Las tentaciones autoritarias no pueden ser arrancadas en forma definitiva de la cultura política mexicana. Se quiere ser una sociedad libre e incluyente, y cuando se empieza a tallar la imagen de lo que se pretende, lo que se ve es una sociedad reprimida, excluyente y con una mordaza que se coloca y se quita de la boca de los ciudadanos a contentillo de la autoridad. El discurso de libertad choca con las prácticas tutelares, propias de un régimen autoritario y enemigas de las normas que rigen en una democracia. La última debilidad autoritaria en la mesa mexicana encontró su espacio en tres de los artículos de la ley secundaria de Telecomunicaciones que despertó la indignación general y obligó a que, cuando menos en el discurso público, el gobierno y el PRI expresaran que lo que menos desean es coartar la libertad de expresión y las garantías constitucionales.
La rebelión ciudadana, que ejerce la presión pública como la única arma que tiene para defenderse, denunció en la ley secundaria una redacción que permitiría, bajo el criterio de la autoridad en turno, censurar internet y las redes sociales. Es decir, segar el único espacio absolutamente democrático y social -con sus grandes abusos y sus enormes beneficios-, porque a la autoridad no le gusta que existan espacios fuera de su control. Por ejemplo, el Capítulo VI, l artículo 145 inciso tres, dice textualmente en relación a los concesionarios: “Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.
Pero el fraseo es tan ambiguo que se presta a todo tipo de interpretación y, por tanto, abre una puerta tan grande que permitiría a la autoridad intervenir cualquier tipo de expresión o contenido bajo pretextos tan igualmente ambiguos y abstractos como los usan, por ejemplo, China, Irán y algunos países árabes, que consideran que el disenso y las opiniones contrarias al discurso oficial viola las normas, o como recientemente en Turquía, donde el gobierno intentó cerrar Twitter y YouTube porque a través de esas redes se difundía la corrupción oficial y planes intervencionistas en otros países. Si no existe la intención del gobierno en conculcar derechos universales como la libertad de expresión, como asegura el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la ley secundaria engaña perfectamente a todos.
No es el único artículo que conculca libertades. Están otros dos directamente relacionados con la seguridad, que afectan a las redes sociales, cuyas dinámicas han sido un dolor de cabeza para las autoridades. Varios gobernadores se lanzaron hace años en contra de Twitter porque, afirmaban, difundían mentiras, rumores y desestabilizaban a las poblaciones. Era una salida fácil ante lo desconocido. No habían pensado en estrategias de comunicación política que contrarrestaran a quienes espontáneamente esparcían esas versiones o aquellos que –algunos cárteles incluidos-deliberadamente difundían rumores y mentiras para, en efecto, desestabilizar a los gobiernos y debilitarlos. Pero las redes sociales no eran nuevos instrumentos del demonio, sino una plataforma moderna por donde se esparcía lo que ha existido desde hace más de 500 años, la propaganda.
No fueron las falsedades o los murmullos lo que les hacía mayor daño, sino el ser incapaces de reaccionar, a la velocidad del mundo actual, con antídotos para evitar sus derrotas en el campo de la comunicación. Sin embargo, lejos de replantearse la autoridad sus deficiencias y corregirlas, la ley secundaria les regala en su artículo 197, la orden a los concesionarios de “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a las autoridades competentes”. El 190 lo refuerza de esta manera: “Los concesionarios de telecomunicaciones, y en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, están obligados a permitir que las autoridades facultadas, por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas…”.
Estos artículos deben ser eliminados de la ley secundaria de telecomunicaciones porque atentan directamente a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, inhiben la confrontación de ideas y amenazan con acallar a quienes piensan distinto a la autoridad. Nadie puede negar que las redes sociales son, entre muchas otras cosas, generadoras de odios y ejecutoras de venganzas, patíbulo permanente para el linchamiento donde los gritos y los insultos son más poderosos que las razones y los argumentos. Santiago Segurola, probablemente el mejor cronista de futbol que ha dado España, decía que Twitter “es una cantina llena de borrachos”. Tiene mucha razón, pero Twitter, como el resto de las redes sociales, también han servido como vehículo unificador de sociedades y espejo permanente que inhibe los excesos de la autoridad. No puede haber buenas razones para coartar la libertad de expresión, aún para aquellos que en algún momento hayan sido ofendidos y lastimados por los abusos que en ellas existen.
twitter: @rivapa
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