El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acudió este viernes a una comparecencia al Senado, en donde el panista Javier Corral lo quiso arrinconar con cuestionamientos sobre la seguridad y, afirmó un pacto de silencio con la prensa para que dejaran de publicar lo que llamó “el ejecutómetro”, que fue una medición cuantitativa, sin contexto ni explicación, del número de muertos que dejaba la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón. La respuesta de Osorio Chong fue devastadora, para Calderón y para el PAN.
No hay menos información, dijo Osorio Chong, pero sí menos espectáculo que el que hubo durante el calderonismo. “En muchos de esos espectáculos llevaron a que varios de esos criminales tuvieran que salir (libres) porque se afectaban sus derechos humanos”, precisó. “No creo que no sea porque no son criminales, sino porque este tipo de acciones espectaculares de ponerlos en la televisión (violó sus derechos)”.
Llevarlos a la televisión como método gubernamental, antes de iniciar siquiera el proceso, violaba en efecto las garantías individuales de los presuntos delincuentes, a quien se les presentaba ante la opinión pública como personas juzgadas. Osorio Chong se refirió al reciente caso de Israel Arzate Meléndez, acusado de participar en la matanza de 15 jóvenes en Villas de Salválcar, en Ciudad Juárez, en enero de 2010, que la semana pasada fue liberado por la Suprema Corte de Justicia porque lo torturaron. La Corte no determinó si era culpable o inocente del delito por el cual lo juzgaron, sino que en el proceso sí se violaron sus garantías. Es la gran deuda del gobierno de Calderón, la violación al Estado de Derecho: de 103 mil personas detenidas durante su sexenio, sólo tres mil fueron sentenciadas.
En diciembre de 2009, este autor publicó en el diario madrileño El País: “La mundialmente difundida muerte de Arturo Beltrán Leyva, el jefe de narcotraficantes más violento y sanguinario que ha existido en México, tuvo un aplauso efímero. No terminaba de celebrarse que unidades de élite de la Marina lo hubieran cazado después de una intensa persecución, cuando la difusión de las fotografías de su cadáver, con los pantalones a las rodillas y tapizado con billetes ensangrentados, desató un escándalo. ‘¿Por qué se preocupan de esos detalles cuando hay cosas más importantes en qué preocuparse’, cuestionó un ciudadano en un comentario colocado en las redes sociales, sin alcanzar a comprender que el episodio es parte sustantiva de la guerra contra el narcotráfico que vive México desde hace tres años.
“Lo que (demostraban) las fotografías (era) un acto de manipulación, dentro de toda una operación de propaganda de la Marina que, al final de cuentas, le salió mal… La oficina de prensa de la Marina (había invitado) a los periodistas… a acompañarlos a donde se estaba dando el enfrentamiento (contra Beltrán Leyva), en Cuernavaca… Llegaron en un autobús en medio del tiroteo, y les permitió entrar al apartamento donde se había dado el choque final entre sus unidades y los narcotraficantes, sin importar que era una escena de crimen donde había evidencia que podía ser contaminada. Los propios marinos tomaron fotos de Beltrán Leyva abatido y las transmitieron por sus teléfonos celulares, mientras los medios registraban los momentos en que se preparaba el tapizado del cuerpo.
“La difusión de las imágenes hizo olvidar la muerte del criminal que modificó los términos de la violencia en la guerra contra el narcotráfico, y provocó que el gobierno federal se embarcara en una campaña de control de daños y deslindara a la Marina de tan grotesca iniciativa. Medios de prensa citaron a fuentes militares subrayando que todo había sido deliberado, dentro de una operación de propaganda ubicada en una nueva faceta de esa guerra, que pareciera confirmar toda la movilización de periodistas que hicieron para mostrar su acción en Cuernavaca. Buscaron los símbolos, tan obscenos como los que emplean los propios narcotraficantes en sus ejecuciones. La escenografía en Cuernavaca no fue, sin embargo, algo inusual. Todo lo contrario. (Era) parte de una larga guerra de propaganda en la que se encuentran embarcados el gobierno federal y los cárteles de la droga.
“Los narcotraficantes comenzaron a grabar en vídeo las ejecuciones de sus enemigos y difundirlas. Las puestas de escena tenían similitudes a las ejecuciones que realiza Al Qaeda en Afganistán y Pakistán por cuanto a su representación escénica. Quienes comenzaron a realizar ese tipo de grabaciones fueron, paradójicamente, los sicarios de Beltrán Leyva. La práctica se socializó entre los criminales y se amplió la crudeza de lo documentado. Otro cártel, La Familia Michoacana, grabó a 11 policías federales que estaban tras su pista luego de ser descubiertos y capturados. Los muestran golpeados, torturados y finalmente ejecutados, sin dejar de incluir en su pequeño filme casero la violación de una agente.
“El gobierno federal no se quedó atrás. Los asesores de imagen del presidente Felipe Calderón decidieron realizar su propia contraofensiva propagandística. Inmediatamente después de cada detención de presuntos narcotraficantes, difundían spots en radio y televisión mostrándolos como criminales y ensalzando la tarea de la policía y los militares. Los spots, vistos desde un punto de vista jurídico, violan la ley. En el Derecho mexicano todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, pero en los spots, antes de que se iniciara el juicio, la Presidencia de la República ya había decidido que eran criminales. Se puede decir que equivalen a juicios sumarios donde el fallo se daba por decreto”.
El presidente Calderón y sus asesores, nunca detuvieron esa propaganda. La habían iniciado desde los primeros días de la administración cuando descubrieron que le daba puntos de aprobación entre los mexicanos. Calderón había encontrado en la exposición de criminales, su legitimidad. Golpes fuertes y contundentes, en una sociedad permeada aún por una cultura autoritaria, marcaron una línea de acción, que en un principio, inclusive, fue más grave: en los spots que difundieron el primer año de gobierno, incorporaban información de averiguaciones previas, lo que es un delito penal.
Corrigieron esa violación flagrante a la ley, pero no cuidaron jamás las garantías individuales al presentarlos ante la televisión e inclusive facilitar entrevistas con la prensa. Lo que promovían como una demostración de que se estaban haciendo las cosas, hoy se ha convertido en un bumerán para toda la administración de Calderón. En el momento en que los abogados de los criminales que fueron expuestos ante los medios en aquella estrategia de fuegos y centellas para demostrar la contundencia de la fuerza contra la delincuencia organizada empiecen a utilizar los spots en radio y televisión que produjo el gobierno contra sus clientes, y las entrevistas a las que fueron obligados horas después de haber sido capturados –generalmente antes de rendir declaración ministerial-, empezarán a salir de las cárceles por la violación a sus garantías individuales. En ese momento, la denuncia de Osorio Chong a Calderón, podría convertirse en un proceso penal contra los responsables de aquella estrategia que partió el alma mexicana.
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