En el juego perverso de echar culpas y eludir responsabilidades, los gobiernos federal y de los estados y municipios han entrado en un intercambio de señalamientos y acusaciones en las que todos afirman haber hecho bien su trabajo y emitido a tiempo las “alertas” por los fenómenos meteorológicos; sin embargo, ninguno explica por qué al final la población no fue suficientemente alertada o incluso evacuada de las zonas de mayor riesgo si, como dicen, se activaron todos los planes de protección civil y prevención de desastres.
En la Secretaría de Gobernación, el secretario Miguel Osorio Chong ordenó investigar y documentar las alertas emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil en lo que parece más un intento por defender a su coordinador, Luis Felipe Puente, que un interés real de saber qué funcionó, si las cosas realmente se hicieron como se debía y si se aplicaron de manera total los protocolos de protección a la ciudadanía. Porque hasta ayer lo único que había probado la Segob era que, efectivamente, se emitieron comunicados, oficios, boletines con fechas que van desde el 11 de septiembre y hasta el 15, cuando ya la emergencia estaba desatada en varios estados.
La pregunta es si, además de mandar oficios, comunicados y boletines, la autoridad responsable de la Protección Civil se ocupó de vigilar que estos protocolos se desplegaran en los estados y municipios de manera adecuada. Porque una cosa es avisar y la otra vigilar que el aviso tenga un efecto real y que se tomen las acciones necesarias para prevenir y disminuir el impacto de los desastres naturales que ya se anunciaban por las mediciones meteorológicas.
Un buen ejemplo de esto fueron los avisos a los medios de comunicación; si bien se emitieron boletines del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua, que llegaron a varias redacciones, nunca hubo un tono de alerta ni se activaron mecanismos extraordinarios para pedir el apoyo de los medios masivos en la difusión de las alertas. Eso hubiera sido una buena forma de completar el protocolo iniciado con la publicación de boletines por dependencias y agencias oficiales de información.
La misma crítica que se hace al gobierno federal aplica sin duda para los gobiernos estatales y municipales. Ayer, ante la presión de Gobernación que dejó la responsabilidad en manos de los estados, el gobernador Ángel Aguirre salió a declarar a los medios que sí activaron los protocolos de emergencia y que se emitieron las alertas, pero no pudo explicar cómo fue que no hubo una sola evacuación o por qué, si se sabía de la emergencia, seguía festejando la noche del 14 de septiembre, en plenas lluvias torrenciales, con una fiesta por los 200 años de los Sentimientos de la Nación en Chilpancingo. Es decir, emitieron alertas pero nadie vigiló que se ejecutaran medidas concretas para proteger a la población y mucho menos al turismo que abarrotaba Acapulco.
La peor respuesta en todo este juego de acusaciones la tuvo ayer el alcalde de Acapulco, Luis Walton, de quien se dice que la misma noche del 14, ya en plena emergencia, se ocupaba de dar su informe de gobierno y más tarde de ver la pelea de box que tuvo lugar ese día. Walton afirmó que antes de que empezaran las lluvias la Dirección de Protección Civil avisó a por lo menos tres mil personas del Puerto que su vida peligraba “y no quisieron salir de sus hogares”.
-A estas personas se les notificó, pero ¿se les fue a avisar el día de la contingencia?-, le preguntaron ayer al alcalde acapulqueño.
-No, nosotros dimos avisos, pero que les fueran a decir personalmente, no.
Ahora el presidente Enrique Peña Nieto da instrucciones para que se investigue la corrupción que hizo que en Acapulco y en muchas otras zonas del país se construyeran fraccionamientos enteros en zonas de riesgo, como cauces de ríos y lagos, y su secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, Carlos Ramírez, se declara listo para investigar y castigar a autoridades y constructoras responsables. Al paso que va este juego de deslindarse y lavarse las manos, resultará que toda la culpa es de los jodidos por andar comprando casas de interés social en zonas donde no debían construirse. ¿O realmente se cree que en este país donde nadie acepta culpas y todos se deslindan habrá responsables de corrupción y negligencia en esta tragedia?
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