La iniciativa está desde el martes en comisiones del Congreso. El proceso de revisión y dictamen podría tomar, según el priista Giorgana, de ocho a diez semanas. Mientras tanto, la ley bala sigue vigente.
Estamos hablando del insólito caso de una ley (Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza), aprobada el 19 de mayo con 35 votos a favor y cinco abstenciones, que quiere ser echada abajo por su promotor, el gobernador panista Moreno Valle, con el argumento de que ha sido estigmatizada por una errónea percepción tras los hechos violentos donde murió un niño de 13 años.
“La ley no está mal”, asegura Giorgana. “Ha sido revisada por la CNDH, que estableció que no hay en ella acciones de inconstitucionalidad ni inconvencionalidad. Y establece con toda claridad los límites a la fuerza pública. Lo que está pasando es, más bien, una cortina de humo, una distracción del caso de Chalchihuapan. Un intento de trasladar la discusión al Congreso”.
Así parece, porque el gobernador cuenta con los votos en el Congreso para tirar “su propia ley” y crear una nueva que, concluye Giorgana, “tendrá seguramente a la actual como punto de partida y terminará siendo similar, quizá con otro nombre”.
Un niño muerto y una ley recién nacida que moriría para tratar de apagar las críticas. La fórmula Moreno Valle para resolver una crisis.
Leído en http://www.milenio.com/firmas/ciro_gomez_leyva/cortina-humo-gobernador-Moreno-Valle_18_342145810.HTML
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