MÉXICO, D.F. (apro).- Más allá de la venganza política contra la expoderosa Elba Esther Gordillo y el caso del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha tomado ninguna acción de largo plazo contra la corrupción.
La tragedia humana causada por los huracanes Ingrid y Manuel obliga a la revisión de lo que gobernadores y presidentes municipales han hecho con los millonarios recursos que han recibido ante desastres naturales.
Peña Nieto y la Procuraduría General de la República tienen mucho de dónde echar mano. Cualquier estado que en la última década ha padecido severos daños en su población e infraestructura ha recibido millonarios recursos que han terminado en las cuentas de funcionarios y empresarios que han lucrado con la tragedia de millones de personas.
Tan sólo en los últimos dos años del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno federal destinó 35 mil 121 millones de pesos al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), 20 mil millones más de lo que el gobierno de Peña Nieto ha anunciado como presupuesto previsto para enfrentar las consecuencias de los huracanes que azotaron al mismo tiempo al Pacífico y al Golfo de México.
Guerrero y Oaxaca son los estados más afectados, con comunidades enteras sepultadas en el caso del primero. La secretaría de Gobernación ha declarado en emergencia a 155 municipios de 26 estados del país. Prácticamente toda la República Mexicana resultó afectada, pero la tragedia humanitaria se ha concentrado en aquellos dos estados que son de los más pobres del país.
Cerca de un centenar de muertos, un cuarto de millón de damnificados, más de un millón de afectados y por lo menos 35 mil viviendas dañadas, sin tener aún el recuento de los daños en infraestructura, será la justificación para que el dinero empiece a fluir a las entidades afectadas.
Los gobernadores ya deben estar haciendo cálculos y muchas empresas apuntándose para hacerse de contratos que en muchos casos terminan en corrupción.
El exgobernador Granier es apenas un grano en el desvío de recursos. No es difícil seguir el dinero que la Federación ha entregado a estados y municipios.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el ente fiscalizador de la Cámara de Diputados, tiene identificados incluso nombres de empresas que se han beneficiado. En la revisión de la cuenta pública 2011 y 2010, por ejemplo, estableció el mal manejo de esos fondos por parte de los gobiernos de Chiapas y Nuevo León, respectivamente.
En el caso de Chiapas, la revisión comprende al anterior gobierno de Jaime Sabines Guerrero. Dice que de los 20 mil 273 millones de pesos que en total tuvo el Fonden en 2011, tres mil 460 millones 654 mil pesos se destinaron a Chiapas para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura de los sectores carretero, hidráulico, educativo, residuos sólidos, urbano, pesca acuícola federal y vivienda que resultaron afectados por las lluvias severas ocurridas en el segundo semestre de 2010 y en septiembre de 2012 en ese estado.
Las anomalías en el manejo de los recursos fueron de mil 708 millones de pesos, la mitad de lo que se le entregó ese año al gobierno de Sabines. Eso no significa que el dinero haya desaparecido, sino que las irregularidades en torno a las obras, como falta de contratos o inexistencia de sanciones, alcanzaron esa cifra. Según la ASF, el gobierno federal estaba en la posibilidad de recuperar 216 millones, 509 mil pesos que le entregó a Chiapas; es decir, apenas alrededor del seis por ciento de lo que transfirió.
En el caso de Nuevo León, la ASF estableció que de los 14 mil 688 millones del Fonden, tres mil 97 millones fueron para esa entidad. De las irregularidades, que también alcanzaron alrededor de la mitad de esos recursos, el gobierno federal podía recuperar 171 millones 593 mil pesos que le entregó al gobierno de Rodrigo Medina.
La Auditoría tiene identificadas a las empresas encargadas de las obras y aquellas que de distintas maneras fueron beneficiadas por el Fonden.
Peña Nieto tiene la información a la mano. No tiene que esperar a que se concrete su propuesta de Fiscalía Anticorrupción, con la que pretende sustituir a la secretaría de la Contraloría.
La impunidad tiene muchas caras en México. La del enriquecimiento de políticos y empresarios con la tragedia humana por los desastres naturales es una muestra más de la degradación de la vida pública del país.
jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
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