“Ningún poder en la Tierra tiene el derecho de quitarnos nuestra propiedad sin nuestro consentimiento”.
John Jay
Si yo comprara un rancho en Oklahoma o Texas, y encontrara en él petróleo, tendría buenas razones para festejar. La explotación del recurso seguramente me daría una fortuna. Si en cambio el rancho lo comprara en Tamaulipas, y no me lo quitaran “los malos”, el hallazgo sería una tragedia. Más que festejar haría lo posible por ocultar el hidrocarburo... ya que cuando el gobierno se enterara de que en mi terreno hay petróleo simplemente me despojaría de él.
México ha mantenido durante décadas incentivos perversos en la industria de la energía. En lugar de promover la exploración y desarrollo de recursos, la legislación fue hecha para impedir la inversión productiva. El resultado lo vemos en una industria energética ineficiente y corrupta, controlada por dos obesos monopolios gubernamentales y por sindicatos que han hecho millonarios a sus líderes.
El problema es de fondo, no se puede corregir con leyes y reglamentos que establezcan nuevas supervisiones y contralorías. La creación de dos grandes monopolios gubernamentales, con poderes mucho más amplios de los de las empresas preponderantes en televisión o telecomunicaciones, condena a la industria energética mexicana a la ineficiencia y a la corrupción. La violación al derecho de propiedad, al despojar sistemáticamente a los propietarios de terrenos con hidrocarburos, es la otra razón del desastre de nuestra industria de energía.
La reforma energética es un intento por mejorar las condiciones en que opera la industria en México. Me parece un avance. Se permite a Pemex la posibilidad de asociarse con empresas privadas no solamente fuera del país, que ya se podía, sino dentro del territorio nacional. La iniciativa, sin embargo, ni siquiera alcanza la apertura que tuvo la actividad con Lázaro Cárdenas, quien impulsó los contratos de riesgo que siguen siendo ilegales. La apertura, en cambio, es mayor en electricidad.
Buena parte de la discusión se ha centrado en los derechos de propiedad de los dueños de terrenos con petróleo. La iniciativa original preveía la expropiación obligatoria de los terrenos con hidrocarburos. Ésta es la situación que prevalece con la actual ley, pero se complicaba por el hecho de que muchas de las nuevas operaciones de explotación serán privadas, lo que dificultaba comprobar ante los tribunales la “utilidad pública” que se requiere para una expropiación legal.
Los senadores han modificado esta iniciativa y han establecido que los terrenos no serán ya expropiados sino sometidos a una “ocupación temporal”. En otras palabras, Pemex y sus socios operativos privados tomarán control de la tierra en que haya gas o petróleo durante varios años sin cambiar legalmente la propiedad, deberán compensar al propietario por la afectación de su tierra y por la utilidad que habría obtenido por su uso y podrán recibir además una “participación” sobre la utilidad generada por la actividad petrolera, aun cuando el monto no se ha definido.
Habrá que ver cómo funciona el nuevo sistema, sobre todo si consideramos que más de la mitad del territorio nacional se encuentra en manos de ejidos y comunidades indígenas y no bajo propiedad privada. Supongo que sí podrá aumentar la inversión productiva, que es el propósito fundamental de la iniciativa. Pero la verdad es que una reforma que simplemente restableciera los derechos plenos de propiedad a los mexicanos sería más sencilla, eficaz, transparente y productiva. Sólo en este caso podríamos decir con honestidad: “El petróleo es nuestro”.
Partido políticos
Los tres nuevos partidos políticos, incluyendo Morena de Andrés Manuel López Obrador, recibirán 31.8 millones de pesos cada uno para gastar de agosto a diciembre. Y si bien nos dicen que éste no es dinero nuevo, que los recursos se les quitarán a los partidos que ya existen, la nueva ley electoral ha permitido también incrementar en 1,300 millones de pesos el dinero que los contribuyentes damos a los partidos estatales.
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