El 29 de diciembre un comando fuertemente armado llegó a una zona habitacional del Estado de México. Entraron forzadamente en una casa, se identificaron como policías federales, preguntaron por la reportera Anabel Hernández. Era un error, no era la casa de ella. Irrumpieron en otros dos hogares, ahora identificándose como miembros del cártel de los Zetas; otro error que dejó aterrorizados a los vecinos. Por fin, entraron ilegalmente en casa de la autora del libro “Los señores del narco” y “México en llamas”, de la primera periodista que investigó a fondo a Genaro García Luna cuando éste era el policía de la Nación. Entraron en su habitación, esculcaron cajones, abrieron su joyero y no robaron ni un alfiler. Hurgaron por doquier. Ella y sus hijos no estaban en casa; se llevaron secuestrado al escolta de Anabel que estaba esperándola. El comando se fue, no sin antes arrancar las cámaras de video-vigilancia. Un vecino llamó a la periodista, ella a su vez llamó al número de emergencia de la Secretaría de Gobernación que maneja el Mecanismo de protección a periodistas. La respuesta fue lenta e inútil. Afortunadamente Anabel está en lugar seguro con su familia. Todas las amenazas que ella y su entorno han recibido en los últimos años estuvieron a punto de hacerse efectivas.
Regina dijo hace tiempo que unos sujetos la habían seguido camino a casa. La autoridad aseguró que eso no era un incidente importante. Luego comentó a varias reporteras que tenía miedo, los reportajes que llevaba a cabo en Veracruz la ponían en peligro y había recibido amenazas veladas, pero la autoridad dijo que no había peligro. La asesinaron en su casa, entonces la autoridad aseguró que el periodismo es una actividad peligrosa.
Más de 60 colegas periodistas han tenido que salir corriendo de casa, con lo puesto, protegidos por organizaciones civiles y colegas; la autoridad dijo que no corrían peligro, los “incidentes” no perfilaban riesgo inminente. La PGR repitió 60 veces que quien amenaza no asesina. Pero se equivocó, porque las amenazas son parte del rito de tortura psicológica, las amenazas constituyen la ceremonia de poder y sufrimiento que los criminales, los políticos corruptos resentidos y poderosos, desean hacer sentir a su víctima. Después viene la muerte. Tras la muerte el llanto, las llamadas desgarradas de solidaridad, testimonios de testigos que aseguran que esa muerte pudo prevenirse. Tras la muerte anunciada de cada periodista viene el pésame presidencial ¿Y los responsables directos e indirectos?
Una y otra vez hemos visto cómo comandos armados entran en casas de periodistas en México, les arrebatan la vida frente a sus parejas, frente a sus hijos e hijas para luego matarles también. La venganza de quienes han querido ocultar la verdad no tiene límites cuando se trata de castigar a periodistas. La venganza llega siempre armada, de la mano de la impunidad, escudada tras las declaraciones de funcionarios públicos como Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) quien se ha negado a recibir a familiares de desaparecidos y a víctimas de violencia extrema. La funcionaria ha condicionado a varias víctimas a ser recibidas siempre y cuando no hablen y “no hagan mitote” (como si denunciar amenazas para salvar la propia vida fuera hacer mitote). También los asesinos de periodistas se ocultan cómodamente tras las necias declaraciones y las paquidérmicas acciones de Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Coordinador Ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Para ellos ninguna amenaza es grave, hasta que llega la muerte. Su responsabilidad, por la que devengan un jugoso salario, es proteger la vida de quienes dan servicio a la sociedad a través del periodismo y el activismo, así lo marca la ley. No cumplirla es negligencia criminal.
Anabel sigue con nosotras, afortunadamente está bien, lo mismo que sus pequeños. Pero no podemos olvidar que desde septiembre 2013 la Junta de Gobierno del Mecanismo a cargo de Gutiérrez, debió sesionar para evaluar el peligro que corre la vida de Hernández; sin embargo han pospuesto la evaluación hasta hoy. Lía limón ha dicho a embajadores de diversos países (quienes exigieron se proteja la vida de Anabel) que no existen incidentes documentados; a pesar de que la PGR cuenta con todas las denuncias y evidencias de las amenazas que la periodista ha sufrido. Ahora comienza 2014, el escolta de Anabel secuestrado, sus vecinos aterrorizados, ella en gran peligro. No está sola, pero eso no basta.
@lydiacachosi
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