Quien suponga que con la promulgación de la reforma energética el tema está concluido, se equivoca rotundamente. Revertir esta privatización de nuestros recursos energéticos representa una causa común y motivo de unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda. Con ley reglamentaria o sin ésta, existe la disposición para convocar a una consulta, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 35, fracción VIII, de nuestra Constitución.
Un nuevo año inicia y con él una lista de asuntos pendientes, procesos en curso y nuevas tareas para el Estado mexicano, sus instituciones, poderes y clase política. Que lo urgente no impida atender lo importante.
La lista de pendientes es larga, pero dos temas concentran la atención y la preocupación de la mayoría de la sociedad: la inseguridad y la situación económica, particularmente la falta de empleo y el aumento de los precios en los productos básicos.
El problema no es que las autoridades locales y federales estén paralizadas ante las acciones de las bandas de delincuentes. En los últimos años se han realizado esfuerzos importantes para mejorar el equipamiento, la capacitación de los elementos de las corporaciones policiales, la depuración de las policías y la coordinación entre corporaciones.
El problema de fondo se encuentra en el profundo deterioro que en varios aspectos presentan las instituciones responsables de la seguridad, la procuración de justicia y la readaptación social, la recomposición de la delincuencia organizada a nivel local, regional y global, así como la ausencia de una estrategia integral. El gran pendiente para el 2014 consiste en contener a la delincuencia y comenzar a revertir esta lamentable situación.
Otro gran pendiente se encuentra en el bolsillo de los integrantes de muchas familias mexicanas. En los últimos años, el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido de manera moderada, que por la vía de los hechos se ha traducido en un estancamiento de la economía con un impacto directo en la generación de empleos suficientes y en el alza paulatina pero incesante de los principales productos básicos, particularmente los precios de la gasolina y el gas, indispensables para las actividades de la industria.
Una prioridad del Estado, para el año que inicia, es realizar reformas legislativas, diseñar y aplicar políticas públicas para detonar las inversiones que generen empleos y desarrollen la economía. Conviene enfatizar que para cumplir con estos objetivos no es necesario ceder soberanía sobre nuestros recursos estratégicos, ni violentar los derechos de los trabajadores.
Cuando terminó el periodo ordinario de sesiones en diciembre del año pasado, quedó en el ambiente la sensación de insatisfacción por haber dejado en el tintero una lista de iniciativas de gran relevancia, donde varias de éstas gozaban del consenso de la mayoría de las fuerzas representadas en la actual Legislatura.
Las reformas legales en materia energética serán una prioridad, se trata de acotar desde la ley el despojo del que fue objeto el patrimonio nacional con las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. No cederemos en nuestro propósito de defender los recursos estratégicos del pueblo de México.
La sucesión de 2018 inició con la aprobación de la reciente reforma política-electoral, en la cual, entre otros importantes aspectos, se establece la reelección legislativa, una decisión trascendental para nuestro sistema político y la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional de Elecciones (INE). Con decisiones legislativas y un seguimiento puntual de la aplicación de las reformas aprobadas, deberemos cuidar la legitimidad de los próximos procesos electorales federales de 2015 y 2018.
Para combatir la corrupción no basta con la creación de un organismo federal con este propósito. Se requiere que el Poder Legislativo dé seguimiento al desarrollo de esta institución, así como la realización de acciones que apoyen sus funciones. Una de éstas: el fortalecimiento de la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia como valores en la Administración Pública en todos sus niveles y ámbitos.
El Congreso de la Unión se encuentra en falta en lo referente a las reformas legales en materia de telecomunicaciones y competencia. La reforma constitucional en esta materia no cambió el modelo, pero sí logró avances sustanciales que no han podido materializarse en las reformas secundarias que en este año se presentan como una obligación y una necesidad impostergable.
Un tema importante en donde existe acuerdo pero no se vio la luz, es la reforma política del Distrito Federal. Para el Grupo Parlamentario del PRD es una prioridad que los ciudadanos del Distrito Federal puedan contar con su propia Constitución y con esto gozar plenamente de sus derechos políticos, sociales y económicos. No se percibe ningún factor discordante que impida que esta importante reforma pueda concretarse en el primer periodo ordinario de sesiones de febrero a abril de este año.
El 2014 marca dos conmemoraciones significativas y en varios aspectos antagónicas. Se cumplen 20 años del ingreso de México al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, conocido como TLC, y también dos décadas del estallido del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El TLC intentó ser la culminación del proceso de “modernización” del sexenio salinista. Estas dos décadas de Tratado de Libre Comercio ameritan una evaluación rubro a rubro, porque creemos que en lo esencial, es decir, en el objetivo de detonar el crecimiento y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, no ha habido grandes avances.
Después de dos décadas, el EZLN está fuera del escenario político y la agenda de los pueblos y comunidades indígenas no se encuentra entre las prioridades del gobierno. En el fondo, se trata de un tema de igualdad y derechos. El movimiento zapatista tuvo la enorme importancia de hacer visible a los ojos del mundo la situación de marginación de los indígenas mexicanos y a través de su movimiento, la importancia de la participación de la sociedad civil, primero para detener la lucha armada y después para fijar una agenda de transformación social para este grupo social.
No podemos esperar otros veinte años para cumplir con los grandes pendientes nacionales.
Coordinador parlamentario del PRD en el Senado.
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