Un sacerdote de uno de los municipios más pobres y apartados de Michoacán declaró a Siempre! que no sólo es importante la aprehensión y encarcelamiento de los líderes de los Caballeros Templarios, sino poner fin al entramado de corrupción que existe entre policías, agentes del ministerio público, alcaldes, funcionarios de todos los niveles y los grupos criminales.
El párroco definió con una sola frase el reto que hoy tienen las autoridades: “Limpiar la vida pública de Michoacán”.
Sin duda, la detención de Dionisio Loya Plancarte, conocido como El Tío e identificado como uno de los principales cabecillas, constituye un golpe a la delincuencia de la entidad. Sin embargo, todos sabemos, por experiencia —por la que nos heredó el sexenio calderonista—, que el Tío, el Toro y lo que vaya acumulándose en la lista sólo son un hilo de la compleja red delincuencial que tiene presencia en las entrañas de la vida socioeconómica, cultural y religiosa de la región.
Estudios recientes aseguran que en América Latina existe una relación estrecha y directa entre corrupción y proliferación del crimen organizado. Venezuela, Paraguay, Argentina, Colombia, Brasil, México, Guatemala, Ecuador y El Salvador, por ejemplo, salen generalmente reprobados en el Informe Anual de Percepción de Corrupción Global.
En Michoacán se está decidiendo el futuro y la viabilidad del Estado mexicano. La esperanza que ha despertado en la ciudadanía la estrategia integral de seguridad y desarrollo, implementada por el gobierno federal en la entidad, tiene que tener sólidos anclajes en la realidad para evitar que se evapore.
Después del fracaso del michoacanazo mediático encabezado por Felipe Calderón, los niveles de tolerancia y frustración de la sociedad han llegado a su límite.
Enrique Peña Nieto sabe que tiene que operar rápidamente en la entidad para recuperar la confianza de la gente en las instituciones democráticas. De otra forma, existe el riesgo de que las autodefensas multipliquen su poder y deriven en grupos autoritarios que intenten tomar de facto el control político de Michoacán.
La “institucionalización”, “legalización” o “normalización” de lasautodefensas es, al igual que la detención de criminales, sólo parte de un largo camino por recorrer. Una de las líneas de acción más relevantes tiene que ver con revertir el costo-beneficio a favor de la delincuencia.
¿Cómo lograr que el campesino michoacano, en lugar de sembrar marihuana, se dedique al cultivo legítimo? ¿Qué hacer para que los jóvenes de la región prefieran ser profesionistas, a incorporarse al lucrativo, pero peligroso tráfico, trasiego y venta de drogas?
El horizonte es abrumador y el tiempo corre en contra de la imagen de México en el extranjero. El mismo presidente de la república lo reconoció en Davos: la imagen de inseguridad que proyecta el país quita luces a las reformas para modernizarlo.
La realidad nacional e internacional impone cada vez con mayor fuerza tomar medidas inéditas: aplicar la ley no sólo a los delincuentes visibles, sino a todo aquel funcionario que facilite las actividades del crimen organizado. Sin importar el cargo, poder, relación política o nivel socio económico que tenga.
Está en juego la estabilidad del país, el futuro del Estado mexicano y el éxito de este gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.