No es sencillo ver las crisis de Ucrania-Crimea y Venezuela a través del derecho internacional. Hay argumentos jurídicos a favor y en contra de cada bando y de cada posible solución. Pero una discusión de esta doble crisis y de la pertinencia del derecho internacional puede ser útil para conducir a un País como el nuestro a una idea más clara de qué queremos como nuevo orden jurídico internacional, más allá de los lugares comunes anacrónicos de “los principios tradicionales de la política exterior”.
Es cierto que hubo una injerencia internacional de la Unión Europea, en especial Polonia, y en menor medida de Estados Unidos, contra la represión masiva ejercida por el anterior presidente ucraniano Yanukóvich, pero es cierto que su Gobierno violó preceptos básicos de democracia, de respeto a los derechos humanos, de garantías individuales y libertades colectivas. El nuevo Gobierno ucraniano cayó en varias provocaciones antirrusas y en posibles violaciones a los derechos de las minorías rusas, pero Putin se “agandalló” Crimea, en plena violación del derecho internacional, y en particular del tratado de 1991 entre Rusia y Ucrania que determinó su independencia.
Es cierto que el pueblo de Crimea ejerció su derecho a la autodeterminación mediante el reciente referendo, pero también lo es que la votación tuvo lugar bajo condiciones antidemocráticas: con una pistola en la sien y sin considerar el punto de vista de otros nacionales de Ucrania. Y es cierto que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia con motivo de su agandalle incluyen un cariz injerencista evidente, no necesariamente eficaz, cuya principal función es evitar una nueva violación al derecho internacional por Putin: anexar porciones adicionales de habla rusa en Ucrania oriental. Así, la pertinencia del orden jurídico internacional afecta la situación interna previa de Ucrania y Crimea, y la situación externa entre Rusia y Ucrania.
En el caso de Venezuela, conviene recordar que hace 12 años uno de los factores que contribuyó al fracaso del golpe contra Hugo Chávez fue la posición de los presidentes miembros del Grupo de Río, reunidos esos días en Costa Rica, de apoyo al orden institucional venezolano, más allá de su desacuerdo con el régimen chavista. Señalaron que era preciso atender las causas del golpe, y no sólo su realización. Anteayer, Nicolás Maduro anunció la detención de tres generales de la Fuerza Aérea Venezolana por una tentativa golpista; seguramente los gobiernos latinoamericanos apoyarán a Maduro y denunciarán el golpe, con toda razón.
Lo que no queda tan claro es si esos gobiernos también insistirán en la aceptación por Venezuela de los instrumentos jurídicos regionales construidos por los países de América Latina y firmados por ellos, incluyendo Venezuela, a lo largo de los últimos 50 años: la Convención Americana de Derechos Humanos, o llamado Pacto de San José, y la Carta Democrática Interamericana. Lo que Maduro y Unasur, y por omisión México, están haciendo es exaltar un elemento de derecho internacional -la supuesta no intervención- en detrimento de otro: la defensa colectiva de la democracia representativa, de los derechos humanos y de las garantías individuales. Hoy a Venezuela le conviene este doble rasero, como ayer le convino a Ucrania. Mañana quizá no le convenga a nadie.
El derecho internacional es como el Estado de derecho en cualquier País: si se aplica, protege más a las personas débiles de países débiles que a potencias o poderosos. Que en ocasiones éstos ignoren o abusen del derecho, no significa que los más interesados en un vigoroso Estado de derecho o Régimen Jurídico Internacional no sean países como México, como Ucrania, como Venezuela. Pero sólo si rige para todos, todo el tiempo y en todos los ámbitos. Cada denuncia de Yanukóvich, de Chávez, de Maduro, o de los latinoamericanos en contra del intervencionismo yanqui, alemán o polaco, debilita cada defensa del orden institucional o la integridad territorial. Aguas.
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