Considerando que cada magistrado alcanza hoy en día una remuneración anual de 4.2 millones de pesos (ingresos mensuales promedio de 350 mil pesos incluyendo bonos y aguinaldos), imagine usted lo que significaría para el erario sostener a estos jubilados si nos resultan longevos. De hecho, es un cálculo que ya realizó el diario Reforma: María del Campo Alanís y Salvador Olimpo Nava, quienes se retirarán a la edad de 49 y 48 años respectivamente, se embolsarían sin mover un dedo el equivalente a 185 millones de pesos la primera, y 196 millones el segundo por el simple expediente de no morirse hasta los 76 años (esperanza de vida actual de los mexicanos). En total, el retiro dorado de siete magistrados costaría 730 millones de pesos a los contribuyentes.
Una vez más tendríamos que preguntarnos qué razones podrían encontrarse para sostener que hay jubilados de primera plus y jubilados de tercera. ¿Cuál es la lógica que lleva a sostener que un empleado del ministerio público se retire con una pensión miserable luego de 35 años de actividad, y un magistrado lo haga forrado en oro luego de apenas diez años de servicio? (ese es el período que cubre un miembro del Trife). Sobre todo si consideramos que el sueldo de estos últimos no convierte a su trabajo precisamente en un sacrificio. Digo, a razón de 4.2 millones de pesos por año, al salir ya se habrían embolsado 42 millones cada uno.
Al abuso obvio que representa este privilegio, tendríamos que añadir la sospecha de una corrupción institucional mucho más grave. El gran impulsor de esta medida ha sido Los Pinos, como queda debidamente ilustrado por las notas periodísticas procedentes de la Cámara. En fotos y crónicas se advierte el trabajo de cabildeo de los operadores del Presidente sobre los coordinadores de los partidos en los recintos legislativos para lograr la aprobación de este “haber de retiro”.
El interés presidencial en este tema mueve a suspicacias: justamente fue el Trife el responsable de otorgar su aval para legitimar la elección de Peña Nieto y dejar sin castigo las violaciones cometidas por el PRI en lo correspondiente al financiamiento electoral (Monex incluido). El mismo Trife que decretó que en las elecciones de 2006 habían existido irregularidades sistemáticas por parte de la presidencia para favorecer a su candidato en detrimento de la oposición, pero que eso no modificaba el resultado de la misma (a pesar de que la diferencia en el voto hubiese sido de apenas 0.5%).
El magistrado Flavio Galván salió en defensa de su peculio con una afirmación conmovedora: “es un retiro justo después de toda una vida de trabajo”. Habría que decirle a ese juez que sólo es justo aquello que se ofrece al resto de los ciudadanos y no lo es aquello que constituye un privilegio que los demás no tienen.
Se afirma que el “haber de retiro” debe cubrir el 100% del sueldo los dos primeros años, porque el recién jubilado esta incapacitado por ley para trabajar durante ese lapso en asuntos de su profesión (después la pensión bajaría a 80%, según el reglamento que ahora rige para los militares). Es una medida que pretende asegurar que las decisiones de los magistrados no estén afectadas por sus vínculos con algún cliente o interés relativo a su inmediato futuro.
Es un criterio endeble, y en todo caso no justifica pagarles per saecula saeculorum. Remunera a la señora del Campo Alanís a razón de 200 mil pesos mensuales, más inflación, dentro de veinte años para evitar que se corrompa ahora, es algo que habla muy mal de la confianza que se tiene en la honestidad la actual magistrada, o para el caso en la de cualquiera de sus colegas. ¿O no?
Los jueces están en todo su derecho de recibir una pensión similar a la de todos los mexicanos, de acuerdo a sus cotizaciones y a los topes salariales que contempla el IMSS. Cualquiera otra cosa es un privilegio que apesta a corrupción.
@jorgezepedap
www.jorgezepeda.net
Leído en http://www.vanguardia.com.mx/columnas-haberderetirooavernoslacara-2043399.HTML
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