Hace cuatro años decíamos que el dictamen preliminar que presentó el magistrado Arturo Zaldívar sobre la guardería ABC, a un año del incendio que acabó con la vida de 49 niños dejando otros 75 con quemaduras y males respiratorios, había sido, hasta ese momento, lo único que le había dado un poco de consuelo y expectativas de justicia no sólo a los padres y familiares de los niños fallecidos y lesionados, sino también a una sociedad que se siente agraviada.
Pero han pasado cuatro años desde entonces y los tímidos y coyunturales intentos de hacer justicia siguen siendo para quienes ocupan las posiciones más bajas en la escalera del poder. Ni un solo funcionario local o federal se ha visto involucrado seriamente en alguna indagatoria.
Estuve en Hermosillo poco después del incendio y estar allí era contemplar una ciudad que seguía, y hoy sigue, herida y que se ha sentido abandona por los gobiernos y la justicia. El sentimiento es de impunidad y ello se ha instalado a flor de piel entre la gente. Me llamó poderosamente la atención, sobre todo en las cruces instaladas frente al edificio de la Universidad de Sonora, mucho más céntricas y en un lugar más transitado que el de la guardería, cómo tantas personas se asomaban a ellas, se quedaban unos minutos contemplando las cruces y las fotos de los niños, no sé si rezaban o hablaban consigo mismos, pero ahí estaban, musitaban, movían sus cabezas.
Primero pensé que eran familiares, luego comprobé que eran transeúntes, hombres y mujeres para los cuales la herida no cierra porque probablemente la tragedia de la guardería catalizó, les hizo recordar, muchas otras que han recibido en el pasado y que también han quedado impunes. Y esas heridas sólo pueden cerrarse con justicia. Y sienten que no la han recibido.
En este caso no se trata de percepciones alejadas de la realidad. En el ámbito penal se ha hecho poco y nada y sólo se ha buscado a funcionarios muy menores del IMSS y de las administraciones municipales y estatales; los dueños de la guardería siguen en libertad, lo mismo los funcionarios responsables de la bodega de la secretaría de finanzas local donde se originó el incendio. La Secretaría de la Función Pública sí ha inhabilitado a funcionarios del Seguro Social, pero la gente no percibe ello como un verdadero castigo.
El dictamen del ministro Zaldívar de hace cuatro años generó expectativas de que se podría ir mucho más allá. Es verdad que en el mismo podía haber algunos puntos controvertidos, por ejemplo respecto al papel que jugó el entonces director del IMSS, Daniel Karam, primero porque acababa de asumir el cargo y luego porque se decía que tuvo fallas en la atención posterior al siniestro, pero su actuación fue respaldada por instituciones como el Colegio de Arbitraje Médico. Pero esa es otra historia: el caso es qué hacer con los funcionarios de alto nivel que eran responsables del funcionamiento de la guardería y de su protección. Y con la responsabilidad política que se concentraba en el anterior director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el entonces gobernador, Eduardo Bours.
El actual dirigente del PAN Gustavo Madero, ex secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director del IMSS, se equivocó luego del incendio en minimizar su responsabilidad y no salir a ofrecer explicaciones; no pudo o no quiso rebatir el dictamen preliminar de la Corte más allá de un comunicado de prensa emitido, además, desde la SCT, como si tuviera algo que ver con esa dependencia. Y sobre todo, en aquel momento, se equivocó al no renunciar al cargo. Molinar Horcasitas (un hombre capaz y talentoso) siempre dijo que todo se trataba de una campaña mediática en su contra. Puede ser pero había en todo esto una suerte de obligación ética que se dejó de lado.
El gobernador Bours perdió la elección y desapareció del mundo político por algunos años. Ahí anda otra vez tratando de reconstituir fuerzas. En su caso hay una acusación, sobre la que insisten los padres y que hace años también manejamos en este espacio. El incendio provocado: no en la guardería sino en las bodegas de la Secretaría de Hacienda que estaban junto, donde comenzó el incendio. ¿Porqué? Porque acababa el gobierno y allí estaban depositados, dicen en Hermosillo, muchos papeles comprometedores de la campaña y la gestión gubernamental. Casualmente, al terminar la gestión anterior, seis años antes del caso de la guardería, otra bodega de Hacienda, también se había incendiado para las mismas fechas conteniendo el mismo tipo de documentación.
La tesis del incendio provocado prácticamente no se investigó en el pasado. Hoy vuelve a estar presente, así como la exigencia de los padres de familia de que se investigue a por lo menos 16 funcionarios que han quedado fuera de las indagatorias, junto a los propios dueños de la guardería. Habrá que ver cuánto se tarda en hacer justicia, una justicia que no sea solamente poética.
En este caso no se trata de percepciones alejadas de la realidad. En el ámbito penal se ha hecho poco y nada y sólo se ha buscado a funcionarios muy menores del IMSS y de las administraciones municipales y estatales; los dueños de la guardería siguen en libertad, lo mismo los funcionarios responsables de la bodega de la secretaría de finanzas local donde se originó el incendio. La Secretaría de la Función Pública sí ha inhabilitado a funcionarios del Seguro Social, pero la gente no percibe ello como un verdadero castigo.
El dictamen del ministro Zaldívar de hace cuatro años generó expectativas de que se podría ir mucho más allá. Es verdad que en el mismo podía haber algunos puntos controvertidos, por ejemplo respecto al papel que jugó el entonces director del IMSS, Daniel Karam, primero porque acababa de asumir el cargo y luego porque se decía que tuvo fallas en la atención posterior al siniestro, pero su actuación fue respaldada por instituciones como el Colegio de Arbitraje Médico. Pero esa es otra historia: el caso es qué hacer con los funcionarios de alto nivel que eran responsables del funcionamiento de la guardería y de su protección. Y con la responsabilidad política que se concentraba en el anterior director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el entonces gobernador, Eduardo Bours.
El actual dirigente del PAN Gustavo Madero, ex secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director del IMSS, se equivocó luego del incendio en minimizar su responsabilidad y no salir a ofrecer explicaciones; no pudo o no quiso rebatir el dictamen preliminar de la Corte más allá de un comunicado de prensa emitido, además, desde la SCT, como si tuviera algo que ver con esa dependencia. Y sobre todo, en aquel momento, se equivocó al no renunciar al cargo. Molinar Horcasitas (un hombre capaz y talentoso) siempre dijo que todo se trataba de una campaña mediática en su contra. Puede ser pero había en todo esto una suerte de obligación ética que se dejó de lado.
El gobernador Bours perdió la elección y desapareció del mundo político por algunos años. Ahí anda otra vez tratando de reconstituir fuerzas. En su caso hay una acusación, sobre la que insisten los padres y que hace años también manejamos en este espacio. El incendio provocado: no en la guardería sino en las bodegas de la Secretaría de Hacienda que estaban junto, donde comenzó el incendio. ¿Porqué? Porque acababa el gobierno y allí estaban depositados, dicen en Hermosillo, muchos papeles comprometedores de la campaña y la gestión gubernamental. Casualmente, al terminar la gestión anterior, seis años antes del caso de la guardería, otra bodega de Hacienda, también se había incendiado para las mismas fechas conteniendo el mismo tipo de documentación.
La tesis del incendio provocado prácticamente no se investigó en el pasado. Hoy vuelve a estar presente, así como la exigencia de los padres de familia de que se investigue a por lo menos 16 funcionarios que han quedado fuera de las indagatorias, junto a los propios dueños de la guardería. Habrá que ver cuánto se tarda en hacer justicia, una justicia que no sea solamente poética.
Leído en http://www.am.com.mx/opinion/leon/abc-e-incredulidad-en-la-justicia-9548.HTML
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