Si nos desarmamos "cualquier pendejo en bicicleta nos va a matar". Así reaccionó el médico José Manuel Mireles, líder y vocero de las autodefensas de Tierra Caliente en Michoacán, al anuncio del inminente desarme de esas autodefensas hecho por el secretario de Gobernación y el comisionado del gobierno federal para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán (La Jornada, 12 de abril).
Tanto Gobernación como el comisionado han anunciado en varios tonos que las autodefensas michoacanas tienen hasta el día de la madre -10 de mayo- para desarmarse, pues ese movimiento que surgió al margen de la ley ya debe concluir, y "quien no lo entienda sufrirá las consecuencias". El gobierno aún no ha especificado esas consecuencias, pero su postura tiene, en teoría, una justificación que, de ser cierta, todos celebraríamos: "el Estado tiene la capacidad de garantizar la seguridad [ciudadana] y no se justifica que [las autodefensas] sigan portando armas" (La Jornada, 3 de abril).
Es comprensible que al Estado mexicano le urja recuperar eso que Max Weber consideró su esencia y que lo distingue de cualquier otra organización política: "el monopolio de la violencia legítima". Sin embargo, es tan o más comprensible la posición de Mireles de no desarmarse, al menos no del todo, pues él y los suyos también cuentan con un respaldo teórico impecable, el de Thomas Hobbes, que sostuvo que todo individuo tiene el derecho inalienable de defender su vida, incluso contra la autoridad.
Por años el gobierno no ha querido o no ha podido cumplir con su obligación fundamental de proteger con efectividad la vida y los bienes de los ciudadanos en estados como Michoacán y particularmente en Tierra Caliente. Suponer que a partir del 10 mayo próximo esa situación va a experimentar un giro de 180° es mucho suponer, sobre todo para aquellos que al formar las autodefensas retaron abiertamente a los señores de horca y cuchillo en su región, los llamados "Caballeros Templarios", y también para las bases sociales de las autodefensas.
· DESCABEZAMIENTO
Del sexenio pasado a la fecha, la esencia de la guerra contra los cárteles del narcotráfico ha sido descabezar a las organizaciones, eliminando o capturando a los jefes -El Mochomo, El Rey, El Vicentillo, El Jefe de Jefes, Nacho Coronel, La Barbie, Tony Tormenta, El Lazca, etcétera, hasta llegar a El Chapo y a El Chayo. Esta política no ha acabado con el narcotráfico pero quizá haya fragmentado a sus organizaciones y eso supone para el Estado una ganancia en un juego de suma cero -lo que perdieron unas lo ganó el otro- pero no necesariamente para la sociedad, pues muchos fragmentos de esas "grandes organizaciones sin cabeza" ahora se dedican a crímenes que afectan mucho más al grueso de los ciudadanos, que hoy son víctimas de secuestros, extorsiones y asaltos, cuyos números van al alza.
Pareciera que la política del descabezamiento también se empieza a practicar con las autodefensas que, en conjunto, son una gran movilización social independiente que representa un reto para el Estado, pues donde existen, y sólo por ese hecho, le niega a éste su "monopolio de la violencia legítima".
Hipólito Mora, el pionero de este movimiento social armado de autodefensa que apareció hace más de un año -febrero de 2013- para enfrentar la ausencia de Estado en La Ruana y en la región de Tierra Caliente, fue "rescatado" por el gobierno federal cuando los tenían copados a él y a sus seguidores otro grupo más numeroso de autodefensas encabezado por Antonio Torres, El Americano. Sin embargo, el "rescate" fue sólo el pretexto para detenerlo y decretarle formal prisión por un asesinato que aún debe probarse. A ese arresto le siguió el de otro líder con docena y media de sus seguidores: el de Yurécuaro, Enrique Hernández Saucedo, a quien se le imputa el asesinato del alcalde de Tanhuato.
· POLÍTICA CON RAÍCES
En un pasado no lejano, el gobierno de Ernesto Zedillo también buscó decapitar al EZLN capturando al subcomandante Marcos mientras pretendía negociar con él. Marcos escapó y el EZLN no desapareció. Los líderes de la Liga 23 de Septiembre fueron eliminados en los setentas y en 1962 un líder rural, Rubén Jaramillo, no tuvo tan buena suerte como el subcomandante y el gobierno sí lo eliminó.
En un pasado más remoto, en los 1930, hubo otra política de descabezamiento. Una vez concluida la "guerra cristera" (1926-1929), el gobierno empezó a eliminar selectivamente a los jefes rebeldes hasta que los que quedaron con vida volvieron a tomar las armas en una segunda guerra que se prolongó hasta 1940. Al final la victoria militar del gobierno fue total, sin embargo, como lo dejó ver la conmovedora novela testimonial de Antonio Estrada (Rescoldo. Los últimos cristeros, Jus, 1961), el costo fue social y moralmente inaceptable.
En suma, descabezar a las organizaciones que retan al gobierno puede ser una solución práctica para éste, pero no necesariamente para la sociedad pues por sí sola la neutralización del liderazgo no resuelve el problema de fondo.
Esta columna no aparecerá la semana entrante porque su autor sale del país.
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Leído en http://noticias.terra.com.mx/mexico/el-descabezamiento-de-lideres-no-resuelve-el-problema-meyer,1e0786783f395410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.HTML
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