Larry Flynt
El único bien público aceptable es el que respeta los derechos individuales.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer recientemente el nombre, la razón social y el Registro Federal de Causantes de una serie de contribuyentes que presuntamente no han cumplido con sus obligaciones fiscales. Si bien esta divulgación ha sido ordenada por los diputados y senadores en el artículo 69 del nuevo Código Fiscal de la Federación, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha señalado que la acción no puede realizarse legalmente si no se cumplen los requisitos que establece la Constitución.
Efectivamente, el artículo 16 de nuestra Carta Magna señala que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Para la Prodecon, la determinación de que una persona física o moral sea incluida “en el listado [de morosos] es un acto de molestia que debe constar en una resolución escrita donde aparezca[n] el fundamento legal y los motivos por los que la autoridad competente determinó que ese contribuyente en específico debía aparecer en la lista”.
Vale la pena notar que la Prodecon no objeta en sí que se den a conocer los datos de los individuos en falta, sino que se omita el cumplimiento de la garantía expresada en el artículo 16 de la Constitución. La lista de morosos debe elaborarse con una resolución escrita que especifique los fundamentos legales por los que una persona o empresa fue incluida y no otras.
Hasta este punto el debate entre la Prodecon y el SAT no es más que una discrepancia natural en un estado de derecho. Las dos dependencias tienen mandatos distintos y es saludable que actúen en contrapeso una de la otra. Pero el asunto se vuelve inquietante cuando el titular del SAT, Aristóteles Núñez, declara que la publicación de la lista negra es correcta, independientemente de los argumentos de la Prodecon, porque “privilegia el bien público frente a los derechos individuales”.
Esta declaración debe ser una llamada de atención para la sociedad.
Cuando los nazis despojaron primero a los judíos de sus propiedades y después los mandaron a las cámaras de gas, argumentaron que lo hacían porque el bien público era más importante que los derechos individuales de una minoría.
Cuando Stalin colectivizó las granjas privadas de la Unión Soviética entre 1928 y 1940, provocando la muerte por hambre y violencia de entre 4 y 12 millones de campesinos y granjeros, justificó también su acción con el argumento de que así privilegiaba el bien común.
La verdad es que el único bien común es el que surge de la suma del bien de cada uno de los individuos de una sociedad. Cuando se violan los derechos individuales en aras de un supuesto bien común, usualmente sólo se busca privilegiar el bien individual de quien decide cuál es el bien común.
Pienso que es correcto publicar los nombres y datos de los contribuyentes morosos, pero debe haber reglas claras para que todos los realmente culpables sean revelados y no sólo algunos. Antes que nada, sin embargo, deben respetarse los derechos individuales en el proceso.
Atender lo que ordena el artículo 16 de la Constitución, como lo demanda la Prodecon, no es de ninguna manera una exageración. Incluso el SAT debe respetar los derechos individuales.
JUSTICIA COMUNITARIA
Las policías comunitarias siguen expandiéndose en Michoacán y Guerrero ante la impotencia o incluso colaboración de los gobiernos estatales. Entiendo la desesperación de la gente agobiada por el crimen organizado, pero el artículo 17 de la Constitución establece que “Ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.
www.sergiosarmiento.com
Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=213126
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.