Así, mientras numerosos activistas sociales, organizaciones civiles y oficiales, defensores de derechos humanos, escritores, legisladores y sociedad en general, centran sus esfuerzos en erradicar la posibilidad de que la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, hace casi un mes, sea aprobada por el Senado, sin que antes se eliminen las disposiciones del proyecto que atentan contra derechos fundamentales consignados en la Constitución, tales como la libertad de expresión y el derecho a la información (específicamente aquellas en las que se le conceden facultades a la Secretaría de Gobernación para censurar, espiar y hasta desconectar redes de telecomunicaciones discrecionalmente); se descuida el propósito original de la reforma constitucional que debería regular esa legislación secundaria.
En la política, como en la guerra, el triunfo sólo es posible si se identifican y controlan los enclaves estratégicos para avanzar sobre el territorio contrario. Pero en cuanto a tácticas, es preciso analizar cuidadosamente el mapa para identificar minas en el camino -como parecen ser los preceptos incluidos en el proyecto del Ejecutivo, que siendo tan burdos parecen blancos falsos; objetivos visibles para ser sacrificados.
Asumamos que las comisiones dictaminadoras someten al pleno del Senado un dictamen que elimina las disposiciones que atentan en contra de los citados derechos pero que preserva el resto de la iniciativa, ¿es suficiente?
¿Y los objetivos de la reforma constitucional?, ¿qué habría sido de la obligación del Estado de hacer disponible a toda la población las tecnologías de la información y el conocimiento, a través de una política de inclusión digital universal; la defensa de la sana competencia en telecomunicaciones: incluyendo voz, datos, audio y video -independientemente de su anterior distinción como "telecomunicaciones" unas y "radiodifusión" otras; una cadena de televisión pública ciudadana; la apertura de espacios para la comunicación pública y social, incluyendo la comunitaria y de pueblos originarios; entre otros muchos logros, que para que no pudieran ser desvirtuados por la legislación secundaria fueron detallados en dieciocho artículos transitorios?
El Ejecutivo hizo bien sus cálculos: optó por un Senado que teóricamente no controla para trasladar a otros el costo político del retroceso. Y es que de 128 senadores, apenas 61 son integrantes del grupo parlamentario del PRI o sus aliados. Para tener mayoría simple necesitan de por lo menos cuatro votos más. Serán esos cuatro que deberán cargar, frente a la opinión pública, con la responsabilidad de votar a favor de una iniciativa retrógrada; y probablemente esos legisladores ya hayan medido sus riesgos, considerando los posibles arreglos previos y los beneficios que tener a su favor a los medios conlleva para obtener la candidatura y hasta el gobierno de su estado: al fin de cuentas "París bien vale una misa".
Superado ese escollo, la aprobación en la Cámara de Diputados será apenas un trámite. En ese recinto el PRI y sus aliados cuentan con 251 votos de 500, y no necesitan de nadie más para darle pase automático y sin debate, como ya es tradición.
Pero aunque pareciese que una vez más se perdió la batalla frente a los más poderosos grupos mediáticos, no se ha perdido la guerra. Si bien esos grupos cuentan con los números para revertir una reforma constitucional de la que el Ejecutivo ahora se arrepiente, no podemos olvidarnos de la posibilidad de que en el déjà vu de la historia, un tercio de los diputados interpongan una acción de inconstitucionalidad en contra de esta renovada "Ley Televisa".
pcarpinteyro@gmail.com
Leído en http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=24717
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