El Pacto por México permitió que las principales fuerzas políticas definieran una serie de propuestas concretas para dar solución a los grandes problemas nacionales, superando así una época marcada por la polarización política y la parálisis legislativa. El diagnóstico era claro: si bien a lo largo de las últimas tres décadas transitamos con éxito hacia una democracia y una economía abierta al mundo, la realidad mexicana seguía marcada por un crecimiento insuficiente, baja productividad y altos niveles de pobreza y desigualdad.
Algunos de los derechos establecidos en la Constitución no eran ejercidos plenamente por todos los ciudadanos, como lo eran el derecho a una educación de calidad y a la justicia eficaz, pronta y expedita. Estos obstáculos eran de tal magnitud que resultaba imposible superarlos únicamente con una administración más eficiente. El cambio tenía que ser radical.
En un periodo de tan sólo veinte meses, México ha concretado 11 reformas que representan un logro histórico. Su aprobación implicó un profundo esfuerzo para realizar 58 modificaciones a la Constitución, 81 cambios a diversas leyes secundarias, la creación de 21 ordenamientos jurídicos y la abrogación de 15. De igual manera, se constituyeron 3 nuevas instituciones y se fortalecieron 13 ya existentes.
Estas reformas tienen tres grandes objetivos: elevar la productividad de México para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico; fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos; y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades.
Primero. Para elevar la productividad se realizaron seis reformas. La reforma energética garantizará el abasto, a precios competitivos, de petróleo, electricidad y gas natural. Con esta reforma se incrementará tanto la producción de petróleo, que pasará de 2,5 millones de barriles diarios a 3 millones en 2018 y a 3,5 millones en 2025; como la de gas natural, que aumentará de 5.700 millones de pies cúbicos diarios a 8.000 millones en 2018 y a 10.400 millones en 2025. Al mismo tiempo, el sector energético mexicano se modernizará para atraer inversiones, mejorar la tecnología y fomentar la participación de la iniciativa privada. Petróleos Mexicanos creará compañías que brinden servicios como transporte y logística, forjando alianzas con otras petroleras internacionales y reduciendo costos operativos. Se espera que, como consecuencia de estos cambios, el producto interior bruto crezca un punto porcentual adicional para 2018 y dos más para 2025.
La reforma en materia de competencia económica regula la relación entre las empresas, asegurando una sana competencia que se traduzca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios. De la misma manera, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fomenta la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet, con lo que se generan más y mejores opciones para los consumidores, se reducen los precios y se contribuye a cerrar la brecha digital, con el fin de integrarnos plenamente a la sociedad del conocimiento. Como resultado de esta reforma se brindará conectividad gratuita en 250.000 sitios públicos y al menos el 70% de los hogares y el 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán acceso a Internet de banda ancha al término de mi mandato.
Por su parte, la reforma hacendaria incrementa la capacidad financiera del Estado mexicano, lo que le permitirá atender mejor necesidades básicas como la educación, la seguridad social y la infraestructura. Esta reforma eleva la recaudación fiscal, elimina tratos preferenciales y crea un régimen que ofrece incentivos para que los trabajadores informales de México se integren a la economía formal. Al mismo tiempo, la reforma financiera creará más oportunidades de crédito personal y empresarial a precios más bajos. A su vez, la reforma laboral, aprobada durante el periodo de transición gubernamental, flexibiliza el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando el desarrollo profesional.
Segundo. Para fortalecer el ejercicio pleno de los derechos, se llevaron a cabo tres reformas. La reforma educativa garantiza a los niños y jóvenes una educación integral, incluyente y de calidad. Esto permitirá que México cuente con capital humano mejor preparado y más competitivo. Por otro lado, se moderniza el juicio de amparo, que es la institución más eficaz para evitar o corregir los excesos de los poderes públicos. Por último, creamos un código nacional de procedimientos penales para brindar mayor certeza jurídica en todo el territorio nacional y fortalecer nuestro Estado de derecho.
Tercero. Para afianzar el régimen democrático y de libertades se aprobaron dos reformas. Por un lado, la reforma política-electoral consolida una democracia de resultados que promueve una mayor colaboración entre el poder ejecutivo y el legislativo, fomenta la participación ciudadana y brinda mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios. Por otro lado, la reforma en materia de transparencia, al fortalecer a la institución garante del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, facilita la evaluación de los funcionarios públicos y fomenta la rendición de cuentas.
Concluido este importante proceso legislativo, hoy pasamos de las reformas en la ley a las reformas en acción. En esta nueva etapa, el Gobierno de la República continuará trabajando para que estas modificaciones legislativas se conviertan en beneficios concretos. El camino no será fácil, ni los resultados llegarán de inmediato. Sin embargo, hoy ya contamos con las bases para transformarnos en un país donde se garantice el ejercicio efectivo de todos los derechos y se asegure que la democracia brinde resultados; una nación fuerte con una economía abierta, finanzas públicas sanas, reglas de competencia claras y capital humano de vanguardia. Un nuevo México más productivo, competitivo y próspero.
Enrique Peña Nieto es presidente de México.
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