Si algo ha cambiado durante la presidencia de Enrique Peña Nieto en materia política es una cosa: los gobernadores de los estados del país ya no gozan del poder omnímodo y omnipotente del que gozaron durante los 12 años de gobiernos panistas. Desde la Presidencia en este sexenio se ha emprendido toda una estrategia para acotar y controlar la actuación de los Ejecutivos estatales y evitar los excesos en que incurrieron en la última década.
Una prueba de ello han sido los efectos que en la práctica tienen varias de las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto con el apoyo de los partidos en el Pacto por México, desde la reforma político-electoral que rompió con el control de los gobernadores sobre los órganos electorales de sus estados y por tanto la manipulación de los comicios, hasta las nuevas leyes fiscales y General de Deuda Pública que regulan la contratación de endeudamiento financiero de los gobiernos estatales y municipales y les ponen topes a la adquisición de créditos con la banca comercial.
Las resistencias desde los estados a varias de estas leyes y al acotamiento político emprendido desde Los Pinos no se han hecho esperar. Varias de las reformas peñistas enfrentaron de manera soterrada o abierta amagos de rebelión y desconocimiento de los estados, ya fuera porque se trastocaban facultades o poderes de facto para los mandatarios o porque se les imponían a las entidades federativas nuevos lineamientos constitucionales y legales que, al tiempo que reforzaban la rectoría federal, les quitaban a ellos potestades.
Uno de los casos más claros de resistencia en las entidades federativas ha sido la reforma educativa. En algunos casos presiones de la CNTE o de algunas secciones del SNTE y en otras, atribuciones que se tomaron los Congresos locales, derivaron en una suerte de rebelión en contra del espíritu original de las nuevas leyes educativas que le confieren al Ejecutivo federal, a través de la SEP o a instituciones autónomas como el INEE, la rectoría en materia de educación a nivel nacional.
Eso no sólo incomodó a algunos estados donde dominan las facciones más radicales de la CNTE, como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, en los que hubo seria resistencia a que se realizara la homologación de sus leyes estatales con la reforma educativa; al
final sólo Oaxaca se negó a completar el proceso antes del 12 de marzo, que fue la fecha establecida en las leyes secundarias para hacerlo. Y aunque el resto de las 31 entidades sí homologaron sus legislaciones, en varios estados los Congresos locales se tomaron libertades y licencias a la hora de legislar y terminaron contradiciendo a la Constitución y a la Ley General de Educación.
Por esa razón, y en una prueba más de sujetar a los gobiernos locales al marco federal, el presidente Peña Nieto inició ayer controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de cuatro estados por contravenir el espíritu constitucional de la reforma educativa. De esas cuatro controversias, anunciadas ayer por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, una es contra Oaxaca por omisión al no haber realizado la homologación, y las otras tres contra Chiapas, Michoacán y Sonora porque sus Congresos aprobaron disposiciones que contravienen a la legislación federal.
Ayer los representantes del presidente advirtieron que a estas cuatro controversias podrían sumarse otras más contra los estados una vez que se concluya el análisis de las legislaciones aprobadas por varios de ellos; es decir, que en Los Pinos no están jugando y así como en otras ocasiones, como en la rebelión que intentaron algunos gobernadores contra la reforma político-electoral actuaron con firmeza para sofocar las resistencias, ahora, en la reforma educativa, la confrontación llegará al máximo tribunal del país en lo que representa un claro y contundente mensaje: el tiempo de los virreinatos en los estados del país se terminó.
NOTAS INDISCRETAS…Hablando de virreinatos, una de las entidades en las que se desató mayor escándalo por el tema del endeudamiento del gobierno estatal fue en Coahuila. Tal vez por eso ayer el gobernador Rubén Moreira firmó un convenio de cooperación técnica con la organización OSC Fundar, con la cual el estado se compromete a reformar su Ley de Transparencia para hacerla la más avanzada y clara del país, además de que el gobierno de Coahuila acepta abrir públicamente sus gastos en imagen y publicidad oficial. En la firma del convenio con el organismo de la sociedad civil, el gobernador se comprometió también a que en adelante su imagen personal no aparecerá más en los spots de gobierno, ni siquiera en los tiempos de ley. Así que Rubén Moreira se propone hacer de Coahuila el estado “más transparente del país” en algo que, inevitablemente remite al ejercicio de su hermano y antecesor en el cargo, Humberto Moreira. ¿Se sigue deslindando el mandatario coahuilense? Los dados se guardan en el cajón por vacaciones. Volverán a girar el lunes 28 de abril en espera de más Escaleras y menos Serpientes. Hasta entonces apreciados lectores y ¡felices pascuas!
Leído en http://www.24-horas.mx/van-los-pinos-vs-estados/
Los derechos de autor son propiedad de los columnistas y sus periódicos; las columnas de los foristas son responsabilidad de ellos mismo; los comentarios, mentadas de madre y albures en Disqus son, también, responsabilidad de los foristas. Este lugar no tiene fines de lucro Aquí no se censura ni se modera. CUANDO SE PUBLIQUEN DATOS PERSONALES, POR SEGURIDAD, LOS POSTS SERÁN BORRADOS. Contacto: lafaunademilenio@gmail.com
RECOMENDACIONES Y COLUMNAS DE OPINIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.