Desde el hospital donde convaleció de una operación en la garganta, el presidente Enrique Peña Nieto reveló indirectamente que su reforma energética propondrá cambios constitucionales, al reiterar que se presentará en breve al Congreso —probablemente el Senado será la cámara de origen—, para ser discutida en el periodo ordinario de sesiones. La clave es esta. Una reforma constitucional tiene que ser aprobada por dos terceras partes de cada una de las cámaras, por lo que no puede votarse en periodos extraordinarios. Al mismo tiempo, sólo ese tipo de reforma podría dar las garantías jurídicas que prometió a los inversionistas del mundo.
En unos días se sabrá su alcance, pero expertos y los políticos anticipan que los cambios se verán en el 25 constitucional —que otorga al Estado el manejo exclusivo de las áreas estratégicas—, el 27 —que toca la propiedad de los hidrocarburos—, y el 28 —que rompe el monopolio de Pemex y define las áreas estratégicas a las que se refiere el artículo 25—. Una reforma innovadora sería al 90, donde no se cambiaría ninguno de los artículos señalados, sino aquél que redefiniera la función de Pemex como empresa paraestatal, y eliminara su papel de sostén de las finanzas públicas, con lo que terminaría su subordinación a la Secretaria de Hacienda.
El debate abierto y polarizado parte de si privatizar es vender. Hasta ahora es un sofisma, pero habrá que ver la iniciativa presidencial. En todo caso, si fuera sólo de votos, Peña Nieto podría dormir tranquilo. Con los del PRI y sus aliados el Verde y Nueva Alianza, pero sobretodo con los del PAN, que ideológicamente no podría oponerse a lo que se acerque a su ideal de privatización total, tiene los suficientes para las reformas constitucionales. Sin embargo, el problema no está en las cámaras sino en las calles. La izquierda verá los cambios constitucionales con mucho cuidado para bloquear cualquier intento de compartir la propiedad de los hidrocarburos con privados, lo que no significa que a priori los rechacen. Pero en donde encontrarán una muralla es en líder nato de la izquierda social y maestro de la movilización, Andrés Manuel López Obrador.
El excandidato presidencial ya empezó la campaña de oposición a la reforma, de la mano de los spots maniqueos y engañosos del Partido del Trabajo que afirman que el gobierno quiere entregar a manos privadas el petróleo. El 8 de septiembre, en un mitin, arrancará la movilización nacional, y aunque hay quienes piensan que ya no tiene la fuerza para ejercer suficiente presión, hay factores que no pueden ignorarse. Uno, que es combustible para oponerse más allá si simpatiza o no con López Obrador, es la arraigada idea del petróleo como propiedad de los mexicanos. Las mediciones de opinión pública señalan históricamente que más del 80% de los mexicanos rechazan funcional o disfuncionalmente la idea de privatizar la propiedad del petróleo, por lo que una campaña persuasiva, sin importar que sea veraz o falaz, tiene un enorme potencial de fuerza.
La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar Peña Nieto. El precedente al que hay que voltear es el de Carlos Salinas, el último Presidente que ejerció plenamente el autoritarismo liberal de la última etapa del PRI antes de la alternancia, cuya política excluyente provocó tensiones en el sistema. En 1994, cuando tenía todo alineado a su favor —un candidato presidencial que formó durante una década y la inserción del aparato productivo a la economía de Estados Unidos—, el alzamiento armado del EZLN el 1 de enero de ese año, cambió el escenario. La inconformidad en Chiapas se extendió al País y generó un clima de inestabilidad. Dos asesinatos políticos de alto impacto, el secuestro de uno de los principales empresarios del País, el desajuste económico por la fuga de capitales que fue prólogo del error de diciembre, arruinaron su sexenio.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Peña Nieto? Un alto funcionario de su gobierno afirma: “Hasta donde sea para cambiar el País”. Puede argumentarse que el contexto en el gobierno de Salinas era el de un sistema político agotado, condiciones que hoy no existen. Es cierto, pero la calle es imprevisible. Si quiere cambiar la Constitución, tendrá que poner la atención en la calle y no sólo en las cámaras. Con la matemática parlamentaria resuelta, la calle es donde puede ganar o perder todo, y marcar su Presidencia como un antes y un después de la reforma energética que ya está tocando la puerta.
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