A juzgar por el tratamiento que han recibido, no todas las Reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto y por el agonizante Pacto por México tienen el mismo nivel de importancia ni el mismo interés de los actores políticos que las aprobaron. Porque mientras a algunas, como la reforma energética, se les ubicó como prioridad y hasta se tiró “línea” para lograr una aprobación fast track en el Congreso federal y los congresos de los estados, a otras, que tocan intereses económicos, como la reforma de telecomunicaciones o que afectan intereses políticos, como la reforma electoral, se les trata sin prisas y hasta con algo de tortuguismo para retrasar su aplicación.
El más claro ejemplo de eso es la reforma de telecomunicaciones. A pesar de haber sido la segunda reforma estructural aprobada por las dos Cámaras del Congreso federal, en abril de 2012, han transcurrido ya casi nueve meses sin que se logren terminar las leyes secundarias que llevarían a la práctica los objetivos de regular el sector de telecomunicaciones, evitar los monopolios y mejorar la calidad de los servicios de telefonía, banda ancha y competencia en televisión abierta que se propuso la nueva Ley de Telecomunicaciones.
Nada de eso ha ocurrido en la práctica y ni siquiera se cumplió el plazo del pasado 9 de diciembre para emitir las leyes reglamentarias, en buena medida por las presiones de poderosos empresarios y empresas del sector a los que se afectarán las nuevas reglas, en donde aparecen principalmente dos multimillonarios en pugna: Carlos Slim, de Telcel y Emilio Azcárraga, de Televisa.
Todo el discurso del presidente Peña Nieto de regular a esas poderosas empresas y promover la competencia y mejores servicios y tarifas para los mexicanos ha sido postergado por las resistencias que muestran los empresarios involucrados que han dificultado el proceso para terminar las leyes secundarias que darían facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder actuar en la práctica contra monopolios y servicios de pésima calidad.
No fue el mismo tratamiento que se le dio a la reforma educativa, aprobada en diciembre de 2012 y en la que, a pesar de las protestas e inconformidades de los maestros, el gobierno y los partidos apuraron la aprobación de cambios constitucionales a los artículos 3 y 73, y tras la aprobación de los estados, se aprobaron las leyes reglamentarias en agosto del 2013.
El otro caso evidente donde no parece haber prisa de Los Pinos o del PRI es la llamada reforma política o electoral. Tras su aprobación apresurada en diciembre, porque fue puesta como condición del PAN para dar su voto a la energética, los cambios políticos no recibieron el mismo trato de “urgente prioridad” que tuvo la iniciativa petrolera; mientras aprobar ésta última les tomó 72 horas a los 16 congresos locales necesarios, la legislación electoral, que enfrentó fuertes resistencias de los gobernadores priistas, apenas lleva el voto a favor de 6 legislaturas estatales y no se percibe un deliberado retraso en su aprobación.
El problema, lo dijo ya el presidente del IFE, Lorenzo Córdova, es que el retraso en la aprobación de las leyes electorales, sumado a lo que tardarán en elaborarse y aprobarse las leyes secundarias, puede poner en riesgo las elecciones federales de 2015. Todos los cambios operativos y legales que deben realizarse, advirtió Córdova, serán imposibles si la nueva legislación no está en vigor antes de que arranque el proceso electoral en abril próximo y aun así será un grave problema para instrumentar todos los cambios que propone la nueva ley.
Al final es claro que entre las publicitadas y cacareadas reformas peñistas hay iniciativas “de primera” y “de segunda”, porque ni el gobierno ni los partidos ponen el mismo afán ni el mismo interés para lograr la aprobación o la elaboración de leyes secundarias en unas que en otras.
NOTAS INDISCRETAS… En lo que podría llamarse “Adopta un gobernador cuestionado” ayer el presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación se desvivieron en elogios para dos mandatarios que no tienen, precisamente, la mejor imagen por la situación de sus estados. Mientras el presidente fue a Cochoapa, el municipio más pobre del país y reconoció al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en el Palacio de Covián, el titular de Gobernación recibió en privado al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, justo en momentos en que el mandatario chiapaneco es denunciado ante el IFE por haber gastado 110 millones de pesos en promover su imagen con motivo de su reciente informe de gobierno. El mismo secretario Miguel Osorio se encargó de subir a Twitter una foto en la que saluda, muy sonriente, a Velasco ¿Así o más claro los espaldarazos políticos del gobierno peñista a los dos gobernadores sureños?.. Se baten los dados. Tocó Serpiente
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