No es que uno sea insidioso ni mala persona, pero es que no hay manera de agarrarles cariño. Y es que nunca falla; cada vez que uno quiere concederles el beneficio de la duda –corazón de pollo que somos los mexicanos- los priistas encuentran el modo de reiterar que siguen siendo la misma runfla de ventajosos.
Allí tienen la reforma de las telecomunicaciones. Dizque ahora sí, una ley contra los monopolios que por fin metería en cintura a Telmex y a Televisa. Muchos se fueron con la finta. ¿Un decreto del IFETEL establece la condición monopólica en la que operan Slim y Azcárraga?¿Medidas para limitar la “preponderancia” de estos amos de México? Parecía una cosa nunca antes vista. ¿El PRI contra los poderes fácticos?
Ajá. Pero más tardó el aplauso que festejaba las medidas dictadas por los políticos para “democratizar” el espectro de las telecomunicaciones, que estos en mostrar el cobre. Como suele suceder con los contratos de seguros o de créditos bancarios, lo importante estaba en la letra pequeña. Las leyes secundarias de las cacareadas reformas son un retroceso en varios sentidos, particularmente en contra del espacio crítico que representan las redes sociales y la blogosfera (se describen abajo).
Todo indica que este embate contra los usuarios de Internet es la respuesta del gobierno peñanietista al dolor de cabeza que le han significado los trending topics en su contra: desde los #librosEPN surgidos luego del dislate en la FIL, hasta #EPNvsInternet, pasando por #ladyprofeco entre otros muchos. El problema para los priistas es que su manual de manipulación política no incluye un capítulo efectivo para hacer control de daños en el ciber-espacio. A diferencia de la cobertura en los medios tradicionales, en los que la autoridad puede influir o censurar, Internet va por la libre. Algo que produce urticaria en Los Pinos y en Bucareli. Por consiguiente: palo-legal.
La opinión pública, organizaciones de usuarios, activistas de la red han cuestionado las nuevas reformas con tal intensidad, que algunos legisladores del PRD y del PAN han comenzado a hablar de modificaciones sustantivas al proyecto de ley. Ojalá. Los próximos días serán decisivos al respecto. Una cosa es evidente, a los políticos no hay manera de creerles, lo único queda es presionarlos para que ejerzan en beneficio del interés público. Y a veces, ni así.
En un artículo publicado recientemente describí algunos aspectos en que el proyecto de reformas lesiona los intereses del público, vea usted:
La nueva ley subordina las facultades autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) a la acción de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda. En materia política Gobernación puede intervenir cuando juzgue que alguna noticia sea “contraria a la seguridad del Estado o al orden público”, una verdadera aberración por donde se le mire. Bajo esa lógica, SinEmbargo.mx puede ser clausurado por hacer publicar notas críticas, si la autoridad considera que eso lleva a generar un clima de inconformidad contrario al “orden público”.
Se advierte una evidente intención de “desciudadanizar” al IFETEL en las posibilidades que este organismo tendría para regular a las empresas de cara al interés público. No sólo porque lo subordina a las dependencias oficiales en temas torales, también porque privilegia una estructura interna más favorable al cabildeo de los operadores que a la participación de la comunidad.
En materia de comunicación digital y nuevas plataformas la nueva legislación es ambigua en el peor de los sentidos. Con el pretexto de defender la propiedad intelectual y los derechos de contenidos en Internet, la iniciativa deja en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de la red contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales. Esto es, proporciona a la Segob y a la Secretaría de Comunicaciones una coartada perfecta para justificar el cierre de portales y la persecución de periodistas y comunicadores incómodos y críticos. Tendría que encontrarse la forma de asegurar la propiedad intelectual de los participantes sin que ello derive en una espada de Damocles arbitraria y ambigua al servicio del poder político.
Finalmente, la iniciativa ofrece una pantalla legal al espionaje gubernamental, pues soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet. “Entre otras cosas, permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación” (Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC).
En su regreso al poder el PRI se ha promovido como un actor político que aprendió del pasado y que regresa modernizado y con la cara lavada. En materia de información, sin embargo, lo que está proponiendo es un retorno a la peor de sus versiones.
@jorgezepedap
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.