanos que decidieron ejercer el derecho a la legítima defensa consagrado en la Constitución.
Una solución de largo plazo, en ese estado y en otros, debe reconocer ese hecho. Esa es la gran diferencia con lo que ocurría hace siete años. Se está ante una energía, determinación y movilización social que no debe ser desperdiciada.
Sobre todo, porque no hay otras estrategias efectivas a la mano. Perder la batalla contra Los Templarios (La Familia), una vez más, sería una tragedia para los michoacanos con severísimas consecuencias para el resto del país y del Estado. El presidente de la República no se lo puede permitir.
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