La muerte, por segunda ocasión, del narcotraficante Nazario Moreno González, apodado El Chayo; las mentiras del entonces presidente Felipe Calderón con respecto a su primera muerte; la impresionante red de corrupción tejida por los dueños de Oceanografía; el fraude, lavado de dinero y evasión al fisco cometido por Gastón Azacárraga en Mexicana de Aviación, y las irregularidades encontradas en la construcción de la línea 12 del Metro, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, dejan ver un país donde la corrupción e impunidad parecen anidar en cada mexicano.
Y en medio de esta decena de escándalos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones impone una serie de condiciones a las televisoras y telefónicas declaradas como preponderantes, sin abordar de fondo y de manera sustantiva en el tema de los contenidos.
Sí, de los contenidos, que nada o poco tienen que ver con la prohibición de contratar de manera exclusiva un campeonato de futbol, y mucho con el tipo de mensajes, producción e información que hoy inundan las pantallas y que contribuyen a formar a los Chayos, al tipo de mexicanos arriba descritos.
Con Oceanografía se está ante un maremoto, cuyo epicentro se encuentra en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Una red administrativa y política vinculada al Partido Acción Nacional.
Un andamiaje y cadena construida ex profeso para cometer una serie de fraudes que, cuando menos en México, no tiene precedente. Se trata, tal vez, de una de las redes ilegales más grandes y complejas del planeta, que exigió, para hacerla posible, de la participación de importantes actores nacionales y extranjeros.
Oceanografía responde a un nuevo modelo de corrupción parecido al caso Gürtel en España. En esa trama, el Partido Popular, hoy en el gobierno, aparece involucrado junto con una serie de empresarios, altos funcionarios públicos y bancos, en lavado de dinero, evasión fiscal, facturación apócrifa, tráfico de influencias, entre otros delitos.
Y qué curioso es precisamente un español, nacionalizado mexicano, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación en el sexenio de Calderón, el que aparece en el escándalo de Oceanografía como cabeza de lo que algunos han bautizado como “mafia petrolera”.
El parecido con Gürtel no es casual. Digamos que trae la marca de un estilo ibérico de hacer las cosas. Mouriño estaba vinculado a los más importantes empresarios del sector energético de España y es quien les presenta al entonces secretario de Energía, Calderón.
La relación entre el español nacionalizado y el michoacano se convirtió con el tiempo en una poderosa complicidad que desembocó en el extraño accidente aéreo donde Mouriño perdió la vida.
Las líneas de investigación que hoy se siguen van a dejar cuando menos una interrogante: ¿acaso el que todos consideraban el delfín de Calderón contaba con la autorización presidencial para lavar dinero, pavimentar el camino de la sucesión y construir las condiciones para que el PAN se perpetuara en el poder?
Decirlo así explica muchas cosas. Una de ellas, la más importante de todas, es que la lucha del sexenio calderonista en contra del narcotráfico fue en muchos sentidos una simulación. Que se trató de garantizar la permanencia de la derecha en la Presidencia de la República, por varios sexenios, con el apoyo del crimen organizado.
Es difícil saber hasta dónde quieren o pueden llevar las autoridades las investigaciones en el caso Oceanografía. Pero, lo cierto es que el costo político para el PAN es inenarrable. De ser un partido que dice haber nacido para defender la democracia y oponerse a la corrupción, ha pasado a ser autor de la red de corrupción política más sofisticada de la que se tenga memoria.
Después de esto, ya nada será igual.
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