Los regímenes más antidemocráticos exhiben sus tics autoritarios de muy distintas maneras. El gobierno de Enrique Peña Nieto se centra en la censura en Internet.
El gobierno peñista pretende controlar los contenidos de la red a través de las leyes secundarias de la polémica reforma de Telecomunicaciones.
La propuesta parece extraída de un manual totalitario. Peña Nieto ha propuesto que una “autoridad competente” se encargue de bloquear el acceso a Internet a personas y webs que afecten la “seguridad nacional”.
Los limites en Internet violan flagrantemente la libertad de expresión y la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que Peña Nieto envió al Senado, plantea censurar contenidos y la posibilidad de intervenir las redes sociales y los portales durante concentraciones públicas.
El artículo 197, fracción VII, dice: “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
Evidentemente, Peña Nieto no quiere que los ciudadanos documentos los excesos de su poder. Tampoco le interesa que se transmitan en vivo dichas manifestaciones en su contra o que se exhiban los abusos policiacos.
Sin el menor recato, la iniciativa peñista exhibe el deseo de censura de manera clara y contundente, en el artículo 145, fracción III: “Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán bloquear el acceso a determinado contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medio orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.
La iniciativa peñista, pretende que todos los proveedores de Internet compartan su base de datos con la información personal de los ciudadanos que utilicen cualquier tipo de telecomunicaciones: teléfono, Whatsapp, Twitter, YouTube, Facebook y páginas web.
De alguna manera, el gobierno quiere convertir a los empresarios de telecomunicaciones en los grandes censores. Son ellos, los que tendrán que acatar las ordenes superior a la hora de elegir los contenidos “subversivos” y los contenidos adecuados que no afectan a la seguridad nacional.
De hecho, el título VIII, se titula: “De la colaboración con la justicia” y busca que esos empresarios almacenen por más de 24 meses los datos personales de los usuarios, incluidos desde donde se transmite y el destinatario. La ubicación geográfica de las comunicaciones será en esta nueva era de las telecomunicaciones pelistas, básica, para reprimir y perseguir a quien transmita información que no guste al gobierno.
Otro aspecto llamativo, es la vulneración del llamado principio de neutralidad. Por ejemplo, el artículo 146, dice: “Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”.
Con esto, se pierde la igualdad en el acceso a Internet. Peña Nieto, quiere que quien más pueda pagar, tenga más calidad en su servicio de Internet.
La particular guerra de Peña Nieto contra los usuarios de Internet deja claro su talante antidemocrático. El gobierno quiere dominar la única isla de libertad que tienen los ciudadanos.
Los instrumentos de control a Internet se intensificaron desde la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. No hay que olvidar como el pasado
2 de diciembre de 2013 la empresa GoDaddy.com bajó de la red, la página web 1dmx.org, supuestamente a petición de un agente especial de la Homeland Security Investigations asignado a la Embajada de Estados Unidos en México. La web, cuyo contenido no convenía a los intereses del gobierno mexicano ni estadounidense, fue censurada durante tres meses y apenas restablecida el pasado 5 de marzo.
El ataque a la libertad de expresión fue exhibido de manera internacional. El grupo ContingenteMx denunció la censura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y Propuesta Cívica exigió al IFAI el esclarecimiento de semejante acto de censura.
Los intentos de Peña Nieto por controlar los contenidos en la red son muy serios y delicados, porque el Ejecutivo a colocado a México al nivel de Turquía o Venezuela, países que se han encargado de censurar la organización de protestas contra los respectivos gobiernos a través de las redes sociales y otros instrumentos digitales.
En pleno Siglo XXI más de mil millones de personas usan diariamente Internet para comunicarse de manera libre. Y la tentación autoritaria de los gobiernos por controlar la red, va en aumento. Así lo demuestra un estudio de OpenNet que identifica 25 países como los grandes censores de Internet, entre ellos, China, Irán y Corea del Sur, cuyos gobiernos consideran los contenidos políticos o sociales como “peligrosos” para la “seguridad nacional”.
La organización del estudio está integrada por las universidades de Oxford, Cambridge, Harvard y Toronto que analizaron miles de webs alojadas en 120 proveedores de Internet y las observaciones de censura. El peor gobierno para la censura en Internet es Myanmar, seguido de China e Irán.
La lista negra centra en el tercer tipo de censura relacionada con la “seguridad nacional” a Irán donde una veintena de bloggers han sido encarcelados desde el 2006 y se ha impedido el acceso a unas 10 millones de webs.
La cibercensura de Peña Nieto es un ataque directo a las libertades fundamentales de los mexicanos. Internet es la máxima expresión de la libertad. Y depende de nosotros defendernos de este gobierno alzando la voz.
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